La propuesta de reforma judicial presentada en 2024 por el gobierno de México ha encendido alarmas tanto en el país como en el extranjero. Esta reforma plantea cambios profundos en cómo se eligen y supervisan a los jueces, con implicaciones que podrían alterar el equilibrio de poderes en la nación y comprometer la independencia judicial, un pilar fundamental de cualquier democracia saludable.
La reforma incluye medidas como la elección de jueces por votación popular y la reducción de sus mandatos para que coincidan con el período presidencial. Estas propuestas, aunque presentadas bajo la premisa de hacer más transparente y accesible el sistema de justicia, podrían tener el efecto contrario: politizar el Poder Judicial y hacerlo susceptible a la influencia de las mayorías y los intereses políticos del momento.
Para entender por qué estas propuestas son tan preocupantes, es útil recordar lo que Alexander Hamilton escribió en el Federalista 78, donde argumentaba que el Poder Judicial debe ser independiente para servir como un baluarte contra los abusos de poder del Ejecutivo y el Legislativo. Si los jueces dependen de los votos populares para mantener su puesto, podrían sentirse obligados a dictar sentencias que agraden a los votantes o a los políticos poderosos, en lugar de basarse en la ley y la justicia.
Este principio es vital en cualquier sistema democrático que aspire a ser justo y equitativo. La independencia judicial no es un capricho, sino una necesidad para garantizar que todos, desde el ciudadano más común hasta el más poderoso, tengan un acceso igualitario a la justicia. O, en palabras más simples: asegurar la igualdad ante la ley, asegurando que sea imparcial y libre de las influencias del Ejecutivo o Legislativo. Así pues, Hamilton entendía que, sin esta independencia, la justicia no podría proteger verdaderamente los derechos de las personas. Este principio es fundamental para mantener el Estado de derecho en cualquier democracia.
Politizar la justicia es sumamente riesgoso; los argumentos populistas y demagógicos para defender esta idea tiránica se basan simplemente en eliminar la corrupción. En realidad, las personas que aparezcan en la boleta judicial –sí, así como la van a llamar– serán propuestas por los otros poderes: entonces, la justicia entre amigos o el compadrazgo, como lo llamamos aquí, va a legitimarse, ya que los ciudadanos comunes y corrientes no van a estudiar a los casi cuatro mil candidatos encargados de impartir justicia. En segundo lugar, se propone la creación de un Tribunal de Disciplina, formado por cinco personas elegidas por los poderes Ejecutivo y Legislativo, que sustituirá al Consejo de la Judicatura (formado por abogados).
Básicamente, la función de este nuevo órgano será evitar que los jueces y magistrados electos sucumban ante la corrupción. La trampa: si un ciudadano se queja de un acto anticonstitucional o inconstitucional y se le otorga una sentencia favorable, los encargados de este órgano disciplinario lo castigarán, dando vista al Ministerio Público, iniciando acción penal e incluso encarcelando a quien dictase dicha sentencia. Todo esto, además de perder su trabajo, por ir en contra de lo establecido por el régimen autoritario. Como advertía Hamilton, si la justicia se convierte en un juego político, los ciudadanos pierden su mejor defensa contra el abuso de poder.
Incluso, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (A.C.N.U.D.H.) advirtió que estos cambios podrían agravar problemas como la impunidad y los abusos contra los sectores más vulnerables, especialmente si los jueces sienten presión para emitir sentencias que satisfagan al gobierno o a las mayorías políticas, en lugar de actuar según la ley y la justicia imparcial.
La independencia judicial no solo es crucial para la democracia y el Estado de derecho, sino también para la economía. Un estudio reciente de la Universidad de Stanford, en colaboración con la Barra Mexicana de Abogados, alerta sobre la incertidumbre de los inversionistas ante un sistema judicial que pueda ser manipulado por el poder político, pues las reglas del juego pueden cambiar en cualquier momento, lo que aumenta el “riesgo país”. Por tanto, el impacto de esta reforma podría ir más allá de nuestras fronteras, afectando acuerdos internacionales como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Este tratado se basa en la confianza mutua de que los tres países respetarán el Estado de derecho. Si la independencia judicial en México se ve comprometida, nuestros socios comerciales podrían dudar de nuestra capacidad para cumplir con los acuerdos establecidos, lo que podría llevar a sanciones o restricciones comerciales.
Además, en los últimos seis años, México ha descendido constantemente en el Índice de Libertad Económica, perdiendo casi 20 posiciones debido a la creciente intervención del gobierno en las instituciones clave y la erosión de la independencia de las mismas. Si esta reforma sigue adelante sin ajustes significativos, es probable que México caiga aún más, pues, como dije antes, no existen garantías suficientes para proteger la inversión extranjera (o nacional) frente a decisiones arbitrarias o políticas. Consecuencia de esta incertidumbre es la notable depreciación del peso, que pasó de 19 a 21 pesos en solamente una semana; esta volatilidad en el valor del peso no es un fenómeno aislado. Desde las elecciones de junio de 2024, donde Claudia Sheinbaum ganó la presidencia y el partido Morena consolidó la supermayoría legislativa, el peso se ha depreciado más de 15%, y el índice de la bolsa mexicana ha caído un 11%.
Con el asesinato del Poder Judicial, al permitir que sean elegidos por voto popular y controlados por un tribunal disciplinario alineado con el gobierno, la justicia se convierte en un brazo político, al servicio de los partidos, o en su caso, de los delincuentes. Esto no solo socava la protección de los derechos ciudadanos, sino que también genera desconfianza en la estabilidad del país, convirtiéndonos en una tiranía legitimada por una oligarquía y al servicio de una demagogia.
