EN NOMBRE DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

La estrategia ya la conocemos. Consiste en aprovechar un error del Estado para quitarle legitimidad en nombre de una causa que el pueblo o la comunidad considera válida y justa. En este caso: defender la libertad de expresión. La estrenaron con la Policía Nacional a la que pusieron contra la pared aprovechando excesos en el uso de la fuerza, abusos y delitos cometidos por algunos de sus integrantes.

Poco a poco, en nombre de la defensa de los derechos humanos, la han ido debilitando frente a la comunidad que debe proteger. Primero le prohibieron hacer presencia durante las marchas. Después la desarmaron y le quitaron la iniciativa. La obligaron a acudir desarmada a enfrentar una turba cada vez más organizada, armada y financiada.

Así que hoy tenemos en Colombia una policía asustada, que siempre actúa a la defensiva y más preocupada por salvar su pellejo y su imagen institucional que por proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos en las calles. Y como estrategia que funciona no se cambia, la llevaron al mundo digital alegando actuar en defensa de la libertades de expresión, opinión e información.

En realidad se trata de debilitar la acción del Estado que, tarde, muy tarde, decidió enfrentar a los promotores del caos y el miedo a través de las redes sociales e internet a punta de mentiras, verdades a medias y noticias falsas. 

Están aprovechando una campaña pedagógica del Ministerio de Defensa que pretendía explicar mediante un simulacro cómo se crea y distribuye una noticia falsa y como esa noticia falsa es recogida por medios de comunicación, las redes sociales y la comunidad sin someterla a la verificación y escrutinio necesarios para establecer su veracidad.

A partir de ahí se inicia una campaña de desprestigio contra los organismos encargados de combatir el cibercrimen y el ciberterrorismo acusándolos de excesos y prácticas indebidas utilizando nuevos términos para señalar prácticas de uso común en los sectores público y privado como las bases de datos, el monitoreo de medios y líderes de opinión o la contratación de agencias de comunicación o relaciones públicas.

A las bases de datos que contienen información pública, como el nombre, la fotografía, el correo electrónico o los perfiles en las redes sociales los llaman perfilamientos. 

Se trata de estigmatizar esas bases de datos que existen en las oficinas de prensa de todos los organismos del Estado, de empresas públicas y privadas y organizaciones no gubernamentales que tengan algo que comunicar. Llaman espionaje al monitoreo de medios, periodistas y líderes de opinión que hacen todas las organizaciones públicas y privadas que quieren saber qué piensan de ellas sus clientes, usuarios, simpatizantes o seguidores. Y descalifican la contratación de una agencia especializada en comunicación estratégica como si fuera la única, cuando en todas las organizaciones internacionales o nacionales, públicas o privadas las contratan para diseñar las estrategias de comunicación y de relacionamiento público que consideren necesarias para que sus mensajes lleguen a sus audiencias o públicos de interés. Todo, porque esta vez el Estado decidió defenderse de los ataques de desprestigio en su contra organizados, financiados y diseñados por sus contradictores.

En síntesis, en nombre de la defensa de la libertad de expresión pretenden llevarnos a proteger de la acción legítima de las autoridades a quienes quieren llenarnos de miedo a punta de noticias falsas. El mundo al revés ¡Otra vez!

La estrategia ya la conocemos. Se trata de armar un escándalo, poner al Estado a la defensiva y obligarlo a renunciar a su obligación legal y constitucional por temor al escarnio público. Debilitarlo frente a los verdaderos delincuentes que combinan todas las formas de lucha para conseguir sus objetivos políticos. Y todo, en nombre de la libertad de expresión y la libertad de prensa.

Para los promotores de esta nueva campaña de desprestigió en contra del Estado, la única libertad de expresión que se debe proteger es aquella que coincida con sus intereses políticos, gremiales o particulares.

Esa estrategia ya les funcionó con la Policía Nacional. Ahora la quieren aplicar contra quienes combaten el cibercrimen. Así los ciberterroristas podrán actuar a sus anchas. Y todo, según dicen, lo hacen en defensa de la “libertad de expresión” ¡Farsantes!