El Gobierno Nacional hace uso de una nueva carta política en aras de concretar reformas que afectarían a la Constitución vigente. Inicialmente, son ocho (8) las preguntas planteadas, mismas que no están enfocadas en políticas públicas –como se avizoraba–, recogen preocupaciones que tiene la ciudadanía respecto a problemas que aquejan al Ecuador –como son la delincuencia y el crimen organizado– y tratan la reestructuración de la Asamblea Nacional, entre otras. Las consultas populares no necesariamente han tenido los resultados esperados para los gobernantes que las han convocado. Estruendosas derrotas o arrasadoras victorias es lo que nos deja la historia política del país.
En esta ocasión, se trata de propuestas de enmiendas. La primera de ellas relacionada con “Permitir el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional para el desarrollo de actividades conjuntas contra el crimen organizado”. Una pregunta así, en el contexto actual, debería tener una amplia mayoría de respaldo, pero la experiencia de consultas anteriores ligan los resultados de estas con el nivel de popularidad del gobernante de turno. Si bien es un deseo ciudadano el combate a la delincuencia y desterrar dicho mal, solo se han permitido estas acciones conjuntas bajo estados de excepción que, incluso la Corte Constitucional, ha objetado en su momento. Darle viabilidad permitiría una mejor y permanente coordinación entre las fuerzas armadas que velan por la seguridad interna y externa del país, lo cual, hay que resaltar no se conseguirá sin el apoyo internacional para combatir una problemática regional que, no solo merma los recursos públicos, sino también ralentiza nuestros deseos de un futuro más promisorio.
Dentro del mismo ámbito inherente a la seguridad y combate al crimen organizado, la segunda pregunta considera “Permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometidos delitos relacionados con el crimen organizado transnacional”. Sin duda, una pregunta inesperada y que trae múltiples implicaciones, como enviar una señal a quienes cometen actos ilícitos, especialmente narcocriminales, y que además trasciende fronteras, pero que no necesariamente solucionaría el problema. Nuestra hermana Colombia es el mejor ejemplo de ello. Desde que tiene esta figura legal hace algunas décadas, continúa anualmente extraditando infractores involucrados en delitos de esa naturaleza. Recientemente, el Presidente del país cafetero, Gustavo Petro, firmó ocho (8) extradiciones, entre ellas la relacionado con el hermano de la Senadora Piedad Córdoba y quien es integrante de su coalición política (Pacto Histórico). Cabe destacar que un cambio de tales características en la legislación podría generar un mayor apoyo externo a nuestro país, pues deberían llevarse a cabo convenios de extradición que apuntalen a la cooperación de los países suscriptores.
La tercera pregunta está enfocada en “Garantizar la autonomía de la Fiscalía, en la selección, evaluación, y sanción de sus funcionarios”, organismo que actualmente depende del Concejo de la Judicatura (CJ) en lo concerniente a la selección, evaluación, ascenso, capacitación y sanción (valga la redundancia) de los fiscales. Justamente el CJ ha sido señalado por su actuación en torno a la insuficiencia de fiscales, las comisiones de servicios, la autonomía de la entidad y la entrega de suministros, entre otros aspectos que, a consideración de expertos, afecta el trabajo de la Fiscalía. Evidentemente la Justicia en el Ecuador echa mano de varias objeciones, siendo necesaria una reforma integral en todas sus aristas para garantizar que la ciudadanía adquiera de nuevo confianza en este actor clave dentro de la institucionalidad del Ecuador.
