En Colombia es común escuchar el cuento de que vivimos en un país controlado por una poderosa élite empresarial: una oligarquía de grandes ricos que dicta el destino nacional desde las sombras. Esta gran falacia es repetida especialmente por quienes necesitan justificar el intervencionismo, la hostilidad hacia el empresario y la cultura de sospecha permanente hacia el éxito ajeno. Pero no es más que un cuento mal contado, que no resiste el más mínimo examen de los hechos y de la realidad colombiana.
Colombia no es un país de empresarios ricos. Es, más bien, un país con muy pocos ricos y, peor, ricos bastante pobres si se los compara con el resto del mundo. Según Forbes, solo cuatro colombianos figuran entre los multimillonarios globales, y su patrimonio es apenas una fracción de lo que posee cualquier magnate mexicano o brasileño. Nuestros ricos –con la excepción de David Vélez, que hizo su fortuna fuera de Colombia– no son producto de empresas tecnológicas globales ni de cadenas de valor innovadoras: casi siempre se trata de fortunas ligadas a sectores tradicionales, vulnerables y dependientes del mercado local y del clima político.
El verdadero poder en Colombia, ayer y hoy, nunca ha sido empresarial, sino político. La élite que decide, reparte, limita y controla la riqueza no está en el sector privado, sino en el Estado. Quien quiera ascender socialmente en Colombia sabe que el camino no es la innovación ni la competencia, sino la cercanía a los puestos de poder, a las redes de clientelismo, a los favores burocráticos. Por eso, lastimosamente, en los grandes congresos empresariales de Colombia, los protagonistas no son los empresarios, sino los políticos: la señal más clara de quién manda realmente.
Disfrazándose en luchar contra una élite que no existe –la empresarial–, los miembros del gobierno actual se han convertido en la nueva élite colombiana. Una élite que se enriquece empobreciendo a los demás; que expande el Estado para que el botín que se reparten sea más alto; que aumenta tributos –es decir, lo que pagamos los que no pertenecemos a esa élite por el derecho a producir, como en la colonia– y que usa el recaudo de esos tributos para darse gran vida, lujos, excesos, viajes y, por supuesto, mantener a su séquito de cortesanos.
Mientras más poder tiene la política, menos espacio hay para la empresa, para el individuo, para el mérito y el ascenso social legítimo. El resultado es un país con una pobreza crónica, sin creación de riqueza genuina, donde el dinero y las oportunidades se concentran en quienes controlan el Estado. Aquí no se multiplica la riqueza: se reparte la escasez.
Es fundamental entender la diferencia: una élite empresarial amplia, auténtica y abierta multiplica la riqueza y crea prosperidad para todos. Esa es la historia de las sociedades más libres y prósperas. Por el contrario, una élite política solo puede enriquecerse quitándole al resto; su bienestar depende de nuestra pobreza y de nuestra dependencia. El mito de la oligarquía empresarial es, en realidad, el disfraz perfecto de la aristocracia política. Si Colombia quiere dejar atrás la pobreza y empezar a crear riqueza para todos, debe romper la idolatría del poder político y abrazar la libertad, los mercados y el mérito empresarial. Solo así dejaremos de ser un país con pocos ricos y muchos pobres, y podremos, por fin, convertirnos en un país de muchos ricos y pocos pobres.
NOTA:
La versión original de este artículo apareció por primera vez en el Diario La República (Colombia).
