Barranquilla ha sido un ejemplo notable de desarrollo y transformación durante los últimos 16 años. Gracias a la colaboración entre el sector privado y el liderazgo de la Alcaldía, la ciudad ha experimentado una mejora significativa en áreas clave como la infraestructura, la educación, la empleabilidad, el turismo y la seguridad alimentaria. Este proceso de cambio ha sido tan visible que se ha llegado a hablar del “milagro barranquillero”: una reducción sostenida de la pobreza y un entorno cada vez más propicio para la inversión y el progreso social.
Sin embargo, mientras que el sector privado y la administración local han impulsado el crecimiento y el bienestar, existe un actor que ha quedado totalmente rezagado en este proceso: el Concejo de Barranquilla. A pesar de los logros tangibles en la ciudad, el Concejo parece estar ausente en la carrera por la transformación, con un desempeño que deja mucho que desear, especialmente en lo que respecta a la gestión de los recursos públicos.
En una revisión superficial de los últimos dos años, se evidencia que el Concejo no ha cumplido con sus responsabilidades básicas de transparencia. Desde 2022, no se ha publicado el plan anual de ejecución presupuestal ni el plan de adquisiciones, lo que significa que los ciudadanos no sabemos en qué se han gastado los $20.000 millones de pesos provenientes de nuestros impuestos. Mientras las empresas privadas y las obras de la administración se ven y mejoran la calidad de vida de la ciudad, del Concejo no hay rastro visible en términos de impacto positivo.
Es inadmisible que se destinen $70 millones de pesos a servicios públicos, incluyendo una línea telefónica que no funciona, y que la auditoría, por la que se pagaron $140 millones, no haya detectado ni corregido esta ineficiencia. Resulta igualmente absurdo que el Concejo tenga una nómina de más de $3.000 millones de pesos y, sin embargo, no haya personal que responda el teléfono, gestione la transparencia o mantenga al día la información sobre la contratación pública. ¿Cómo es posible que una entidad que debería ser el garante de la rendición de cuentas y el control político no esté cumpliendo con sus funciones más elementales?
Barranquilla es una ciudad donde los ciudadanos pagan sus impuestos porque ven resultados: el desarrollo es visible. Sin embargo, la pregunta es si debemos seguir pagando más impuestos para una institución como el Concejo de Barranquilla, que no solo no rinde cuentas, sino que parece no cumplir con su responsabilidad frente a la ciudadanía. La respuesta, a todas luces, es no.
Lo que Barranquilla necesita no es más impuestos, sino una reforma tributaria local que, en lugar de aumentar la carga fiscal, ajuste el gasto público de manera eficiente. El dinero debe ser destinado a las áreas que verdaderamente promueven el desarrollo y el bienestar, no a sostener entidades ineficientes que no ofrecen valor a la comunidad. Es hora de que el Concejo de Barranquilla deje de ser el eslabón perdido en la transformación de la ciudad y asuma un rol activo y responsable en el uso de los recursos públicos. Solo así podremos asegurar que el crecimiento de Barranquilla continúe de manera sostenible y justa.
