En pocos días tendremos en nuestras manos una decisión transcendental donde se juega el futuro de mi país. Además de las Elecciones Presidenciales de Ecuador para 2023, envueltas en toda una cantidad de situaciones complejas –como lo fue el brutal asesinato del candidato Fernando Villavicencio– tendremos la Consulta Popular sobre mantener el petróleo bajo tierra en el Bloque 43 del Campo ITT en el Parque Nacional Yasuní o continuar con su explotación. Sin duda, la conciencia ambiental llamaría a votar a favor de la misma, pero ¿por qué la preocupación?, a continuación algunas razones:
- La solicitud de consulta fue presentada hace más de diez (10) años, para luego ser archivada debido a que no cumplía con los requisitos. Irregularmente, se activa de nuevo cuando no existe posibilidad de hacerla.
- Se dejarían de percibir entre 800 y 1.200 millones de dólares anuales por concepto de tributos y ventas externas de petróleo.
- Al no recibir la cantidad de dinero en mención, el Estado deberá compensarlo a través de un aumento de impuestos, como el IVA, o reduciendo el gasto en subsidios. ¿La ciudadanía estará dispuesto a esto?
- Deberemos restar presupuesto para salud, educación, seguridad, entre otras carteras sociales, a fin de compensar la pérdida de estos recursos. Ecuatorianos, les consulto: ¿queremos menos presupuesto para áreas que son fundamentales para el desarrollo de nuestro país?
- Se continuará minando la seguridad jurídica del país porque ahuyentamos a la inversión extranjera por estas decisiones, lo que podría conllevar a que en otros sectores productivos se lleven a cabo consultas similares.
- El área explotada que corresponde a este bloque llega apenas al 0,001 % del Parque Nacional Yasuní, y el impacto de establecer la infraestructura ya se realizó años atrás.
- El mecanismo de explotación es efectivo, pues se usan técnicas que no involucran desarrollo de pozos, sino, más bien, la extracción se realiza desde un mismo punto en varias direcciones subterráneamente.
- En línea con el punto anterior: al no explotarlo, estaríamos dejando que del lado peruano continúen con la actividad, y por ahí nuestra producción y riqueza petrolera se perderían.
- La infraestructura instalada debería desmantelarse, para lo cual habría que destinar cerca de 500 millones de dólares en ese proceso, teniendo un costo de oportunidad importante para el país.
- Quien cuida el parque es la EP Petroecuador. Al retirarse, deja el campo libre para que actividades ilegales, como la maderera y la minera, se apropien, por lo que el impacto sería nefasto.
Ahora bien, si estamos conscientes del perjuicio, no al Estado, sino a los ecuatorianos, votemos NO.
