La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha iniciado una serie de investigaciones que buscan determinar si las plataformas digitales de transporte han infringido el régimen de competencia leal en Colombia. No obstante, esta movida parece más una represalia orquestada en conjunto con el gremio de taxistas que una verdadera búsqueda de la justicia. En lugar de fomentar la innovación y adaptarse a las nuevas dinámicas del mercado, las acciones de la SIC y las protestas del gremio de taxistas están encaminadas a proteger un modelo de transporte arcaico y menos eficiente.
Plataformas como Uber, DiDi y Cabify han revolucionado la forma en que nos movemos, ofreciendo una alternativa segura, accesible y efectiva. En un país donde el transporte público es a menudo insuficiente y poco confiable, estas apps han venido a llenar un vacío crucial. Sin embargo, el gremio de taxistas, sintiéndose amenazado por esta competencia, ha recurrido a tácticas de presión y manifestaciones, intentando frenar el progreso en lugar de mejorar su propio servicio.
La SIC argumenta que las plataformas podrían estar generando ventajas competitivas indebidas. Pero, ¿no es acaso el libre mercado el que debe determinar qué servicios prefieren los consumidores? La verdadera ventaja de estas plataformas radica en su capacidad para innovar y adaptarse a las necesidades de los usuarios, algo que el gremio de taxistas ha sido incapaz de hacer. El mercado debe evolucionar, y aquellos que no se acomodan están destinados a quedarse atrás.
Imponer multas exorbitantes y regulaciones estrictas a estas plataformas, no solo afecta a las empresas, sino también a los cientos de miles de conductores y usuarios que dependen de estos servicios. Más de cien mil (100.000) familias viven de los ingresos generados por trabajar con estas apps, y la intervención de la SIC podría poner en riesgo su sustento.
Además, las plataformas de transporte contribuyen significativamente a la economía nacional, representando un 0,23 % del PIB. Dicha cifra demuestra el impacto positivo y el crecimiento rápido de este sector. En lugar de obstaculizar su desarrollo, el Gobierno debería buscar formas de integrar estas plataformas en el marco regulatorio existente, garantizando un campo de juego equitativo para todos.
Es evidente que la postura de la SIC y del gremio de taxistas responde más a intereses particulares que al bien común. La persecución a las plataformas digitales de transporte no solo es un ataque a la innovación: también es una afrenta a los derechos de los consumidores de elegir libremente el servicio que mejor les convenga. La verdadera competencia debe basarse en mejorar y adaptarse, no en frenar a quienes traen progreso y eficiencia.
La discusión abierta y transparente que propone la SIC debe enfocarse en cómo integrar estas innovaciones de manera justa, no en cómo castigarlas. Es momento de que las autoridades y el gremio de taxistas comprendan que el futuro del transporte es digital y que la mejor manera de avanzar es adaptarse, no resistirse al cambio. Las plataformas de transporte han llegado para quedarse y, en lugar de perseguirlas, deberíamos celebrar el avance que representan para Colombia.
