A muchos nos gustaría creer que los negociadores demócratas del Acuerdo por Chile, tanto de centroizquierda como de centroderecha, tienen una estrategia común frente al desafío que el columnista Max Colodro ha apuntado en diversas ocasiones. Me refiero al hecho de que en nuestro país hay un sector que no está dispuesto a permitir un Gobierno de derecha.
¿Cómo impide la extrema izquierda la real alternancia en el poder? Con tres (3) instrumentos: la convulsión en la calle –cuyos protagonistas son los estudiantes adoctrinados– los grupos de captura del Estado que se encuentran entre la calle y el poder político –también llamados “movimientos sociales”– y los operadores políticos que atornillan al revés desde dentro del Estado.
Solo cuando, como ocurrió el 18-O, se articulan los tres (3) actores con grupos violentos, entrenados profesionalmente o por la experiencia de una vida en el crimen en un contexto de malestar social, logran hacer caer al Gobierno. Eso nos explica la Ley de Defensa de la Democracia de Gabriel González Videla publicada, nótese, el 18 de octubre de 1948. El título de dicha Ley, habla por sí solo.
En el caso del Presidente Piñera estuvieron a poco de lograr su caída con el apoyo, además, de una parte de la élite política que habita el Congreso. Las recientes declaraciones de Daniel Jadue explicando que esta será una “Constitución transitoria” (la que supuestamente se aprobará en 2023) hasta el próximo estallido es prueba irrefutable de que el ánimo antidemocrático de ciertos sectores y la dinámica que he descrito siguen vigentes.
Visto desde la perspectiva expuesta a muchos nos gustaría creer que, tras el Acuerdo por Chile, hay una inteligencia común –de todos los demócratas– aplicada a una estrategia que solo ellos entienden y no pueden revelarle al resto del país, porque quedaría en evidencia su intento por neutralizar a la extrema izquierda.
¿En qué consistiría el plan urdido por los firmantes del Acuerdo? En una política de desgaste que cumpla con dos (2) objetivos. El primero, desfondar a los sectores de la izquierda dura; esto es, dejarlos sin base en la medida que su legitimidad se vaya horadando por el juego democrático que siempre implica ceder ciertas posiciones que, para los totalitarios, son intransables por definición.
Planteado en otros términos, el PCCh y sus hijos frenteamplistas tienen el apoyo de profesores, estudiantes, líderes de movimientos sociales y operadores políticos, todos ellos de signo dictatorial, en la medida que se mantengan fuera del sistema o que participen en él como outsiders.
La firma del Acuerdo del 15 de noviembre del que se excluyeron el PCCh, la Federación Regionalista Verde Social y los partidos Humanista, Comunes, Progresista y Convergencia Social, con un solitario Gabriel Boric haciendo la jugada maestra, es un ejemplo más dentro la larga historia de aquella izquierda que sabe que, sin el apoyo de sus bases violentas y extremas, desaparecería del mapa político.
De hecho, lo que los sectores demócratas podrían estar viendo con claridad, es que esa extrema izquierda que hoy nos gobierna jamás va a abandonar la vía violenta que les sirve para desestabilizar la democracia y obtener el poder. Y es que las grandes mayorías nunca han volcado sus preferencias por ellos y nunca lo harán. De ahí que lo inteligente –podrían estar pensando los firmantes del Acuerdo– sea ir fagocitando a estos sectores por las dinámicas de la negociación democrática para cortar su vínculo con las bases y así evitar que puedan volver a rearticularse. En una segunda etapa desde una visión estratégica de mediano y largo plazo, sería necesario el diseño de una institucionalidad que sirva a la democracia para defenderse del ataque permanente que sufre por parte de quienes anhelan su extinción.
En el párrafo anterior hablamos del primer objetivo de una estrategia que podría explicarnos el actuar de los sectores democráticos que firmaron el Acuerdo por Chile, cuyos bordes liquidan el Estado subsidiario, subsumen a las FFAA a los políticos de turno desvinculándolas de la institucionalidad y sugieren la instalación de un régimen semi-parlamentario que, entre los experimentos democráticos, cuenta con el récord de ser el peor, puesto que torna inviable la gobernabilidad. Basta revisar nuestra propia experiencia a principios del siglo pasado. Sin embargo, todo podría estar justificado si de desmantelar a la extrema izquierda se tratara.
Continuemos. El segundo objetivo de la estrategia en mención consistiría en quitar la bomba constitucional de las manos a los sectores antidemocráticos limpiando su origen pinochetista de una vez y para siempre. Cumplidas ambas metas, el país podría respirar en paz, retornar a la senda del progreso y todo se habría logrado sin meter a nadie a la cárcel, ni un solo juicio por sedición, traición a la Patria o por vínculos con el crimen organizado y el terrorismo indigenista.
¡Cuánto nos gustaría creer en que frente a las tácticas fríamente calculadas de la extrema izquierda se oponen, unidas, las inteligencias de demócratas que están dispuestos a avanzar en el fortalecimiento de la institucionalidad y de la paz a través de una estrategia que desarticule para siempre a los enemigos de la democracia!
Lamentablemente, dudo que los chilenos recibamos tan magnífico regalo esta Navidad, porque nadie parece querer tomar consciencia ni pasar la cuenta a quienes han destruido el resultado de treinta años de arduo trabajo.
Así, se han hecho cómplices de aquellos que han puesto en jaque los destinos de las nuevas generaciones y la viabilidad de un Chile que, con la inmigración desatada y la captura de territorios por parte del narcoterrorismo y las bandas del crimen organizado, cada día que pasa se va pareciendo más a una plurinación.
Mientras, siguiendo siempre sus planes bien trazados, la extrema izquierda que nos gobierna en alianza con supuestos sectores democráticos, amenazan con asfixiar el poco oxígeno que le queda a nuestra alicaída democracia imponiendo una ley de medios, intimidan al mercado con una reforma tributaria que lo conducirá al despeñadero y avanzan en su gran sueño con la propuesta de pensiones: desmantelar el capitalismo, transformar a Chile en un país sin ahorros –es decir, pobre– y enterrar para siempre al “maldito neoliberalismo”.
NOTA:
La versión original de este artículo apareció por primera vez en el medio El Líbero de Chile.
