Desde el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP), presentaron el día de ayer, a la opinión pública, algunas consideraciones con relación a la Reforma Tributaria “Para la Igualdad y la Justicia Social”, reconociendo las modificaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al proyecto inicial de la reforma tributaria, las cuales se adoptaron acogiendo algunas de las sugerencias elevadas desde distintos sectores.
Las más importantes son las siguientes:
Tomar en consideración que nos encontramos en entorno internacional de incertidumbre frente a la crisis inflacionaria, la volatilidad de los mercados internacionales y las perspectivas de recesión global; y en un contexto nacional caracterizado por bajas perspectivas de crecimiento para el 2023 (0,7% de acuerdo con el Banco de la República), la inflación más alta en 23 años (11,44% en septiembre), la tercera devaluación más alta del siglo (24,8% desde enero) y el encarecimiento del crédito (tasa de intervención del emisor del 10%).
Señalamos que las reconsideraciones adoptadas no terminan por mitigar los posibles impactos negativos que este Instituto, así como, distintos sectores generadores de empleo en Colombia y expertos tributaristas, hemos señalado podrán sobrevenir en el largo plazo para el desempeño de la economía colombiana, respecto a los cuales el Gobierno Nacional y el Congreso de la República deberán asumir responsabilidades.
Exhortamos a los tomadores de decisión a considerar el impacto que representará para cerca del 91% de empresas colombianas que son microempresas (de acuerdo con el Registro Único Empresarial y Social), el hecho de asumir nuevos costos en sus cadenas de distribución y suministro, y mayores impuestos, lo cual podría traducirse no solo en mayores precios para los consumidores promoviendo mayor inflación, sino en una caída del empleo y un incremento en la informalidad, que según el DANE, se encuentra actualmente en 58%. De manera especial serán impactados 4,9 millones de micronegocios que existen en el país, y que son generadores de 6,6 millones de puestos de trabajo, equivalentes al 27% del total.
Alertamos que la posible caída de la actividad productiva impediría alcanzar las metas del nuevo recaudo fiscal, lo que podría llevar al Gobierno nacional a aumentar su endeudamiento externo y a reestructurar su deuda actual a tasas de interés más altas; lo que resultaría en tener que tramitar una nueva reforma tributaria en el mediano plazo o en adoptar nuevas medidas e intervenciones que profundicen la actual crisis de inflación.
Proponemos tomar en consideración que, de acuerdo con el Índice de Competitividad Fiscal Internacional (ICFI) de la Tax Foundation, Colombia pasaría a ocupar una posición general de 38 sobre las 38 posibles posiciones, si adopta un código tributario que atenta contra la neutralidad y la competitividad fiscal al compararse con los demás países de la OCDE. Actualmente, Colombia ocupa el puesto 35/38, lo que quiere decir que la situación del país empeoraría.
Recomendamos la adopción de medidas que permitan resolver las ineficiencias en el gasto público identificadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, y que podrían equivaler al 4,8% del PIB, generando pérdidas fiscales anuales cercanas a 43 billones de pesos, los cuales alcanzarían para cubrir 1,7 veces el recaudo que persigue la reforma.
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NOTA:
Desde El Bastión reconocemos al ICP como una entidad aliada en la lucha por una Colombia más libre y próspera. Por ello, lo consignado en dicho comunicado es respaldado por este medio.
