EL ANACRÓNICO SISTEMA EDUCATIVO QUE QUIERE PERPETUAR EL GOBIERNO DEL “CAMBIO”

La educación es un factor clave en la formación de los ciudadanos de cualquier nación, ya que a través de esta desarrollan sentido crítico y obtienen habilidades que en el mediano o largo plazo les permite adquirir roles importantes dentro de la sociedad. Pese a esto, para países como Colombia, la educación no es motivo de orgullo. En las últimas Pruebas PISA, la OCDE informó que los estudiantes en Colombia obtuvieron puntuaciones inferiores al promedio de la organización, en especial en matemáticascomprensión de lectura y ciencias, característica que se ha mantenido desde que se comenzó a implementar la prueba en el país, traduciéndose en un sistema educativo inefectivo.

Hace menos de un mes se hundió la Ley Estatutaria de Educación presentada por el Gobierno Petro, la cual tenía como principal objetivo establecer “la educación como un derecho fundamental”, lo que conllevaría a que el Estado realizara todos los esfuerzos económicos y fiscales posibles por mantener la educación “pública y gratuita” desde preescolar hasta la educación superior, extendiendo su cobertura y calidad. La propuesta recibiría rápidamente el apoyo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), aun cuando no estaba claro de dónde saldrían los recursos para establecer las transformaciones mínimas que demandaba la magnitud de la reforma; dicha situación perduró hasta menos de un mes antes de que llegara la fecha límite para discutir el proyecto, donde el Gobierno reconoció mediante el Ministerio de Hacienda que no se tenía información suficiente para determinar el impacto fiscal del articulado. Además, de acuerdo con las proyecciones efectuadas por el Ministerio de Educación, los recursos del SGP (Sistema General de Participaciones) en materia de Participación para la Educación vienen manteniendo un déficit presupuestal acumulado que en el 2022 ascendió a 1,27 billones de pesos, en 2023 a 3,88 billones de pesos, y en lo que va de 2024 a 3,36 billones de pesos, debilitando aún más la factibilidad de la reforma y arriesgándose a que fuese hundida por la Corte Constitucional.

Otro detonante del desplome del articulado fue la inclusión de medidas planteadas por diversos sectores diferentes al Gobierno, donde se conciliarían algunos cambios que garantizarían la calidad y sostenibilidad del servicio educativo. Estas incluían el mejoramiento de la evaluación docente, la participación y colaboración público-privada, y la creación de una “Superintendencia en Educación”; aunque tales propuestas fueron aceptadas por la bancada del Gobierno en el Congreso, provocaron el enfurecimiento, la manifestación y el cese de actividades por parte del profesorado de FECODE, privando del servicio educativo a millones de jóvenes estudiantes (¡una vez más!).

Lo anterior, evidencia el rechazo histórico que tiene la organización sindical ante la vigilancia y mejoramiento del sistema de evaluación docente, disposición que es necesaria para estar alineados con los sistemas educativos más modernos y célebres del planeta. La propuesta inicial contemplaba tener en cuenta los resultados de las pruebas ICFES de las instituciones, a fin de evaluar las fortalezas y debilidades de cada una de ellas mediante sus resultados por materias, y con los cuales se destacarían los profesores que dirigen las asignaturas de mayor éxito y se vigilarían a las instituciones con resultados no favorables. A pesar de que esta propuesta era agresiva con los docentes a nivel individual, causó el total rechazo del sindicato.

Sin embargo, se hacía más lógico el miedo de FECODE cuando el articulado abría la puerta a financiar por medio de bonos escolares la educación privada, financiando la demanda y no la oferta, lo que favorecería el acceso de mayor población al sector privado en detrimento del público. Se puede observar en el promedio de los resultados ICFES que la mayoría de los puntajes más bajos provienen de instituciones públicas, lo que enaltece la calidad de las instituciones privadas y perjudica a la larga la influencia de la organización sindical más grande del país.

En dicho contexto, las expectativas de cambio deben ir hacia un modelo educativo inclusivo (sea público o privado) que permita la participación de todos los sectores de la sociedad. Se debe velar por la construcción de un sistema educativo moderno, con mejores resultados en pruebas tanto nacionales como internacionales, que goce de una mayor inserción laboral e integración real con los sectores productivos, y sobre todo, enfocado en el desarrollo, el bienestar y la paz, elementos fundamentales de una sociedad y que han sido nublados por un Estado que prioriza el beneficio de un grupo de interés antes que el beneficio de toda una nación.

La discusión real no es si la educación debe ser un derecho fundamental que a todo colombiano se le debe garantizar. En eso creo que, ¡todos estamos de acuerdo! La discusión en realidad es quien hace mejor la tarea de brindar ese derecho en calidad y pertinencia.

Jesús Ruiz
Jesús Ruiz

Operador y gestor empresarial. Administrador de Empresas de La Americana Barranquilla. Entre 2017 y 2023 se desempeñó como Coordinador Local Senior de SFL Colombia: organización juvenil que promueve la defensa de la libertad individual y la economía de libre mercado. También fue pasante e investigador en el CPLP (Centro de Pensamiento Libertad y Prosperidad), donde adquirió experiencia en políticas públicas y libertad económica.

Hoy día, es el Director Ejecutivo de COLIBRE: Think-Tank que trabaja por la libertad individual, el desarrollo económico y el progreso social en la Región Caribe y Colombia. Su compromiso con la libertad económica lo han convertido en un líder destacado de su comunidad.

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