“La historia es nuestra”, se leía en el diario El Siglo de Chile del pasado 10 de marzo. La frase es un llamado a “el pueblo” a apropiarse de la historia. “Típico de los comunistas”, pensará usted. El problema de Chile es que nunca nos hemos hecho cargo de las consecuencias que comporta la apropiación de nuestra historia por parte de quienes quebraron el alma del país, tratando de imponer la dictadura del proletariado.
El triunfo cultural transformó en mártir y ejemplo a seguir a Salvador Allende, un Presidente bajo cuyo mandato los chilenos pasaron hambre y fueron víctimas de la violencia desatada por grupos terroristas y de la desintegración de la vida social y familiar. Jóvenes de las nuevas generaciones, como el Presidente Gabriel Boric, creen en la nobleza del alma de un amigo de Fidel Castro y de los líderes de la URSS: en sus corazones anida el anhelo de completar el sueño socialista.
¿Cómo es posible que la historia haya desplegado una versión de los hechos a nivel nacional e internacional santificando a un hombre que promovió el odio entre los chilenos desde el primer día que asumió, diciendo que él no era el Presidente de todos los chilenos? ¿En qué puede influir este triunfo cultural y la nula resistencia a la “verdad única” de las élites y la ciudadanía en el curso de la actual revolución octubrista?
Hemos sido testigos de las mentiras del Gobierno en todo orden de cosas, pero, especialmente, respecto a los resultados del plebiscito del 4 de septiembre en cuanto a que el pueblo fue engañado por fake-news. Naturalmente, poco hemos podido hacer desde medios alternativos para desmentir y aclarar al mundo por qué rechazamos.
¿Qué ganan los octubristas con su campaña mentirosa? Apoyos de toda índole y una victoria equivalente a la que ya obtuvieron con Allende, que sirve para engañar a las nuevas generaciones y volver a intentar la instauración de su utopía, pero ahora con una revolución más cercana. Y es que ya los viejos del 73 se están muriendo y la épica del “compañero” quedó añeja con la desaparición de las clases explotadas por el capital, que terminó transformando a los proletarios en propietarios. Los apoyos internacionales se transforman en flujos de dinero para financiar diversas iniciativas culturales y vestir la imagen del desmantelamiento del país con ropajes de justicia social y voluntad ciudadana.
Desde el Gobierno, las dos puntas de lanza para consolidar su triunfo cultural que inspirará a los próximos pingüinos son los “50 años del Golpe” y la tergiversación del 18-O. Avanzar en ambas direcciones tiene por objeto arraigar en la memoria de los vivos los hechos revolucionarios octubristas que podrán ser resignificados en 5 o 10 años más, para dirigir a una nueva generación de jóvenes por la ruta de la revolución.
Ya comenzaron los actos que conmemoran la crueldad socialista que condujo al quiebre de 1973 y, en paralelo, la construcción de un memorial en la estación de Baquedano –epicentro de todas las mentiras octubristas– para las víctimas del estallido.
Así las cosas, el problema de Chile es que no somos capaces de perseguir la mentira ni de decir la verdad. ¿Por qué, si ya se habla de la existencia de un socialismo antidemocrático (que habita el Palacio de La Moneda), somos absolutamente incapaces de hacernos cargo del golpe de Estado revolucionario que nos ha costado la paz, la estabilidad institucional y económica, las vidas de miembros de las FF.AA. y de Orden, miles de heridos, presos y muertos? ¿Cómo es posible que no entendamos que tenemos que empezar a decir la verdad?
En Chile el PCCh y el FA dieron un golpe de Estado que estuvo a un par de votos de costarle el cargo al Presidente Piñera, quien sin la pandemia, es muy probable no hubiese llegado al final de su mandato.
Desde entonces estamos inmersos en un proceso de refundación del país que avanza lenta e inexorablemente con la llegada diaria de cientos de inmigrantes y criminales, un proceso constitucional que destruirá la subsidiariedad y el mérito como fundamentos de nuestra cultura, y el descalabro económico que empujará al sexto retiro. Cuando ello suceda… ¡eureka! habrán enterrado al neoliberalismo, desmantelando de forma definitiva las AFP, porque, me atrevo a vaticinar, será la estocada final.
Mientras tanto, los octubristas avanzan en la captura del inmenso y decimonónico aparato estatal, pues, la Corte Suprema acaba de resolver el cambio del principio de confianza legítima que impedía el despido de funcionaros públicos a contrata desde 2 a 5 años. En otras palabras, todos los funcionarios que tengan menos de 5 años en su cargo (la gran mayoría, nombrados por el Gobierno anterior) podrán ser despedidos.
Estamos frente a una de las clásicas purgas políticas del socialismo y el recambio de los funcionarios estatales junto a la contratación de un alto número de nuevos operadores políticos. Según Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC UDP), el Gobierno, en un año, contrató a más de ochenta y seis mil –exactamente, 86.622– nuevos funcionarios.
En suma, la toma del poder total que implica la captura del Estado, la destrucción del mercado y las condiciones de vida “neoliberales”, proceso de desmantelamiento institucional y neutralización de las FF.AA. y de Orden a través del activismo judicial, sigue sin freno. ¿Por qué? Porque nadie quiere decir la verdad: que el 18-O fue un golpe de Estado de fuerzas antidemocráticas coludidas con el crimen organizado, el lumpen y, muy probablemente, según esos informes que rápidamente se escondieron en los archivos judiciales, con participación de agentes extranjeros.
Es debido a este silencio que nadie está pensando en el modo de avanzar un diseño constitucional que impida a minorías violentas tomarse el poder y que todavía sean muchos los que crean que este es un Gobierno “de administración”. ¡Claro que es “de administración”! Lo que están administrando es la revolución.
Es hora de quitarse la venda de los ojos y llevar a tribunales a los culpables del desmantelamiento institucional y de la destrucción del país. Decir la verdad sobre el quiebre de 1973 y aplicar Derecho Humanitario a los militares y carabineros que tuvieron que hacerse cargo del descalabro dejado por Allende y sus amigos. Y que el “nunca más” provenga de la clase política que, nuevamente, ha mostrado ser incapaz de legislar a favor de la protección de nuestra democracia y de la integridad de Chile.
NOTA:
La versión original de este artículo apareció por primera vez en el medio El Líbero de Chile.
