Los dos principales problemas de Colombia son la violencia y la pobreza. La buena noticia es que disponemos de suficiente evidencia para saber que ambas tienen una solución: mayor libertad, entendiendo que no es perfecta ni definitiva.
La forma en que la libertad reduce la violencia social es, en términos generales, a través de un Estado de derecho. Sin embargo, de acuerdo con el Índice Global de Estado de derecho 2023 del World Justice Project (WJP), Colombia se ubica en el puesto 94 de 142 países evaluados, con un Estado poco funcional.
Paralelamente, la manera en que la libertad reduce la pobreza es, en general, por medio de una economía basada en el capitalismo de libre mercado. No obstante, según el Índice de Libertad Económica 2024 de The Heritage Foundation, Colombia se encuentra en la posición 84 de 176 países comparados, en la categoría de economías mayormente no libres.
En consecuencia, lo que hace falta en Colombia no es defender el Estado de derecho ni el capitalismo, sino buscarlos y encontrar una versión propia, porque de ellos tenemos poco o casi nada. El camino comienza desde la educación y el buen ejemplo, rechazando la violencia, y aceptando y respetando a los demás, al igual que lo que les pertenece legítimamente, junto a los acuerdos voluntarios honrados, asegurando que todos también nos respeten en un marco general de igualdad ante la ley sin privilegios ni discriminaciones.
El siguiente paso consiste en poner al Estado en su lugar para que se concentre exclusivamente en lo que le corresponde, como justicia, seguridad, defensa, algunas infraestructuras y servicios públicos básicos, y ciertas ayudas temporales y subsidiarias a los más necesitados. Estas funciones se resumen en proteger los derechos a la vida, la dignidad, la propiedad y la libertad, garantizando el cumplimiento de los contratos. Cuando estos derechos y garantías prevalecen en la sociedad por un tiempo prolongado, la violencia y la pobreza se reducen drásticamente; pero si el Estado se sale de sus límites, se convierte en un estorbo para los particulares, deja de hacer bien lo suyo, y lo que no es suyo lo hace mal impidiendo que otros lo hagan mejor.
Es imposible que Colombia avance hacia un auténtico Estado de derecho y hacia una genuina economía capitalista mientras 94 de cada 100 delitos sigan quedando impunes, según estimaciones de la Fiscalía General de la Nación. De ahí que la clave y la prioridad sea dotarnos de un sistema judicial funcional.
Uno, que de verdad resuelva y limite los conflictos. Uno que de certeza de sanciones prontas a cualquier violación a los derechos, propiedades, libertades, inversiones y negocios honestos. Uno que limite, controle, contrapese y juzgue a las otras ramas del poder.
Uno que tenga claro que los trámites y regulaciones cuestan, que ese costo es el tiempo y la información que se requiere para cumplirlas, y que cuanto más complicadas sean, más tienden a evadirse, eludirse o propiciar la corrupción. Uno despolitizado, que cuente con un sistema de elección por sorteo, con criterios muy rigurosos, para que los mejores juristas del país ocupen cargos vitalicios de jueces y magistrados con las más altas remuneraciones del Estado, con los mejores recursos y con el mejor personal de apoyo. Uno que cuente con un presupuesto prioritario e independiente.
Uno, en suma, que brinde seguridad y estabilidad jurídica, política y económica para la libertad y el bien común.
NOTA:
La versión original de este artículo apareció por primera vez en el Diario La República (Colombia).
