La ley 1715 de 2014 creó cuatro beneficios especiales para las energías renovables: deducción especial del impuesto sobre la renta, depreciación acelerada de activos, exclusión de IVA en productos y servicios, y exclusión de gravamen arancelario. La reciente propuesta de reforma contempla algunas medidas que afectan directamente a este sector, poniéndonos en desventaja frente al cumplimiento de los objetivos medioambientales y, sobre todo, desincentivando una mayor injerencia de renovables en la canasta energética de Colombia.
Según el artículo 36 de la reciente propuesta de reforma tributaria, la compraventa de maquinaria y equipos destinados al desarrollo de proyectos en energías renovables tendrían un incremento del 5 % de IVA, equivalente a un sobrecosto de 200 millones de dólares.
Dicha cifra, sumada a la Tasa Interna de Retorno de las empresas dedicadas al rubro de energías renovables, representarían un duro golpe para todo el sector. Peor aún, para quienes habiendo ganado la subasta de renovables y/o teniendo cargo por confiabilidad, tendrán sobrecostos en sus cálculos, haciendo inviables varios proyectos que están en marcha o en proceso de obtención de permisos.
Como varias de las cuantías de la subasta de renovables se adjudicaron a precios black friday, tienen poco margen de maniobra para actuar; algo que podría acabar o dejar en el aire varios proyectos, generando déficit tanto en capacidad instalada como de energía para los próximos años, pese a la promesa y alarde del gobierno de Iván Duque de incentivar las renovables en el país.
¿QUÉ TAN CORTOS NOS QUEDARÍAMOS?
Según estimaciones, para el año 2023 Colombia enfrentaría un déficit energético, viéndose afectados principalmente los departamentos de La Guajira –Alta Guajira, Uribia, Maicao, entre otros de sus municipios–, Cesar –El Paso, Cuatrovientos, Bosconia, Loma Linda, entre otros de sus municipios–, así como otros departamentos donde hay proyectos menores que podrían verse afectados también. El listado completo incluye varios proyectos liderados por el SENA, ISAGEN, el Puerto de Cartagena, CELSIA, ENEL, entre otras empresas.
El punto más preocupante es que para el cargo por confiabilidad hay ocho plantas con Obligaciones de Energía en Firme u OEF para el 2022; esto quiere decir que, dichas plantas están legalmente comprometidas ya para suministrar una cantidad de energía. De dichas plantas, apenas una está construida. El déficit energético existente equivaldría a tres millones de kilowatt-hora al día.
La confianza inversionista se ve seriamente amenazada por este tema, dado que mucha de ella llegó fruto de los incentivos generados por la ley 1715 de 2014 y, al cambiar las reglas de juego, estas inversiones se perderían, poniendo en riesgo millones de empleos y vidas.
