LA GRAN RAZÓN

Esta nueva Constitución tenía la intención de destruir y desmantelar el Estado de derecho bajo la incierta promesa de aumentar los “derechos sociales”. Sin embargo, seguía una línea que solo planteaba la opción de que el país se viera sometido a una tiranía o a la más absoluta de las anarquías.

Muchas son las razones por las que los chilenos votamos en contra del proyecto de nueva Constitución, dejando estupefacto al mundo entero. ¿Por qué no quieren una Constitución que les asegura los derechos sociales –salud, educación, vivienda, jubilación, entre otros– cuida el medioambiente, introduce la perspectiva de género y la igualdad sustantiva? Es lo que se preguntan más allá de nuestras fronteras. ¿Cómo entender que, incluso los pueblos originarios, rechazaran con votaciones sobre el 70% la promesa de una recuperación de tierras y privilegios exclusivamente diseñados para ellos? El domingo 4 de septiembre no cabe duda de que en Europa y los EEUU, las élites, concentradas en la parte izquierda del mapa político, se atragantaban con el champagne y atoraban con el caviar mientras observaban que el 62% de los votantes –que sumaron doscientos mil (200.000) votos más que la votación total del plebiscito de entrada– le decían que no al paraíso prometido.

Si tuviésemos que enumerar cada una de las barbaridades que contenía el proyecto de nueva Constitución, los escándalos que involucraron a sus redactores, la vergüenza nacional que provocó un acto de cierre de campaña de los adherentes y la larga mano que se extendía en el articulado, desde Bolivia y Venezuela hasta Chile, empuñando las banderas del socialismo del siglo XXI, tendría que escribir un libro y no una columna. Por tanto, me concentraré en una sola gran razón: amor. ¿A qué? Al hogar donde naciste, a tus conciudadanos, a tus costumbres, a tu país y a ti mismo. En suma, la gran razón por la que los chilenos rechazamos la nueva Constitución reside en un sentimiento con el que conectó la campaña de salida que rehusó a un texto cuyo proyecto para Chile se resume en tres propósitos: la balcanización del territorio –dividía al país en once naciones autónomas (Artículo No. 5)–, el fin del Estado de derecho y la destrucción de la democracia, además de la segregación racial institucionalizada a partir de la creación de una élite indigenista cuyos privilegios conducirían, en el corto plazo, a una guerra civil.

¿Quién quiere ver a su país destrozado por grupos que han recibido entrenamiento y recursos del narcoterrorismo, base de apoyo del régimen de Nicolás Maduro, Evo Morales y del avance de una nación indigenista en todo el Cono Sur? Para nadie realmente interesado en la verdad y que aborrezca los eslóganes y la propaganda, es un misterio que desde México hacia el Estrecho de Magallanes avanza el poder del narcotráfico en alianza con el socialismo del siglo XXI. Su éxito depende de la creación de una gran nación indigenista, que no es otra cosa que el Lebensraum del narcotráfico para abaratar los costos de producción de la droga que consumen los países desarrollados.

Desmantelar naciones y destruir el Estado de derecho requiere de un momento de adhesión popular que, en varios países, se ha convocado bajo la fórmula de la promesa de los “derechos sociales”. En Venezuela, Bolivia, Ecuador y ahora, de nuevo, en Colombia avanzan la impunidad y libertad absoluta de quienes se dedican a producir droga, violar la ley y destruir la paz, como sucede en el norte y, sobre todo, en el sur de Chile. ¿Quién en su sano juicio puede creer que tendrá acceso asegurado a “derechos sociales” o “derechos fundamentales” en el contexto descrito?

Si la balcanización de país no era ya suficiente, el sistema político que se proponía en el texto constitucional implicaba dos opciones: la tiranía o la anarquía, puesto que eliminaba al Senado creando una gigantesca Cámara de Diputados que podría decidir por mayoría simple, previa consulta a los pueblos originarios, sobre una infinidad de materias. Así, en caso de que el Presidente de turno fuese del mismo color político que la mayoría en dicha Cámara, no habría ningún contrapeso, por lo que hubiésemos vivido bajo una tiranía. En caso contrario, si el Presidente y la mayoría en la Cámara no compartían la vereda política, la situación se tornaría ingobernable. De nuevo, quisiera preguntar a las personas sensatas que se interesan en estos asuntos, ¿qué derechos sociales o fundamentales se respetan en cualquiera de los dos escenarios?

Al descalabro descrito, se puede sumar la creación de once sistemas de justicia paralelos (porque, en un delirio colectivo, los constituyentes llegaron a la conclusión de que cada pueblo originario tiene un código civil, uno penal y otro procesal), de modo que los conflictos entre chilenos e indígenas tendrían un tratamiento distinto de aquellos protagonizados solo por chilenos o solo por indígenas.

En lo que respecta a nuestro régimen político, se destruía para siempre el principio “una persona, un voto” en el que se sustenta la democracia. Como si fuera poco, la exacerbación de la incertidumbre jurídica se llevó al paroxismo cuando le atribuyeron un rol ecológico a la propiedad y dejaron al arbitrio político el precio a pagar en caso de expropiación (Artículo No. 78). En este extremo de incertidumbre jurídica, característico de las tiranías, solo es posible esperar la destrucción del aparato productivo y, en consecuencia, la extensión de la miseria.

En suma, el Proyecto de Nueva Constitución insistía en su objetivo de desmembrar Chile, convertir a sus ciudadanos en enemigos por privilegios que se otorgaban según criterios raciales, y en el desmantelamiento de la tradición democrática y republicana en la que se forja nuestra historia común. Frente a esta propuesta, la lógica más elemental mandaba rechazar el texto.

¿Por qué será que la izquierda se rasga las vestiduras ante un resultado tan abrumadoramente contradictorio a sus propósitos? Porque parte importante de sus miembros comparten una fe religiosa que es absolutamente ajena al resto de los ciudadanos. La creencia en que Dios es el Estado no puede sostenerse en el contexto Latinoamericano. Al contrario, por la falta de profesionalización de sus burocracias, la colusión entre políticos y empresarios extractivistas, y la corrupción de las élites políticas, intelectuales y mediáticas, el Estado suele oprimir y empobrecer a quienes dice querer beneficiar.

Hemos hablado del amor al país, a las costumbres republicanas, al hogar y a la fraternidad entre ciudadanos. Nos queda profundizar en el amor a sí mismo. Es en este aspecto donde, probablemente, la sorpresa fue mayor. Y es que los chilenos hemos dado prueba de una madurez poco común entre los países vecinos. Frente a los cantos populistas de los derechos sociales, nos atamos a un mástil y, en medio de aguas turbulentas, decidimos rechazar un trato vejatorio de parte de una izquierda que pensó que éramos una masa de idiotas, listos para caer seducidos por promesas fatuas que solo nos conducirían al mismo tipo de régimen que ha destruido a Venezuela. Hablamos de una narcodictadura disfrazada del indigenismo que hoy financia la misma izquierda internacional que está intentando convencer al mundo de que el maligno Donald Trump invirtió millones de dólares en campañas publicitarias que engañaron a la gente en Chile.

Ahora, los chilenos podremos darnos cuenta de si los ciudadanos de las demás democracias tienen amor por sí mismos y, antes de tragarse el cuento de la izquierda, reflexionan e investigan para que tengan claro que no, los chilenos no somos una masa de idiotas.