TIRO DE GRACIA

Así como una golondrina no hace verano, un puñado de individuos corruptos no representan una institución, a menos que, como se hizo del 18-O en adelante, se fabrique un estereotipo mediático con el objetivo de desprestigiar a todos sus miembros. Eso fue lo que llevó a cabo un sector importante de la prensa con Carabineros y explica que la confianza de un 63% en 2008 se convirtiera en un rechazo de 65% en 2020. De ahí que no deba extrañarnos la drástica caída de las postulaciones a la Escuela de Formación (de 15.341 en los últimos 10 años, a 2.154 en 2021) y a la Escuela de Carabineros en similar proporción. ¿Qué haremos los chilenos sin Fuerza de Orden y Seguridad Pública?

Claro que hubo casos de corrupción. ¿Y se presentó alguna situación compleja en la que se registraran abusos o violencia desmedida? Tras el 18-O los policías y efectivos de Fuerzas Armadas investigados por la Fiscalía por supuestas violaciones de derechos humanos alcanzó la escuálida cifra de 466 en dos instituciones que suman más de 60 mil funcionarios. Sin embargo, la campaña mediática de desprestigio elevó las acusaciones por eventuales abusos a 8.510, pero solo 800 se transformaron en querellas. En tiempos del 18-O, memes y grafitis con frases como “jueron los pacoh” y “muerte a la yuta” se hicieron costumbre. El tiro de gracia que los revolucionarios gramscianos darán a Carabineros será a través de la nueva Carta Magna que, de aprobarse, desmilitarizará la institución. En otras palabras, abrirá las puertas a su politización radical.

“Nos quedan las FFAA”, pensará usted. Pero se equivoca, porque a escasos meses de haber asumido el nuevo gobierno FA-PCCh, el asedio mediático y la voluntad política han dado muestras inequívocas de estar cargando el arma para comenzar el proceso de su deslegitimación, bajo el mismo formato aplicado a Carabineros. Hagamos un recuento de los hechos.

En noviembre de 2018, un año antes del 18-O, el gobierno del presidente Sebastián Piñera daba de baja a 21 generales del Ejército por el caso pasajes y viáticos. Lo que este caso nos muestra es la estrategia de cierta izquierda que ha sabido usar las zonas grises institucionales –al más puro estilo de los resquicios legales que usó Allende– para despejar el camino hacia la toma del poder. La verdad es que, a excepción de algunas situaciones puntuales de abuso y exceso, los montos involucrados en el marco de este caso, cuya praxis es de larga data, son ridículos; sobre todo si se los compara con los millones de SQM, Penta, MOP-Gate, Chiledeportes, EFE, La Polar, Corpesca, colusión de farmacias, papel higiénico, supermercados, y un largo etcétera por el que nadie fue dado de baja, exceptuando a Jaime Orpis, el chivo expiatorio de la clase política.

UNA ESTRATEGIA PREMEDITADA

No, no se trata de una ley del empate cuya máxima podría formularse más o menos así: “si ellos roban yo también tengo derecho a robar”. Estoy hablando de una estrategia premeditada para socavar los fundamentos del Estado Nación a través de zonas grises que existen en la institucionalidad y sirven a una campaña comunicacional que, en lugar de denunciar a los responsables de la destrucción de nuestra democracia, pone en foco a las FFAA y de Orden y Seguridad Pública. Gramsci estaría ovacionando a sus discípulos. La lección sobre cómo destruir el discurso hegemónico en el que se funda la autoridad para resquebrajarla ha sido muy bien aplicada en Chile.

Un botón de muestra es el estado de excepción en la macrozona sur. La situación ya tiene su primera víctima mediática, el almirante Jorge Parga. En el corto o mediano plazo veremos a FFAA atadas de manos por las RUF (Reglas del Uso de la Fuerza), intentando mantener la paz. Basta que a un soldado se le escape una bala con consecuencias fatales para que la vanguardia atrincherada en los medios de comunicación invente otro estereotipo mediático desde el cual avanzar su desprestigio. Así, mientras a Parga se lo destituye por declaraciones que se enmarcan en el uso legítimo de la fuerza, a los asesinos narcoterroristas se los califica de “presos políticos” (declaraciones de Jeannette Vega, ministra de Desarrollo Social y Familia).

Otro tanto sucede con el ex-almirante Miguel Ángel Vergara, sobre quien se ha levantado una campaña mediática feroz por llamar a la Armada a “estar preparados para saltar al abordaje, dejando atrás nuestro espacio de confort, al igual como lo hicieron otros que nos precedieron”. En contraste, ¿qué sucedió cuando Hugo Gutiérrez, siendo diputado, calificó a la Armada de terrorista y genocida? Nada. Y, nuevamente, no se trata de adherir a la lógica del empate. Al ex-almirante se lo ha denunciado por el delito de sedición no ocupando cargo alguno en la institución que hizo uso de la libertad de expresión que le confiere nuestra actual Carta Magna. Se observa con claridad que, mientras al ex-almirante se le persigue, un terrorista como Héctor Llaitul puede llamar a organizar la resistencia armada sin consecuencias. ¡Ni mencionar el exabrupto totalitario del contralor Jorge Bermúdez Soto! Él pudo proponer, sin temor a represalias, una suspensión no ya de nuestros derechos individuales, como lo hizo el presidente Piñera y de quienes firmaron el Acuerdo del 15 de noviembre, sino de nuestro régimen democrático pues, a juicio del contralor, Boric debe gobernar por decreto.

SIN PAZ NO HAY DEMOCRACIA

En suma, no debieran importarnos las consecuencias económicas o políticas del proyecto de nueva Constitución. Lo primero es la paz, pues, sin ella, no hay desarrollo ni democracia. Es un mundo en el que, como decía Hobbes, la vida humana está en continuo temor y peligro, es “solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve”.

En el proyecto de nueva Constitución desaparece el concepto de seguridad nacional (o estatal), por lo que la política de defensa y política militar queda sin una matriz que oriente, coordine y conduzca a las instituciones intersectoriales del país. Además, se suprime el estado de excepción y no se establece un rango de antigüedad para la designación de los altos mandos con lo que se quiebra la verticalidad del mando. Lo más grave es que no se define cuáles son las “instituciones competentes” depositarias del monopolio del uso de la fuerza, abriendo la puerta a que cada nación autónoma tenga sus propias fuerzas de seguridad.

Ese es el tiro de gracia que los constituyentes han disparado en contra de Chile.