En el año 2020, la vida de la humanidad cambió cuando la irrupción de la pandemia del COVID-19 provocó un “punto de inflexión” en las políticas gubernamentales y en las formas de interacción y de convivencia social. La vida cotidiana tal como se conocía cambió a causa de las restricciones sanitarias. Sectores como el del turismo, el comercio, la aviación y la educación, entre otros, quedaron estancados. Según el Ministerio de Salud y Protección Social, en el caso de Colombia, más 3,75 millones de personas quedaron sin trabajo, aumentó la presión inflacionaria de productos básicos y se experimentó una caída de -6,8% del Producto Interno Bruto (PIB).
A la situación se sumó la inconformidad social ante las decisiones gubernamentales para afrontar las consecuencias de la pandemia, como la propuesta de una Reforma Tributaria con gran carga sobre las clases medias, provocando un “estallido social” que inició como Paro Nacional y desembocó en una protesta social permanente que ha tenido connotaciones globales y conexiones con las grandes plataformas del ciberdelito en el Medio Oriente, donde los ataques cada día son más avanzados.
Desde el 28 de abril del 2021, las protestas desembocaron en bloqueos, daños a la infraestructura pública y agresiones a las Fuerzas Militares que representaron más de 10,8 billones de pesos de pérdidas para el país. Pero, más allá del derecho legítimo de la protesta y de los reclamos inherentes a la grave crisis socioeconómica, ¿cuáles son los intereses de la criminalidad en incendiar las relaciones sociales para provocar un caos de mayores proporciones que desemboquen en un Estado fallido desde las posibilidades que brinda la red de internet? Prueba de esta situación es que, a inicios del paro, la Policía Nacional de Colombia identificó 43 perfiles falsos de redes sociales, 204 páginas web con contenido malicioso –de los cuales, 158 portales fueron suspendidos– y se comprobó la difusión de 117 noticias falsas a través de plataformas como WhatsApp, así como ataques a la página de la Presidencia de la República, del Senado y la Cámara de Representantes, y del Ejército Nacional de Colombia.
Las principales desinformaciones fueron acerca del Presidente de la República. Circulaba por ejemplo que las fuerzas armadas o el mismo vicepresidente retiraban su apoyo. También sobre acciones de grupos de manifestantes, como que se estaban tomando el Palacio de Gobierno, cuando en realidad era falso. Y también circulaban noticias acerca de supuestos acuerdos para elevar el transporte público o circulaban fotos de protestas mucho más agresivas y masivas, pero que eran en otros países.
–(ColombiaCheck, 2020)
Por ello, al revisar las conexiones entre los grupos clandestinos de personas infiltradas en las protestas como los movimientos Pedro Pascasio Martínez y Jaime Bateman Cayón, a través de Twitter y WhatsApp, se observa su liderazgo negativo para dinamizar odios y contradicciones sociales orientadas a provocar acciones terroristas o al menos vandálicas contra el statu-quo. Muchas de sus convocatorias, paradójicamente, se originaron en los portales virtuales de Medio Oriente, desde donde se divulgaba, de manera planificada, información alterada. Según el Centro Cibernético Policial (Policía Nacional de Colombia), mediante estas plataformas, la protesta ha mutado y adquirido nuevas características con la creación de perfiles falsos y la creación de falsos debates o debates incendiarios de temas reales y, de por sí, conflictivos, que conllevan al odio.
Según cifras del Ministerio de Defensa Nacional, los disturbios registrados en el año 2021 dejaron mil setecientos noventa y siete (1.797) policías afectados con algún tipo de lesión o herida. En atención a la alteración del orden público del distrito capital y otras ciudades capitales, al menos 53 personas durante la coyuntura fueron capturadas en flagrancia por los delitos de daño en bienes, hurto a entidades comerciales y lanzamiento de sustancias peligrosas a la Policía, además de siete (7) buses incinerados y setecientos veintiocho (728) buses de Transmilenio vandalizados.
De la misma forma, y como lo expresó el equipo investigativo de (Revista Semana, 2021): “(…) las redes sociales tienen más de 39 millones de usuarios activos en el país que dedican al menos cuatro horas cada día a interactuar en estas plataformas. (…) el ciberactivismo se ha posicionado como una acción legítima de protesta que permite a los cibernautas realizar acciones colectivas, organizarse en favor o en contra de una causa que afecte a la sociedad, movilizarse para exigir cambios (…)”; sin embargo, es probable que a estas protestas se sumen movimientos antisistema mundiales destinados a escalar la espiral de violencia derivada de escenarios de pandemia y postpandemia. En efecto, algunos estudios indican que lo que ha sucedido en Colombia se puede extender a Centro y Suramérica, financiados, probablemente, por organizaciones internacionales como partidos y coaliciones que se han fijado como una de sus metas fomentar el ánimo hostil para ofender, herir, destruir y coaccionar con violencia a quienes no compartan sus ideas.
