No cabe duda, este año va a estar marcado por la manipulación mediática que hará el Gobierno sobre el quiebre de la democracia hace 50 años, con el fin de reactivar la cohesión política de quienes sufrieron persecución, exilio y torturas bajo el régimen militar. Esta es una de sus cartas más poderosas para poder avanzar en el proyecto de enterrar el “neoliberalismo”. ¿Lo logrará? O como decimos coloquialmente, ¿le saldrá el tiro por la culata?
Las primeras reacciones frente al relato oficial de La Moneda dan cuenta de un cambio profundo en el mapa político, pues no solo quienes son de “extrema derecha” han salido a exigir espacio y visibilidad para distintas perspectivas. Por primera vez, muchos que antaño hubieran cerrado filas con el hijo ideológico de Allende, han decidido hacer declaraciones críticas al desmantelamiento de la democracia urdido y puesto en práctica por la Unidad Popular.
El Presidente de Amarillos por Chile, Cristián Warnken, haciendo nuevamente gala de su valentía, desafió a la izquierda a preguntarse cuánta responsabilidad les cupo en los hechos que condujeron al quiebre de la democracia. “Esos sueños que tuvimos eran nobles, pero resultaron en un desastre. Díganme de un solo país en Latinoamérica que la izquierda pueda mostrar como un resultado exitoso”, planteó el escritor. En suma, a su juicio, es la socialdemocracia la que permitió sacar de la pobreza a la gente. Ese es el sueño de la izquierda con la que Warnken y su sector se identifican, no con el proyecto marxista, porque les importa el sufrimiento de la gente y reconocen que éste aumenta dramáticamente con el modelo socialista.
El expresidente Sebastián Piñera también hizo su parte al afirmar en televisión que el Gobierno de Allende violó sistemáticamente la Constitución y que, por lo mismo, fue declarado inconstitucional por el Congreso y el Poder Judicial. Usted me dirá que no hay nada nuevo bajo el sol, pues todos sabemos que el gobierno de la UP fue un desastre.
Pero, yo veo un nuevo clivaje político en el mapa chileno, provocado por el 18-O y el proyecto aún vigente del PCCh-FA. El origen son esos meses en los que vivimos el uso de la violencia en plena democracia; el dolor, la muerte y pérdida del espacio que servía para avanzar los sueños de millones; la destrucción de los mejores establecimientos educacionales públicos del país; la legitimación de dicha violencia por parte del Congreso –recuerde que la avalaron al rechazar el proyecto que la penalizaba–; y ser víctima de funas despiadadas como las que afectaron a Warnken, o mentiras descaradas como que el Gobierno de Piñera era una dictadura y se “violaban los DD.HH.”… Hechos como esos sacan a cualquiera de su estado de inocencia política y, como reconoce el mismo Warnken, quiebran la fe.
El problema es que, para mayor o menor gloria de la revolución en curso –pues aún no lo sabemos–, la pandemia y la abundancia no dejaron a los actores principales consumar el plan que tenía dos fases: la renuncia de Piñera y la redacción de una nueva Constitución que legalizaría la refundación de Chile en un país plurinacional con una narcodictadura como la que hoy existe en Venezuela y Bolivia, y se está instalando en Colombia.
Solamente con una Nueva Constitución se liquidaba la posibilidad de legitimar la defensa interna del país ante un tipo de régimen que usa la democracia para destruirla, como lo hiciera Allende. Esa es la importancia real de lo que suceda este año con nuestra institucionalidad. Dicho en breve, si los bordes aprobados se imponen con la lectura de la izquierda, no habrá nada que proteja a los chilenos de volver a la miseria, el descalabro y la violencia desatada.
Ya somos, según el Índice Global de Terrorismo, el segundo país de Latinoamérica con más ataques de esa índole. Curiosamente, no existe ninguna bancada de diputados destinada a investigar las denuncias sobre la existencia de un vínculo entre la política y el narcotráfico, y se sigue hablando de “temporadas de incendios”. La lista de políticos que poco tiempo antes del 18-O denunciaran una relación entre el narcotráfico y la política es variopinta: Carlos Montes, Maite Orsini, Cecilia Pérez, Óscar Landerretche, entre otros. Las denuncias del Gobierno Colombiano sobre los nexos entre el PCCh y las FARC-EP tampoco se investigan.
¿Por qué digo que no habrá nadie a quién acudir si, como afirma Carlos Larraín, nos propinan un tercer golpe institucional cuyo éxito, agrego yo, dependería del despliegue de la violencia? Por eso que llamamos “el pago de Chile”para referirnos al castigo que propinamos los chilenos a quienes se sacrifican por el país.
Creo que aquellos que mejor lo entienden son los carabineros y militares perseguidos por jueces activistas y el expresidente Piñera. Sobre este último siempre que alguien se acerca, con o sin razón, a acusarlo de “vende Patria” y “traidor” por habernos entregado a la extrema izquierda, yo respondo que, en mi teoría, el expresidente no olvida a quienes respondieron al llamado de una ciudadanía hambrienta y de una clase política desesperada en 1973.
¿Dónde están esos viejos y enfermos, todos con más de setenta años? El expresidente Piñera lo sabe perfectamente y, en mi lectura, durante el 18-O, arrinconado por la izquierda internacional, no iba a estirar la mano para recibir “el pago de Chile”. Ese mismo que han recibido los viejos militares que, por fin podemos decirlo, se la jugaron por rescatar al país de las garras del castro-comunismo hoy disfrazado de socialismo del siglo XXI. Ellos habitan en un “geriátrico del abandono”, también llamado cárcel, desde donde recibo la siguiente misiva: “No crea que escribo amparado en la convicción que todos somos inocentes, ni que aquellos crímenes deben quedar impunes”, pero quizás sea tiempo de una reconciliación real.
Ahora que el país ha madurado, que sabemos hacia dónde nos conducen los mismos ideales que un día destruyeron nuestra democracia, quizás podamos hacer las paces en serio y aplicar Derecho Humanitario a esos viejos que recibieron órdenes siendo jóvenes veinteañeros y habiendo sido entrenados por el mismo Estado de Chile para obedecer.
Se trata de avanzar en una recomposición moral del país, dando por concluido el dramático episodio histórico provocado por la misma izquierda que hoy está en guerra con la mayoría ciudadana y sus decisiones democráticas. Solo así le saldrá el tiro por la culata a este Gobierno y habremos cerrado, de una vez y para siempre, la herida con responsabilidad histórica, tal como lo hizo Chile en tantas otras ocasiones y países como España o Europa completa tras la Segunda Guerra Mundial. El riesgo de no hacerlo es que en poco tiempo más, con el país quemándose por los cuatro costados, volvamos a oír la frase: “no estoy en guerra con nadie”.
NOTA:
La versión original de este artículo apareció por primera vez en el medio El Líbero de Chile.