La necesidad de ingresos ha sido incesante en todos los anteriores Gobiernos: desde subir los impuestos existentes o crear nuevos tributos o contribuciones, pasando por realizar preventas petroleras, hasta endeudarse a través del mercado interno o externo. La creatividad en nuestros mandatarios no ha faltado, indudablemente. A partir del 1 de abril veremos el incremento del IVA del 12 % al 15 % (de forma permanente, conforme anunció recientemente el Ministerio de Economía y Finanzas) para hacer frente a los grupos criminales organizados, tal cual se estableció en la Declaratoria de guerra interna que realizara el Gobierno del presidente Noboa semanas atrás.
Cada punto de IVA representa aproximadamente 500 millones de dólares al año. Al entrar en vigencia desde abril significaría entre 360 y 380 millones de dólares hasta finales de 2024, asumiendo, desde luego, un comportamiento adecuado de la economía. Dicha situación, probablemente, no será observada en este año, pues 2023 cerró con tres (3) indicadores que reflejan la desaceleración de la economía ecuatoriana:
- El último trimestre mostró una deflación, la cual consiste en una baja de precios. Sería importante que esto se dé por mejoras en la competitividad, que las empresas sean más eficientes en el uso de sus recursos, y demás, pero la baja de precios se da porque las ventas no alcanzaron los niveles esperados.
- Producto de lo anterior, la recaudación tributaria estuvo 800 millones de dólares por debajo de la meta esperada por el SRI (Servicio de Rentas Internas).
- Las revisiones a la baja del crecimiento económico, desde un 2,8 % que se creía para el año anterior, hasta bordear el 1,5 % según las últimas estimaciones.
¿QUÉ EFECTO TENDRÁ EN LA ECONOMÍA DEL CIUDADANO EL INCREMENTO DEL IVA?
Una subida de impuestos acarrea el alza en los precios de los productos que están gravados. Solo si consideramos la canasta básica, el 60 % de ella se afectaría, y en un entorno como el actual donde es evidente la desaceleración económica, el incremente afectará la economía de las familias, generando restricciones al consumo, por lo que estas deberán plantearse ejecutar acciones como disminuir el consumo de lo que habitualmente compraban, o buscar sustitutos que les permitan seguir cubriendo sus necesidades –aunque a menor costo– o simplemente dejar de comprar ciertos productos. Definitivamente, habrá un cambio en los hábitos de compra de los ciudadanos.
Por otro lado, las empresas seguramente adelanten promociones en lo que resta de marzo para atraer clientes antes de la subida del IVA el próximo 1 de abril (los consumidores también adelantarían compras). Cuando se dé el incremento, las empresas tendrán varias opciones:
- Si existe limitada competencia, es probable que algunas simplemente trasladen el alza del IVA a los consumidores.
- Otras optimizarán su proceso productivo para que, independiente del nuevo IVA, terminen llegando al consumidor con el mismo precio de antes.
- En otros casos, no se harán esperar las reducciones en porciones o cantidad dejando el producto al mismo precio.
Terminando, y pese a todo lo anterior, la mayor preocupación será la especulación, pues nuestra economía se caracteriza por ella. De ahí que el Gobierno, a través de las gobernaciones e intendencias, deba supervisar que no se vuelva a presentar.
¿EL INCREMENTO DEL IVA TENDRÁ EL EFECTO DESEADO POR EL GOBIERNO?
El argumento del Gobierno para justificarlo es la atención a la seguridad en el evento tal de que haya una declaratoria de guerra interna al crimen organizado. Sin embargo, la proforma presupuestaria apenas contempla un alza de 200 millones de dólares en el presupuesto de seguridad, mientras que el IVA en el primer año recaudaría, en el mejor escenario, cerca de mil cien millones de dólares (USD$ 1.100), cifra que a inicios del estado de excepción hacía referencia a lo que costaría el conflicto.
Es claro que una subida de tres (3) puntos en el IVA llevará a más ingresos por efectos de una mayor tasa impositiva; no obstante, su efecto no será dinamizar la economía, sino el contrario, pues golpeará al consumo, desacelerándola aún más sabiendo que es tan necesaria su reactivación. Si comparamos lo sucedido entre junio del 2016 y mayo del 2017, cuando el impuesto al valor agregado pasó del 12 % al 14 % para atender la emergencia derivada del terremoto de abril del primer año, y que afectó particularmente a las provincias de Manabí y Esmeraldas, la variación en la recaudación de ese impuesto durante esos 12 meses fue menor que los 12 meses previos, lo que devela lo regresivo del incremento de ese tributo –y de cualquiera en general–.
Esperemos que los recursos que se recauden por ese concepto se usen con el propósito señalado y no se destinen a cubrir un hueco fiscal que crece sin control. Por ello surge la pregunta: ¿Cuándo el Gobierno hará su parte, y ya no los ciudadanos?
