Los desafíos para el nuevo Presidente, Daniel Noboa, no solo están en el plano económico –como ya se expuso en un anterior análisis–, sino también en las áreas de salud, educación, pobreza, lucha contra las drogas, medioambiente, justicia, participación ciudadana, sistema penitenciario, y demás.
En el ámbito de la salud se presentan varias problemáticas por atender, agravadas en gran medida con la última pandemia (COVID-19), que dejó en evidencia un frágil sistema hospitalario que, si bien fue sobrepasado por la demanda, por la inadecuada infraestructura que en muchos casos se encuentra obsoleta o inoperante, la falta de presupuesto para cubrir el funcionamiento, la escasez de médicos y de personal hospitalario, las mafias que no permiten la transparencia en las compras públicas, los continuos actos de corrupción, entre otros factores, han debilitado el sistema de salud pública. A esto, se añade la creciente preocupación por la salud mental, pues los casos de suicidios, depresión y trastornos similares se hacen cada vez más frecuentes y visibles, lo que establece, tácitamente, que deban fortalecerse este tipo de atenciones y servicios, además de contar con los profesionales y recursos para cubrir la creciente demanda. Pese a que existen otros desafíos relacionados con la salud, estos tienen múltiples causas que los generan y que los abordaremos más adelante.
Otro importante desafío está en la esfera de la educación, donde aún no terminan de acceder muchos niños y jóvenes que se marginaron del sistema educativo a raíz de, nuevamente, la pandemia del COVID-19; la escasez de recursos didácticos y tecnológicos, sumada a la situación de inseguridad en los últimos años, ha llevado a que sigan fuera del sistema. El sistema educativo ecuatoriano no despega en su conjunto. Aunque hay avances a nivel particular que son importantes (en algunas ciudades y contemplando ejemplos puntuales) y que se encuentran ligados a inversiones que realizan sus promotores en un entorno muy complejo, la educación pública del Ecuador persiste en un constante retraso que no le permite estar al nivel de lo que un mundo globalizado demanda. Reiterando, a pesar de que hay algunos casos de éxito, la realidad es que todo el sistema debería avanzar hacia la excelencia; además, no solo debe promoverse el acceso a la educación: también debe promoverse la retención, y para ello deben existir condiciones socioeconómicas, nutricionales, e incluso geográficas, que conduzcan a este fin. Asimismo, es necesario mejorar la articulación entre los niveles básico, medio y superior en aras de garantizar mejores resultados de acceso y satisfacción laboral; para ello, será importante tener una legislación adaptada a la vorágine de los nuevos tiempos, donde no prime lo ideológico, sino el respeto por la libertad y la interculturalidad. De igual manera, debe continuarse con el impulso a la educación técnica-tecnológica, a fin de profesionalizar los mandos medios y operativos de nuestras distintas organizaciones.
Otro desafío importante se desarrolla en el ámbito ambiental, en el que el Ecuador no logra avances suficientes, pues no solo se trata de contar con áreas de reserva naturales y declaraciones respecto a la transición ecológica. No. Se trata de acciones concretas para reducir la dependencia petrolera y realizar un verdadero cambio de la matriz energética. Cabe destacar que las nuevas tecnologías ayudan –mucho más que en otros años– a que exista un mejor balance entre la explotación de los recursos naturales y la actividad productiva que requiere el país.
En la esfera legal y de seguridad ciudadana y orden público, la inseguridad no es solo una percepción: es tangible en hechos violentos, extorsión, secuestros y demás acciones que socavan la paz ciudadana. Una Policía Nacional carente de recursos financieros, logísticos y de personal, pierde la lucha contra la delincuencia, pues esta se encuentra más armada que todas las Fuerzas del Orden. A esto, se añade una Justicia plagada de actos de corrupción que no garantiza la objetiva resolución de los casos que atiende, y que además, deja libre en muchos casos –y con pruebas en firme– a delincuentes y corruptos. La delincuencia común y el microtráfico se han tomado nuestras ciudades, llevando inclusive a la paralización de servicios y a la restricción a la libertad de circulación y trabajo: desde las cárceles se dan las órdenes, dejando en evidencia un sistema penitenciario sin norte y sin cumplir con su propósito de garantizar una sana rehabilitación para los reos. No menos importante, se requiere una decidida lucha contra la violencia ejercida hacia las mujeres, que tantas vidas se ha cobrado en los últimos años.
La institucionalidad es otro desafío importante, porque la relación entre los poderes del Estado se encuentra desgastada ¡y en su peor momento!, y no solo con el Poder Legislativo, también con el CPCCS (Consejo de Participación Ciudadana y Control Social) y la Justicia, cada uno, privilegiando su visión y no la del país (así como también la existencia de funcionarios incompetentes que llegan a ocupar la representación de estos entes). Conjuntamente, están los grupos de presión con los que el próximo Gobierno debe tender puentes; indígenas, transportistas, maestros y sindicatos de trabajadores, por mencionar unos cuantos, siempre se encuentran realizando exigencias que, de no ser aceptadas, usan las movilizaciones –y desestabilizaciones en algunos casos– para “lograrlas”.
Nuestro país enfrenta varios desafíos –algunos indicados anteriormente–, pero sin duda la desnutrición crónica infantil, la problemática de las drogas, la pobreza y la corrupción son lastres que hipotecan las oportunidades presentes y futuras de los niños y jóvenes y de sus familias. En el caso de la desnutrición crónica infantil, la atención debe ser especialmente entre los 0 a 3 años, a fin de garantizar un desarrollo apropiado y que no solo esté vinculado con la alimentación, sino también con la satisfacción de necesidades básicas (cobertura de agua potable, por ejemplo); inherentemente, a causa de la falta de oportunidades, es que se producen el abandono escolar y la búsqueda de “dinero fácil” (problemática de las drogas, la pobreza y la corrupción), por lo que muchos jóvenes engrosan las filas del microtráfico y el sicariato, fragmentando así a nuestras familias y dejando a la deriva a muchos hogares, lo que redunda en más pobreza y más desigualdad que no ven una disminución sustancial en sus indicadores.
Surge un gran interrogante respecto al Gobierno entrante de Daniel Noboa: ¿Tendrá tiempo suficiente para abordar tantos desafíos y que son tan diversos y complejos? Para ello, será importante el equipo de trabajo que delinee y las prioridades que establezca, que a su vez le permitirán determinar la hoja de ruta con las diferentes funciones del Estado, principalmente, con la Asamblea Nacional. Innegablemente, el tiempo es el mayor obstáculo, y la ciudadanía estará pendiente y juzgará las acciones desde la lógica natural: la percepción de sentir resultados que sean tangibles con tener empleo y ya no sentirse inseguros, así como también contar con una visión de futuro de país con la que el ecuatoriano se identifique y se sienta parte, y en la que una verdadera lucha contra todo lo que nos aqueja rinda sus frutos.
