Tras la histórica jornada del 25 de octubre de 2020 en Chile, el país austral votó el apruebo en el referendo promovido por el gobierno central. Lo anterior, luego de los episodios de protesta del pasado octubre de 2019. En Colombia, tenemos 29 años desde que entró en vigencia la Constitución actual, y si bien hubo una modernización en algunos sectores de la administración pública, no resolvió los problemas de fondo.
La oposición de partidos y movimientos progresistas propiciaron las movilizaciones sociales a favor de reformas de fondo; por una presunta crisis económica y social que vive el país. Por ello, nos permitimos presentar algunos de los indicadores económicos más significativos, su relación con respecto a la región y el promedio de la OCDE, y finalmente, una análisis de que se pretende lograr vía constituyente versus la experiencia de procesos constitucionales con excelente estructuración que no lograron el objetivo de desarrollo económico principal.
CHILE: EL ALUMNO SOBRESALIENTE DE LA REGIÓN
El extenso país ubicado en la costa pacífica del Cono Sur; desde hace aproximadamente una década ha visto los frutos de la liberalización en la economía que implementó hace poco más de treinta años. Con base en esto, traigo a escena algunos de los indicadores económicos más representativos:
- De acuerdo a la Visión General de Estudios Económicos de la OCDE Chile (Febrero de 2018) emitido por la OCDE:
- Índice de Productividad Promedio por Empleado a corte del año 2017: Aproximadamente 90.000 USD OCDE, 52.000 USD Chile, 43.000 USD México, 39.000 USD Costa Rica, 33.000 USD Colombia, y 32.000 USD Brasil.
- Índice de Convergencia de PIB Per Cápita, teniendo como punto de referencia de 100 puntos a la OCDE, a corte del año 2016: Chile 54 puntos, México 42 puntos, Costa Rica 39 puntos, y Brasil 36 puntos.
- Relación de Renta Disponible, a corte del año 2015, donde se contrasta el 10% de la población con mayores ingresos con respecto al 10% de la población de menores ingresos: 7.2 puntos Chile, 7.4 puntos México, 8.7 puntos Brasil, y 10.2 puntos Costa Rica.
- En atención al estudio “¿Cómo va la vida en Chile” elaborado por la OCDE a corte del año 2018 o de acuerdo al último dato disponible:
- El patrimonio neto familiar promedio en Chile es de 41.500 USD con respecto a 162.000 USD de la OCDE.
- El Acceso a la vivienda (Parte de la renta residual disponible después de los gastos de vivienda) es 18,5% para Chile con respecto a 20,8 de la OCDE.
- Tasa de sobrepoblación (Porcentaje de hogares que viven en hacinamiento): 9,3% Chile con respecto al 12% para el promedio de la OCDE.
- Tasa de Empleo (Personas empleadas de 25 a 64 años, como porcentaje de la población de la misma edad): Chile 72,6% con respecto a 76,5% del promedio de países que conforman la OCDE.
- Esperanza de Vida: En Chile es de 80,2 años con respecto al promedio de 80,5 años de la OCDE.
- Homicidios por cada 100.000 habitantes: OCDE 2,4 muertes con respeto a 3,9 de Chile.
ENFERMEDAD HOLANDESA: UNA EPIDEMIA TERCERMUNDISTA
El crecimiento acelerado que Chile tuvo entre los años 2000 y 2014; ha tenido un enemigo natural: la dependencia de la minería en su aporte al PIB. Por ello, al igual que Colombia con el petróleo y su caída del precio del barril de crudo desde el año 2015, el estrecho país del Cono Sur ha sufrido desde la caída de los precios del cobre, el cual representa el 48% de las exportaciones nacionales a corte del año 2016, de acuerdo con la Visión General de Estudios Económicos de la OCDE Chile (Febrero de 2018) emitido por la OCDE.
A pesar de ello, según el artículo Por qué Chile, el país más competitivo de América Latina, es el que más cayó en el ranking mundial del portal BBC (30 de mayo de 2019), tomado de la lista global que elabora el Institute for Management Development (IMD), se tiene que:
“A nivel latinoamericano, el ranking incluye el análisis de siete países, donde el más competitivo es Chile (con el puesto 42), seguido por México (50), Colombia (52), Perú (55), Brasil (59), Argentina (61) y Venezuela (63).”
