La campaña electoral de Colombia en 2022 va a resultar muy costosa en términos de reputación, credibilidad y confianza de los ciudadanos en sus instituciones, especialmente en materia de administración de la justicia, el sistema electoral y la relación con los medios de comunicación y el periodismo.
La polarización en que ha caído el país, víctima de una especie de epidemia que sacude a Latinoamérica, está a punto de llevarse por delante la poca credibilidad y respeto que aún tenían los colombianos frente a instituciones como la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia cuyas decisiones son cuestionadas porque parecen haber sido tomadas para favorecer o perjudicar a alguien y no para hacer efectivo el derecho constitucional a una pronta y cumplida justicia en igualdad de condiciones para todos.
Los máximos tribunales son señalados de sincronizar sus decisiones con la campaña electoral buscando causar efectos políticos en contra o a favor de alguien.
El sistema electoral, respetado por todos los partidos políticos durante décadas, está de regreso a los años 70’s del siglo XX. La palabra FRAUDE es mencionada cada vez con más frecuencia y fuerza por todos los partidos y movimientos políticos, principalmente, después de que el registrador nacional del Estado civil, su vocero natural, admitiera pocos días después de las elecciones de renovación del Congreso que “se le había perdido ¡un millón de votos!”, la mayoría de ellos a favor del principal partido de oposición del gobierno de Iván Duque.
Los organismos de control legal y constitucional como la Procuraduría y la Contraloría son acusadas de actuar a nombre de movimientos políticos con o sin el conocimiento y consentimiento de sus jefes. Una senadora electa por el Pacto Histórico, el principal partido de oposición, admitió públicamente que había utilizado a la Contraloría y la Procuraduría para “quemar” a Sergio Fajardo, uno de los candidatos con opción de llegar a la presidencia de Colombia.
La procuradora General de la nación, Margarita Cabello Blanco, está en el ojo del huracán por “haberse atrevido” a suspender al alcalde de Medellín, la segunda ciudad del país, por una evidente participación en política a favor del candidato Gustavo Petro, el próximo presidente de Colombia según todas las encuestas.
La procuradora atendía a una fuerte presión mediática y ciudadana que le pedía “hacer algo” para frenar a alcaldes y gobernadores que creen que haber sido elegidos por voto popular los autoriza a desconocer la prohibición que les imponen la Constitución y la ley en sí para manifestar apoyo al candidato o candidatos de sus preferencias y que ellos vienen haciendo de manera cada vez más descarada.
Los ciudadanos están cansados de ver que sus instituciones no aplican el mismo rasero en todos los casos. Durante las elecciones parlamentarias y las consultas aplicaron aquello de “dejar hacer, dejar pasar” cuando alcaldes y gobernadores manifestaron apoyo público a los partidos y candidatos de sus preferencias. Cansados de funcionarios púbicos y aspirantes a serlo que no nos respetan, creen que son tontos y caerán en sus trampas.
Una frase se está empezando a escuchar con frecuencia en charlas casuales en restaurantes, ascensores, taxis o salas de espera. “Ojalá llegue rápido el 29 de mayo, a ver si se acaba esta pesadilla”. Ya ni siquiera preguntan por quién votar o quién cree que va a ganar.
Los colombianos tienen ansiedad, y cuentan los días y las horas que hacen falta para que termine una campaña electoral en la que han sobrado los insultos, las acusaciones con o sin pruebas, y las campañas de bullying en las redes sociales y los medios de comunicación. Misma campaña en la que han hecho falta propuestas de solución creíbles y posibles a los grandes problemas del país.
Los candidatos y sus campañas no parecen interesados en ganar votos, sino en desprestigiar a sus opositores. De lo que se trata, a juzgar por la ausencia de discusiones y debates de fondo sobre los grandes y perpetuos problemas naciones, es de demostrar quién es el menos malo y el que menos esté peor acompañado, y quién tiene el menor número de corruptos en sus equipos de trabajo.
Y en ese propósito les ayudan periodistas y medios de comunicación que decidieron, como las altas cortes de justicia y los organismos de control, tomar partido a favor o en contra de alguien.
El 29 de mayo o un mes después –si no hay ganador en la primera vuelta– habrá un ganador. Colombia habrá elegido a un nuevo presidente que recibirá el 7 de agosto un país que le quedará muy difícil gobernar. Un país dividido, polarizado y desconfiado, convencido de haber elegido al menos peor de los candidatos en disputa y no al mejor como debería haber sido.
NOTA:
La versión original de esta columna apareció por primera vez en el Blog de Ricardo Galán.
