Hace un tiempo se viene escuchando mucho eso del “riesgo país”; lo vemos de lejos, lo sentimos de cerca. El ciudadano de a pie siente que no es con él cuando este tiene variaciones, más aún en días anteriores que ha superado la barrera de los 1.900 puntos. En sí, el riesgo país mide la percepción de los actores internacionales respecto a la posibilidad de un país de cumplir con sus acreencias. Ecuador, históricamente, ha mantenido una importante volatilidad de este indicador, mismo que no solamente depende de factores económicos, sino también políticos, cuya combinación ha traído consigo que en el último año no descienda de la barrera de los mil (1.000) puntos.
Dicho indicador apareció a partir de 1.995 desde la reestructuración que llevó a cabo el país con los “bonos Brady” y que tomó preponderancia a finales de la década de los 90’s, debido a la crisis económica condicionada por la debacle bancaria y el fenómeno del niño que afectó a diversos sectores productivos, así como también a la infraestructura, la caída del precio del barril de petróleo, la afectación de la mancha blanca al sector camaronero, la enfermedad de la sigatoka en el banano, las extralimitaciones de la política monetaria de la época, el financiamiento excesivo del Estado a través del Banco Central, entre otros factores que se reflejaron en un deterioro de la calidad de vida y el empeoramiento de los niveles de pobreza. Todo lo anterior, condujo a que, hace 25 años, Ecuador alcanzara el nivel más alto de riesgo país en su historia.
Los principales factores que inciden en el riesgo país son los siguientes:
- Analíticos, que contemplan la calidad y veracidad de los datos macroeconómicos de Ecuador, que marcan la conducta de la actividad económica. Asimismo, el riesgo político que acarrea el respeto a la institucionalidad y la relación entre los diferentes niveles de Gobierno y entre los poderes del Estado.
- Crediticios, que se reflejan en la calificación crediticia de la deuda, y los indicadores de deuda en relación a sus pagos –posibilidad de incumplir los términos pactados– y el tamaño de la deuda con respecto al PIB.
- Finalmente, los indicadores de mercado, que contemplan el acceso al mercado de capitales, la financiación de corto plazo, el comportamiento de los bonos emitidos, entre otros.
En nuestro caso, tras habernos dolarizado, el riesgo país es uno de los indicadores económicos que más vaivenes ha registrado, relacionado con factores tanto externos como internos, la mayoría de ellos, sin capacidad de control sobre los mismos. Mencionemos algunos:
- La marcada dependencia respecto al petróleo, tanto en lo inherente al precio que se cotiza en los mercados internacionales, como también en las variaciones en la producción, misma que en lugar de aumentar, ha ido disminuyendo en los últimos años, en especial, por la falta de inversiones estatales.
- Lo anterior compromete seriamente el presupuesto del Estado y los pagos ligados a la planificación establecida, especialmente, los concernientes a los compromisos de deuda externa a cubrir.
- De igual manera, la situación política del país conlleva importante afectaciones, pues se comprometen las decisiones de corto, mediano y largo plazo que deben tomar los agentes económicos, principalmente, cuando se dan elecciones presidenciales o intermedias.
- También, el historial crediticio de la nación trae consigo expectativas adaptativas de diversos actores.
- Lo poco diversificado de las fuentes de ingresos, y demás aspectos que supeditan la percepción de los agentes externos acerca de nuestro país.
Particularmente, el Ecuador registraba entre 2018 a 2021 un riesgo país entre 700 a 1.000 puntos. Cuando asumió el Presidente Lasso se ubicó en 827 puntos, y desde junio de 2022, presenta una escalada, que se produjo por las movilizaciones impulsadas por algunos movimientos sociales encabezados por los indígenas, que provocaron 19 días de paralizaciones reflejadas en toma de ciudades, empresas, atentados a la propiedad privada, secuestro de personas y bienes, suspensión de la producción petrolera, entre otras acciones desproporcionadas que causaron pérdidas de más de USD$ 1.200 millones, como el intento, en ese entonces, de la Asamblea Nacional para destituir al Presidente; para esos meses, el precio del petróleo mantenía un nivel por encima de lo presupuestado para 2023.
Durante el primer trimestre del año, los anuncios de movilizaciones y la caída del precio del petróleo WTI –que incluso ha llevado a posicionar al crudo ecuatoriano, ligeramente, por debajo de los 65 dólares fijados en el presupuesto estatal, generando ampliación del déficit y aumentando las necesidades de financiamiento– que, sumados a las cristalizadas intenciones de juicio político al Presidente, los resultados de las elecciones seccionales que anticipan el comportamiento electoral para las presidenciales dentro de dos (2) años y la derrota en la consulta popular –haciendo pensar que Guillermo Lasso no termine su mandato– dibujan un panorama de incertidumbre que coloca al riesgo país cercano a los 2.000 puntos.
Con este indicador en esos niveles, se imposibilita el acceso a los mercados financieros, pues una emisión de bonos debería fijarse a una tasa de interés del 20% más el interés de la operación (recordemos que se ha dado un alza de los tipos de interés para contrarrestar los problemas inflacionarios en las principales economías del mundo), lo que llevaría a emitir papeles de deuda con un interés entre el 25% al 26%; sin duda, nada favorable para Ecuador, tanto para el sector público como el privado. ¿Qué caminos a seguir le quedan al Gobierno? La emisión de deuda interna que adquiriría el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) –y así cubrir las necesidades de financiamiento– surge como el camino a seguir, repitiendo estrategias aplicadas anteriormente; asimismo, la posibilidad de regresar con las multilaterales a través de créditos, lo que conllevaría aceptar acuerdos con el FMI (Fondo Monetario Internacional), y a su vez, la realización de reformas que por la coyuntura política no serían posibles. Además, un riesgo país elevado trae consigo ser visto como poco atractivo para invertir, lo que redundará el limitado acceso a financiamiento, así como que no se genere el dinamismo que la economía requiere para crear las plazas de trabajo y las dificultades comerciales se presenten.
Es necesario que se reduzca la conflictividad política entre los poderes del Estado y se establezcan acuerdos mínimos de gobernabilidad, que garanticen la estabilidad económica, política, social y jurídica que alienten a invertir tanto a agentes locales como externos. Veamos como en otros países, a pesar de sus diversos problemas sociales y políticos, el respeto a las instituciones y la definición clara del alcance de sus funciones mantienen un riesgo país por debajo de los 300 puntos. Ecuador: ¡tienes mucho que aprender!
