Inmersos en una precampaña electoral derivada de las elecciones anticipadas convocadas a raíz de la disolución de la Asamblea Nacional, ya suenan las promesas de campaña de los candidatos a la Presidencia del Ecuador. Las mismas, son parte de la gama de ofertas que nos inundarán en las siguientes semanas. Algunas creíbles –de carácter técnico y formuladas en función de la situación económica que atravesamos– y otras que no van acorde con la realidad –y más aún con las normativas vigentes–.
Una de las más reiteradas es el combate a la inseguridad, terrible mal que nos azota cada vez con más crudeza, y evidenciado en actos delictivos, extorsión, secuestros y otras actividades ilícitas. La inseguridad imperante nos ha conducido en diferentes momentos a estados de excepción, alertas de Gobiernos extranjeros para sus ciudadanos que vengan al Ecuador, y demás, reflejando nuestro grave deterioro social. En este sentido, los candidatos plantean desde el incremento de policías y recursos, pasando por el uso de tecnologías que involucra la recuperación de las cárceles y el desmantelamiento de las bandas criminales, hasta realizar Acuerdos con Gobiernos amigos para el combate internacional.
En los dieciséis (16) meses que tendrá el siguiente Gobierno, rescatar la seguridad y tranquilidad para la población será uno de los principales ejes de acción, pues conllevará a que la actividad económica se recupere en sectores como el ocio y la recreación, el turismo, entre otros, traducido en la mejora de la recaudación tributaria y la reactivación del empleo. Tarea por demás titánica para el próximo Presidente, que de lograrlo, sentará importantes bases para la paz social.
Otro tema que está tomando fuerza en el discurso de los candidatos en estas elecciones anticipadas es el uso o no de los recursos de la Reserva Monetaria Internacional, los cuales, llegan a cerca de USD$ 7 mil millones al 30 de junio del presente año. Estos recursos son ambicionados por algunos aspirantes presidenciales señalando que tomarán una parte o toda para “inyectarlos en la economía y así dinamizarla”. Es importante precisar que tales recursos no son del Estado (pertenecen a los depositantes, a los bancos, a los GAD, al Banco Central, y a otros actores). Asumir que son recursos públicos y pretender usarlos es poner en riesgo la dolarización. Suena muy atractivo proponerlo e intentar hacerlo, aunque estos se encuentran “blindados” por el Código Orgánico Monetario. Probablemente, no faltarán proyectos de ley en caso de que alguien quiera “meterles la mano”.
Por el lado de los impuestos, la gran mayoría de candidatos propone subirlos. Tales son los casos del impuesto a la renta para los que ganan más y la idea de volver a subir el impuesto de salida de divisas (regresarlo al 5%), e incluso, sugieren aumentar el IVA o crear nuevos tributos con criterios de progresividad (pagan más lo que ganan más) para recaudar entre 1,500 y 2,400 millones de dólares en aras de financiar sus ambiciosos planes de gastos sociales. Todo esto va en contrasentido de lo que verdaderamente necesita la economía: recibir estímulos que la ayuden a dinamizarse para así generar más oportunidades laborales y expandir las posibilidades de crecimiento.
Respecto a la inversión extranjera y apertura comercial, poco se comenta, siendo preocupante que estén ausentes ambos temas en el discurso de los candidatos, pues el Ecuador, por sus propios medios, no es capaz de generar recursos que le ayuden a su crecimiento. De ahí que es vital ser atractivo para que vengan nuevos capitales, pero la incertidumbre política abona el terreno para espantar a quienes “pongan los ojos” para invertir en el país. Esperemos que se continúe la ruta de la agenda comercial, puesto que es importante para diversificar mercados y oferta exportable. Lo recorrido en este campo ha sido transcendental en los últimos años (concretando un acuerdo de libre comercio con China y avanzando con economías como Canadá y Corea del Sur), más aún cuando en la coyuntura las exportaciones no petroleras se están desacelerando.
Los ciudadanos deben ser conscientes de que algunas propuestas de campaña son “cantos de sirena”, y que su aplicación pone en severo riesgo los limitados avances en materia económica que podamos tener, generando aún más incertidumbre y mayores desafíos en nuestro país. Asimismo, el interés de subir subsidios ampliando su cobertura, compromete las finanzas públicas en un período que se avecina de reducción de ingresos en virtud del lento crecimiento de la recaudación tributaria, el potencial resultado de la Consulta Popular del Yasuní (Campo ITT) sobre la no explotación petrolera en esa zona y el impacto del fenómeno del niño que conlleva destinar recursos para su prevención y mitigación –así como también atender las emergencias que se presenten por los daños que cause–. Estos y otros factores incidirán duramente en nuestra frágil economía.
