En Colombia, el centralismo sigue siendo un freno para el desarrollo regional, y la reciente prohibición de exportaciones de carbón a Israel ilustra cómo las decisiones tomadas en el centro del poder pueden golpear con dureza a las regiones periféricas. Esta medida, que entrará en vigor el 19 de septiembre de 2024, ha desatado una ola de críticas y preocupación, especialmente en La Guajira y César, regiones que dependen en gran medida de la minería del carbón.
La prohibición no es una cuestión menor. En 2023, las exportaciones de carbón térmico a Israel representaron el 5% del total de las exportaciones de este mineral, una cifra que equivale a 447 millones de dólares. Esta cantidad no solo es significativa en términos absolutos, sino que se compara con la totalidad de las exportaciones de Colombia al Reino Unido y supera las exportaciones de rosas y aguacates hass combinadas. Para las regiones afectadas, la pérdida de este mercado implica una reducción directa de ingresos vitales.
La medida tiene efectos económicos tangibles y negativos. Se estima que la prohibición podría traducirse en una pérdida de aproximadamente 650 mil millones de pesos en impuestos, regalías y contribuciones para el país. Esto representa una reducción significativa en los recursos fiscales que sostienen a las regiones productoras de carbón, especialmente La Guajira y César, que dejarían de percibir más de 100 mil millones de pesos. Este aporte fiscal es equivalente al 31% del aporte en renta del sector TIC y al 20% del aporte del sector de la construcción.
Además, la prohibición incrementa la incertidumbre jurídica, una preocupación destacada por Analdex y AmCham Colombia. La medida ha sido criticada por su posible violación de los Tratados de Libre Comercio (TLC) vigentes, como el TLC con Israel, que prohíbe restricciones a las importaciones y exportaciones salvo en circunstancias excepcionales. La Asociación Colombiana de Minería (ACM) advierte que esta medida podría afectar también los TLC con Suiza y Estados Unidos, generando un entorno de inversión más incierto.
La prohibición también tiene un impacto en las inversiones. María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, ha señalado que las decisiones recientes del gobierno, como la restricción a la exploración de gas offshore y la cancelación del proyecto Oslo, están erosionando la confianza de los inversionistas. La región Caribe, que necesita urgentemente inversión para su desarrollo, se enfrenta ahora a una mayor incertidumbre y menores oportunidades económicas.
La lección que se puede extraer de esta situación es que el centralismo en Colombia sigue sin entender las realidades económicas locales. Las decisiones tomadas desde Bogotá, sin una adecuada consideración de los impactos regionales, terminan castigando a las áreas que más necesitan apoyo para su desarrollo. En lugar de imponer restricciones que afectan desproporcionadamente a las regiones productoras de carbón, el gobierno debería adoptar un enfoque más descentralizado, que respete las particularidades locales y fomente un desarrollo más equilibrado.
El desarrollo económico real no puede ser impuesto desde un solo punto de poder. Requiere un enfoque que valore y potencie las fortalezas regionales, y que respete las contribuciones económicas de cada área. Mientras Colombia siga sometiendo a sus regiones a decisiones centralizadas que ignoran sus realidades, continuará perdiendo el potencial de crecimiento y desarrollo que estas regiones pueden ofrecer. Es hora de que el país aprenda a equilibrar el poder y a considerar seriamente las necesidades y aportaciones de todas sus regiones.