Ante este tipo de situaciones, Colombia fue el primer país de América Latina en adoptar una estrategia para minimizar el riesgo de los ciudadanos frente a amenazas cibernéticas, aprobada por El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), debido a que cada vez más la cotidianidad funciona en redes globales y a que los valores de un país se construyen en escenarios de responsabilidad virtual. Ya Alvin Toffler, reconocido escritor futurista, advertía en 1970 sobre uno de los mayores riesgos de las sociedades venideras: la dificultad para adaptarse y gestionar la complejidad.
De acuerdo con la publicación en mención, cuatro (4) de cada diez (10) colombianos participan del activismo social en internet en los siguientes temas: “cuidado del medioambiente (25%), paro nacional (20%), protección a los animales (15%), justicia económica (15%), causas relacionadas con la salud (10%) y asuntos políticos (7%)” (Revista Semana, 2021). En tal contexto, el activismo social no tiene nada de negativo, salvo que sea usado para fines de convocatoria violenta y violación a los mismos derechos humanos; en ese sentido, la protesta ha pasado de utilizar los canales tradicionales, como la réplica en el espacio público, a generar “nuevos movimientos en línea”. A partir de este nuevo panorama social, los ciberdelincuentes también han expandido sus medios y canales; la ciberseguridad, no solo en temas financieros o asociados a la extorsión, se ha posicionado como el segundo riesgo más importante a nivel regional, luego de eventos relacionados con desastres naturales según el Foro Económico Mundial.
En esta línea de análisis, desde Chile, se han empezado a acuñar conceptos como la Teoría de la Revolución molecular disipada para explicar la relación entre las manifestaciones de protesta social en Suramérica y las provocadas por el rechazo a la violencia policial a partir del asesinato del afrodescendiente George Floyd en los Estados Unidos, reivindicaciones que han tomado connotaciones globales de mayor trascendencia a través de las redes de internet. De hecho, dentro de las amenazas, al ciberdelito se encuentran el ciberterrorismo y la ciberguerra por ser ataques dirigidos contra gobiernos o destinados a derribar la institucionalidad existente, o a derrocar sistemas predominantes mediante noticias y convocatorias que generan inconformidad social o “incendian” la opinión pública para impulsar acciones colectivas que, de otra manera, no serían posibles; aunque los detractores de estas teorías indican que es una pésima tergiversación de los planteamientos de Jacques Derrida inherentes a la “deconstrucción” y al término “molecular” (extraído de la física).
Lo cierto es que la protesta de por sí es una acción disruptiva que desafía a la autoridad y altera la normalidad; la relación entre la protesta pública, las redes sociales y la desinformación conducen a reflexionar sobre los repertorios convencionales para manifestar la inconformidad y los nuevos tipos de criminalidad asociadas al uso de la protesta y de las redes virtuales para “dañar” a la sociedad, a través del ejercicio de derechos que son legítimos, pero desde la perspectiva de uso planificado de la violencia, son vulnerados cuando incitan a la destrucción del tejido social y a la agresión a la vida y a la integridad. Una discusión que se suscita alrededor de los repertorios violentos que invalidan la misma protesta social, como sucedió cuando las milicias del ELN y el movimiento guerrillero de la Nueva Marquetalia, solidarios con la izquierda radical, invitaban a la reactivación del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia (MB), con motivo de su aniversario de creación el 29 de abril de 2000 en el Caguán. Dados sus fines de convocatoria armada y proselitista, convocan a los círculos bolivarianos o a células terroristas urbanas a participar de la protesta social urbana, mediante las redes sociales, incorporando a su causa el discurso contestatario y contrario al sistema político imperante –hecho que no le hace bien a la protesta–. Para este fenómeno también se tiene que alzar la voz colectiva, unánime y en plataformas virtuales de: ¡Resistencia! y ¡No a la violencia!
REFERENCIAS
[1] ColombiaCheck. (27 de noviembre de 2020). Protesta social, redes y desinformación. Recuperado el 4 de junio de 2022 de: https://colombiacheck.com/chequeos/protesta-social-redes-y-desinformacion.
[2] Revista Semana (Nación). (30 de junio de 2021). Protesta virtual y ciberactivismo: una tendencia que crece en Colombia y reúne a millones de usuarios. Recuperado el 10 de mayo de 2022 de: https://www.semana.com/nacion/articulo/protesta-virtual-y-ciberactivismo-una-tendencia-que-crece-en-colombia-y-reune-a-millones-de-usuarios/202142/.