La cuarta pregunta es sobre un tema que, por supuesto, la ciudadanía viene discutiendo desde tiempo atrás: la cantidad de asambleístas que debe tener el país, número que actualmente se ubica en alrededor de 137: 112 provinciales, 15 nacionales y 6 del exterior. Los asambleístas provinciales son elegidos en función de dos (2) por cada provincia o distrito metropolitano, y uno (1) más por cada doscientos mil (200.000) habitantes o fracción que supere los ciento cincuenta mil (150.000), de acuerdo con el último Censo Nacional de Población. Las circunscripciones especiales del exterior eligen dos (2) asambleístas por Europa, Oceanía y Asia; dos (2) por Canadá y los Estados Unidos; y dos (2) por Latinoamérica, África y el Caribe. La propuesta, de ser aprobada, establecería la elección de un (1) asambleísta por provincia y un (1) asambleísta provincial adicional por cada doscientos cincuenta mil (250.000) habitantes, dos (2) asambleístas nacionales por cada millón de habitantes y un (1) asambleísta por cada quinientos mil (500.000) residentes en el exterior, dejando el número de asambleístas entre 116 y 120 asambleístas para las elecciones del 2025; este último número se encuentra en función de las cifras que arroje el futuro censo poblacional. De continuar la proyección poblacional para el 2025 –y de no existir la reforma– podríamos estar eligiendo entre 155 y 160 asambleístas en la próxima votación. Más allá de la cantidad de asambleístas que, indudablemente ahorrarían dinero para el Estado, es importante la calidad de personas que se eligen para representarnos en el poder legislativo; por ello la reforma debe ser de fondo, a fin de garantizar que lleguen las personas idóneas, así como también se legisle en pro de los intereses del país y no de los particulares o partidistas.
“Exigir que los movimientos políticos tengan un número mínimo de afiliados, cuyo registro sea auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral” es la quinta pregunta que forma parte del proyecto de consulta popular planteado por el Gobierno. Sin duda, las constantes quejas y señalamientos sobre los registros fraudulentos de personas que aparecen como miembros o adherentes de movimientos, sin su consentimiento, es el fondo de este texto que busca transparentar los procesos electorales futuros, pues en cada elección se evidencian “movimientos de alquiler” que nacen y mueren con la misma estrategia de hacer prevalecer a ciertos caudillos.
Otra consulta política que se plantea en la consulta es la relacionada con “Eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y que sea la Asamblea Nacional que los designe”, misma que desde la Constitución Política aprobada en el 2008, lo establece como un poder del Estado y le asigna la función de designar las autoridades de control. Lo que surgió como una iniciativa que buscaba el involucramiento de los ciudadanos en la institucionalidad del país, lamentablemente se dejó arrastrar por la vorágine del Gobierno de Correa de controlar y someter a las instituciones; los resultados de tal maniobra quedaron probados en sus múltiples procesos por corrupción. La reforma política del Estado debe ser profunda e integral, proyectada a los nuevos desafíos que afronta al país, que incluya la institucionalidad, respete al marco jurídico, entre otros.
Finalmente, las preguntas 7 y 8 son “Incorporar un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas” y “Que las comunidades, pueblos y nacionalidades reciban compensaciones por su apoyo a la generación de servicios ambientales”. Estas buscan generar puentes con las comunidades indígenas, cuyas problemáticas se han discutido en las mesas de diálogo, para con ello recuperar la confianza en este grupo social, así como también proteger el agua como fuente para la agricultura y la ganadería, dos actividades productivas sujetas principalmente a las zonas rurales. Asimismo, quieren definir los lineamientos y mecanismos de compensaciones que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades reciban por su apoyo a la generación de servicios ambientales.
Las respuestas a estas consultas deberían arrastrar una afirmación en todas ellas, pues preguntan sobre situaciones que acontecen en nuestro país, como la inseguridad y el crimen organizado, los cuales tienen raíces internacionales; una reforma política que atañe a la reestructuración de la Asamblea y sus competencias que, a criterio de la población, en general no representa los intereses de los ciudadanos; y temáticas ambientales que permitirían mejorar las relaciones con las comunidades indígenas. Evidentemente hay una deuda en las preguntas propuestas, pues se esperaban consultas sobre otras reformas profundas de carácter laboral, económico, competitivo, y demás, que son igual de necesarias que las planteadas.
El nivel de aceptación actual del Presidente podría incidir en el resultado que espera a las preguntas, pero dados los temas que consideran, la lógica e importancia de estos conllevarían a que sean aprobadas. En algunas semanas lo sabremos.
