El panorama en Latinoamérica sigue teñido por el autoritarismo. Gobiernos que se presentan como «defensores del pueblo» han avanzado peligrosamente, y México es el último ejemplo con la reciente aprobación de una reforma judicial que pone en riesgo las libertades de los ciudadanos. Las similitudes con lo sucedido en países como Venezuela o Bolivia son alarmantes, y los liberales y libertarios de la región tienen la obligación de reflexionar y compartir estas ideas antes de que sea demasiado tarde.
Es importante recordar que AMLO, antes de llegar al poder, se autodenominaba un «luchador social».
Durante años, lideró plantones, bloqueos y manifestaciones que paralizaron la capital del país, buscando el poder con una persistencia que solo puede calificarse como obsesiva. Una frase famosa advierte: «No hay nada más temible que quien ha deseado tanto el poder», y hoy esa frase cobra un sentido aterrador. Tras haber debilitado al Instituto Nacional Electoral (INE), uno de los órganos que garantizaba elecciones justas, ahora se enfoca en tomar el control del último bastión de resistencia: el Poder Judicial.
Lo más preocupante es la reciente reforma judicial, que ya ha sido aprobada, y cuya consecuencia inmediata será la total subordinación del Poder Judicial al gobierno. Este es un movimiento que, como vimos en Venezuela en 2004, marca el principio del fin para cualquier democracia. Hugo Chávez incrementó el número de magistrados de la corte venezolana para tener jueces a modo, y México parece seguir la misma ruta. La toma de control de la Suprema Corte por parte del presidente no es más que una pieza más en el rompecabezas del autoritarismo.
Esta reforma judicial ya es una realidad, y su implementación nos recuerda los pasos previos que tomaron regímenes autoritarios en el pasado. Lo que más llama la atención es que deja intocadas las fiscalías, que son las entidades más débiles y corruptas del sistema de justicia en México. Ahí es donde debería centrarse cualquier esfuerzo de reforma. En lugar de fortalecerlas, se ha decidido no tocarlas, lo que plantea un panorama en el que el poder se concentra más en el Ejecutivo, mientras las fiscalías siguen siendo utilizadas como herramientas para extorsionar y perseguir a los enemigos políticos.
El desastre en las fiscalías es uno de los mayores problemas del sistema de justicia mexicano, lamentablemente, esta reforma no lo toca. La fiscalía general de la República (FGR) tiene niveles de eficacia alarmantemente bajos, lo que refleja la falta de una verdadera voluntad política para mejorar la impartición de justicia. En 2019, se integraron 90,285 carpetas de investigación en la FGR. De estas, solo 11,897 se vincularon a proceso, y apenas 6,561 concluyeron en sentencia. Esto significa que la efectividad de la FGR fue menor al 10%.
Es importante considerar los recursos involucrados: el presupuesto de la FGR en 2019 fue de 15,328 millones de pesos (Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019). Con estos datos, podemos calcular que cada carpeta que terminó en una sentencia costó millones de pesos, una muestra clara de ineficiencia y desperdicio de recursos públicos.
Y el panorama no mejoró en 2020.
Ese año, se integraron 78,465 carpetas de investigación, de las cuales solo 4,718 concluyeron en sentencia. A pesar de que el presupuesto de la FGR aumentó a 16,702 millones de pesos, la eficiencia fue aún peor que en el anterior. Estos datos son un reflejo del colapso de la justicia en México, y es preocupante que la reforma no se centre en solucionar estas fallas estructurales.
La reforma incluye una renovación total del Poder Judicial en dos elecciones (2025 y 2027), una tómbola para elegir candidatos y la eliminación del requisito de experiencia laboral para ser juez. Esto implica que personas sin la preparación suficiente podrían tener en sus manos el poder de decidir sobre la vida de millones de mexicanos. Lo que se necesita en este momento no son más improvisaciones, sino un sistema que garantice justicia imparcial.
En cuanto a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los ministros ya no podrán elegir a su presidente, ya que ahora el cargo será determinado por quien obtenga más votos en una elección popular. Además, se reduce la experiencia laboral necesaria para ser ministro, y cualquier persona que cumpla con unos requisitos mínimos podrá aspirar a uno de los cargos más importantes del país. Todo esto suena como una receta para la corrupción, en la que los jueces y magistrados deberán favores políticos para no perder su puesto.