“LAS CONSTITUCIONES LATINOAMERICANAS Y SU FALLA EN LA SALA DE MÁQUINAS” POR ROBERTO GARGARELLA
El famoso jurista y sociólogo argentino, referente del derecho constitucional para Latinoamérica, en su conferencia “El constitucionalismo democrático. La sala de máquinas de la Constitución”, organizado por la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia (Facultad de Derecho de la UDELAR, Parlamento del Uruguay); nos esboza la composición básica de las constituciones en dos partes fundamentales: la declaración de derechos y la organización del poder público.
Según el afamado ponente argentino, la declaración de derechos fundamentales de las cartas magnas latinoamericanas ha sido notable, resaltando productos finales como la del año 1991 en Colombia. Sin embargo, trae a colación que la falla en la organización del poder público o política, toda vez que se han construido paquidérmicos Estados garantistas conducidos con un triciclo; se debe a debilidad institucional y fallas de diseño.
En consideración a las fallas de diseño, cita un importante ejemplo con respecto al “choque de trenes” entre la Corte Constitucional versus la Corte Suprema de Justicia en relación a la jerarquía como tribunal de cierre para el caso colombiano, pero deja arraigadas dudas sobre si fortalecer instituciones en tamaño y propender por un Estado gigante realmente resuelve problemas de fondo, cuando en muchos países se ha visto lo nocivo del aumento en el tamaño estatal como en Argentina.
Por último, Gargarella nos presenta la relación entre pensarnos una constitución que liberalice la economía y las libertades individuales como vehículo para el crecimiento económico, o por el contrario, una primera enmienda que priorice los derechos sociales y la lucha por la igualdad. La segunda opción con el interrogante de ¿Quién financia programas sociales que restan competitividad del empresariado vía aumento de carga impositiva?
COLOMBIA Y UNA CONSTITUCIÓN DIGNA DE ADMIRAR, PERO SÓLO A NIVEL NARRATIVO
Colombia hace 29 años, tras un ejercicio democrático donde le recordó al mundo entero que la población es el constituyente primario, emitió un documento que declaró un Estado de bienestar al estilo de las aclamadas sociedades de países nórdicos, un sistema de seguridad social mixto que garantizaba el acceso de salud universal a todos los ciudadanos independiente de si cotizaban o no, una educación pública escolar y universitaria gratuita a favor de los estratos socioeconómicos menos favorecidos, un sistema de pensiones mixto con un piso de protección social garantista, y un sinfín de herramientas de participación ciudadana y defensa de derechos como la tutela, la acción pública de inconstitucionalidad, entre otras.
Sin embargo, la constitución no le dio alcance a de que manera iba a ser financiada esa masa de derechos con respecto a no desmejorar la capacidad productiva del empresariado vía tributos directos e indirectos, además de una expansión monetaria desaforada que le restara capacidad de ahorro y de consumo a la clase trabajadora.
En el año 2020, hemos visto cómo se fundaron instituciones sólidas y cómo los mecanismos de participación ciudadana han ayudado al equilibrio de poderes, pero poco o nada fue la bandera del crecimiento económico nacional, el cual ha sido comandado por un abuso a la economía extractivista, la inyección de recursos del dinero ilícito a través del blanqueo de capitales y las remesas de nacionales en el extranjero.
CONCLUSIÓN
Un sistema pensional en crisis, un sistema educativo con alta cobertura y baja calidad, un regular índice de productividad del empleado promedio, dificultad en la exportación de bienes y servicios, índices de desigualdad en el ingreso con malos resultados, dificultad de movilidad social generacional entre estratos socioeconómicos, y dificultad para hacer empresa y generar empleo, entre muchas otras grandes deudas ¡No fueron resueltas por la Constitución Política de Colombia de 1991! Y, difícilmente se resolverán con una nueva hermosa prosa jurídica.
En Chile, el país ha atravesado dos décadas de crecimiento económico, y aún siendo el más próspero de Latinoamérica, no puede costear, de forma responsable en materia de hacienda pública, esa masa gigantesca de derechos humanos a la cual aspiran las sociedades latinoamericanas.
