“Siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, no se podrá restringir el derecho que tiene el Pueblo a poseer y portar armas.”
Segunda Enmienda a la “Constitución de los Estados Unidos”.
“Eres un ciudadano del entorno latinoamericano, y de repente, estás caminando desde tu hogar hacia la parada del autobús. En ese instante, el miedo repentino se aprovecha de tus pensamientos con todas esas noticias a diario en la prensa y los noticieros sobre la delincuencia en las calles, y te tratan de persuadir de que podrías ser la próxima víctima”. Esta es la realidad diaria de millones de niños, jóvenes, adultos y viejos desde México hasta la Argentina; y Colombia no es ajena a este contexto, pues estamos presos del miedo contra los antisociales ¡Y lo peor! Sin herramientas para defendernos.
EL CONTEXTO
El ordenamiento jurídico colombiano en materia penal y penitenciaria desde la Constitución de 1991, los diversos convenios internacionales en DDHH y las leyes implementadas en la década de los 2000’s; han dotado de un garantismo en la sanción a los criminales y la forma en que debe aplicarse justicia.
Desde ese punto de partida, la percepción del ciudadano de a pie sobre la impunidad ha aumentado en el país, debido a la cantidad de antisociales con “detención domiciliaria” –casa por cárcel con derecho a hacer lo que quiera–, hasta el punto de una desconfianza en las instituciones que llegan a plantearse la posibilidad de decidir tomar la seguridad por sus propias manos, o lo que es peor: la justicia.
Lo anterior, en un país donde ésta se hace más efectiva en contra de aquellos ciudadanos que se defienden contra un asalto de criminales con respecto a la penalización de estos; producto de procedimientos policiales complejos que inducen al error, un sistema carcelario colapsado y un sistema judicial atiborrado.
El porte de armas es visto desde el principio de los tiempos como la libertad que tiene el hombre de defender su integridad, la de su familia, su patrimonio y su patria; su restricción a los ojos de la filosofía liberal, en su forma genérica, representa una violación a la libertad del ser humano y una clara monopolización de la fuerza –o como algunos autores en la materia llaman: la violencia–.
El año 2015, es el año donde el gobierno nacional de turno decidió restringir la emisión de permisos de tenencia y porte de armas de fuego letales, con múltiples excusas sobre disminuir los homicidios y los hurtos; sin embargo, tal como se evidencia con sólo ver un puñado de días las noticias televisivas, las armas usadas para delinquir son obtenidas de manera ilegal, y en muchas ocasiones, son fabricadas de forma artesanal.
Noticias RCN, en su reciente nota periodística Extienden por un año más las restricciones al porte de armas en Colombia, de su portal web (referencia AQUÍ), comunicó que:
“El presidente Iván Duque firmó este 31 de diciembre el decreto 1808 de 2020 «por el cual se prorrogan las medidas para la suspensión general de permisos para el porte de armas de fuego», en una decisión que rige hasta el 31 de diciembre de 2021.
En el documento se explica que la medida se adopta en la búsqueda de «conservar en todo el territorio nacional el orden público», (…)”
UNA INICIATIVA QUE PODRÍA CAMBIARLO TODO
Falta ser un navegante habitual de las redes sociales, y de este modo, toparse a diario en la caja de comentarios de noticias que informan sobre hurtos y similares cometidos a diarios en las ciudades colombianas; para poder ver el alto interés que tiene la ciudadanía en portar un arma de fuego, y así, estos poder corresponder en igual manera a los delincuentes.
Luego entonces, uno puede encontrarse con noticias como estas (fuente AQUÍ):
“Comerciantes y tenderos en la ciudad de Barranquilla acordaron elevar una petición al presidente Iván Duque, para que se les permita a quienes tengan armas con salvoconducto poder portarlas para proteger sus negocios. (…)”
Por su parte, Noticias Caracol (referencia AQUÍ) informó la voluntad política existente de un grupo de congresistas para flexibilizar el porte de armas en Colombia:
“La Comisión Segunda de la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad en su primer debate al proyecto de ley que busca flexibilizar la tenencia y porte de armas de fuego en el país, especialmente para los casos de personas amenazadas, que no tengan esquemas de seguridad.
«Este proyecto tiene por objeto establecer el carácter excepcional de la suspensión de los permisos de tenencia y porte de armas dentro del territorio nacional otorgado por el Gobierno, a las personas que cumplen con los requisitos para la obtención de dicho permiso», explicó su autor, el representante conservador Juan Carlos Wills. (…)”
CONCLUSIONES: LOS RETOS
El panorama de los Estados Unidos de América tiene que ser necesario para revisar cualquier país del mundo que pretenda la flexibilización de armas, dado que los constantes tiroteos en calles, colegios, bares y demás sitios públicos; han estado a la orden del día durante décadas, representando las vidas de muchas personas y la tranquilidad de un gran sector de la ciudadanía.
Cualquier iniciativa legislativa que surja en la materia, debe ir acompañada de un análisis serio del impacto que tendría que dejar a disposición del ciudadano común un arma de fuego letal para su uso personal; en un país que poco trata los problemas de salud mental y donde la cultura de violencia con creces es alarmante, respecto al promedio en países homólogos y de otras partes del mundo.
Sin embargo, ante los retos mencionados, no se puede dejar de lado las virtudes de empoderar a los ciudadanos acerca de la responsabilidad de su seguridad personal y la de su patrimonio: todo un acto de rebeldía ante la estatización que busca regular controlar cualquier aspecto de la vida. Desde este medio liberal-libertario se apoya la iniciativa, tomando en cuenta el análisis interdisciplinar que debe practicarse. En una próxima entrega, nos referiremos al proyecto de ley a fondo y las cifras de las cuales tiene que ir acompañado.