El peligro más grande de esta reforma es que los jueces, que hasta ahora han servido como el último contrapeso ante los abusos del poder, estarán completamente a merced de un sistema controlado por el gobierno. Ejemplos recientes muestran cómo la justicia ha sido un pilar en la defensa de los derechos de los ciudadanos: como cuando jueces ordenaron el abastecimiento de medicamentos para niños con cáncer que el gobierno había olvidado, o cuando otro juez ordenó la vacunación de menores durante la pandemia del COVID-19. También se detuvieron ecocidios cometidos en la Riviera Maya por el proyecto del Tren Maya gracias a decisiones judiciales. Con esta nueva reforma, ese tipo de decisiones independientes podrían desaparecer.
Sin embargo, lo más preocupante es la arrogancia de quienes creen que México está exento de caer en un régimen autoritario. «Eso no puede pasar aquí», dicen algunos, bajo la falsa premisa de que como ya pasaron seis años del gobierno de AMLO, no ha sucedido nada. Pero la historia demuestra lo contrario: las dictaduras no se instauran en un solo sexenio. En Venezuela, por ejemplo, Hugo Chávez llegó al poder en 1999, pero no fue sino hasta 2004 cuando tomó el control de la Corte Suprema. El autoritarismo avanza paso a paso, y México está siguiendo un patrón muy similar.
Aún más inquietante
Es la creencia de que por ser vecinos de Estados Unidos estamos «a salvo». Esta idea es no solo ingenua, sino peligrosa. Estados Unidos tiene sus propios problemas, y si México cayera en manos de un gobierno tiránico, su respuesta más probable sería cerrar sus fronteras, dejando a México solo y expuesto potencias como China y Rusia, países que no tienen ningún interés en defender las libertades individuales.
No podemos olvidar que esta reforma judicial no cuenta con el respaldo de la mayoría de los mexicanos. De los 98 millones de ciudadanos registrados en el padrón electoral, solo 36 millones votaron por Morena en las últimas elecciones, lo que significa que 62 millones de mexicanos no están de acuerdo con el rumbo que está tomando el país. Sin embargo, esa mayoría parece impotente ante un poder que sigue avanzando sin freno.
Las consecuencias de esta peligrosa reforma judicial no se verán de inmediato, pero con el tiempo, las nuevas generaciones aprenderán que este fue el momento en que México comenzó su retroceso en términos de libertades. En lugar de estar discutiendo sobre avances en temas cruciales como el medio ambiente, la tecnología o la educación, volveremos a debates que creíamos superados: la libertad de expresión, el respeto a la propiedad privada y el derecho a una justicia imparcial.
Lo que enfrentamos es un retroceso en las libertades fundamentales, una peligrosa concentración de poder que afectará a todos los ciudadanos. Las generaciones futuras recordarán este momento como un punto de inflexión en la historia de México, cuando el país retrocedió décadas en su camino hacia la justicia y la libertad.
El autoritarismo avanza cuando se le permite
Y ahora estamos viendo las primeras consecuencias de haberle dado más poder al Estado. Nos toca ser conscientes de que, a partir de este momento, el precio de la inacción será un país donde las libertades, que tanto hemos luchado por mantener, se verán drásticamente reducidas. Por último, este es un mensaje para los mexicanos y todos los que están viviendo el embate del socialismo del siglo XXI: nada dura para siempre, ni lo malo ni lo bueno. Busquen alternativas para poder encontrar oportunidades en las crisis, para los que han tenido que salir de sus países, hagan vida y que su hogar sea en donde puedan estar felices y en paz.
Los países que tanto amamos han sido tomados por tiranos que no quieren soltar el poder y que solo siguen dividiéndonos como sociedad. Pero no permitamos que nos quiten la esperanza, no permitamos que nos quiten la fe en un futuro mejor.
Trabajemos pues en nosotros mismos, en ser mejores personas y ciudadanos, en ser inspiración para las nuevas generaciones que vengan más empoderados con pensamiento crítico y sin tanto resentimiento. Que desde siempre la herramienta de los colectivistas ha sido el dividir a la sociedad, pero nosotros podemos ser la fuerza que los detenga.
Así que no lo permitamos más, vamos adelante, con la cabeza en alto y el corazón lleno de esperanza. Que algún día nuestros ojos puedan ver una región latinoamericana más libre y próspera. Y hasta entonces, ¡Que la llama de la libertad siga ardiendo en nuestros corazones y guíe a un futuro mejor! Y que se escuche fuerte ¡Que viva la libertad!
