El riesgo país es un indicador que mide la percepción de los actores internacionales respecto de la posibilidad de que un país cumpla con sus pagos de deuda. A saber, el Ecuador, históricamente, ha mostrado una importante volatilidad sobre este indicador, ocasionada no solo por factores económicos sino también políticos, lo que se manifiesta en diversos picos –por citar los últimos eventos desde 2019– derivados de las protestas indígenas, del desplome del precio del petróleo, la pandemia del COVID-19, la “muerte cruzada”, entre otros, los cuales allanaron el camino para que el país sea percibido como inseguro para invertir o solicitar recursos mediante financiamiento.
El 13 de diciembre de 2023 llegó a 2.141 puntos: el pico más alto durante el mandato de Daniel Noboa. El viernes 7 de febrero de 2025, antes de la Primera Vuelta Electoral, alcanzó los 903 –percepción de victoria por amplio margen de nuestro actual mandatario, incluso en primera vuelta–. El resultado no fue alentador para el partido de gobierno, pues la diferencia fue menor al 1%, lo que llevó a que el lunes 10 de febrero llegara a 1.162 puntos –un día después de las Elecciones de 1.ª Vuelta–. Para el 14 de febrero sube a 1.241 puntos, debido a la salida del ministro de Economía, Cueva –muy ligado a la disciplina fiscal–, encargándose el ministerio a quien se desempeñaba como ministro de Producción –más apegado a “abrir” la llave del gasto por lo delicado de los resultados electorales–. Para el 19 de febrero sube a 1.361. El viernes antes de la Segunda Vuelta Electoral llegó a 1.908 por la probabilidad de victoria de la candidata correísta, Luisa González –y todo lo que significa el regreso de esa tendencia política al gobierno, reflejado en exceso de gasto público, alto endeudamiento, niveles escandalosos de corrupción, y demás–. Con la amplia victoria del presidente Noboa, para el 14 de abril –un día después de las elecciones– el riesgo país cae a 1.282 puntos; y así, para el 16 de mayo se ubica en 1.020 (mayoría legislativa en la Asamblea), el 30 de junio en 814 (aprobaciones de varios proyectos de ley económico-urgentes hasta ese momento), al 4 de julio de 2025 llega a 796 y, para el viernes 22 de agosto, cierra en 765 puntos, debido a los acuerdos alcanzados con varias economías en materia de comercio, seguridad y defensa (giras presidenciales), acuerdos con organismos multilaterales, dinamismo de la economía evidenciado en aumento de consumo, ventas locales y ventas externas, reducción del tamaño del Estado, leve recuperación del precio del petróleo, entre otros.
No obstante, aún persisten problemas estructurales que no permiten al riesgo país disminuir todavía más. Esto se debe a la alta dependencia de los ingresos petroleros, la limitada diversificación de los ingresos fiscales, el alto nivel de endeudamiento, el persistente déficit fiscal, y demás. El gobierno tiene como enfoque de su política económica revertir esta tendencia en los próximos años para que el riesgo país se reduzca significativamente, pues hay países con niveles envidiables, como es el caso Uruguay –que se encuentra por debajo de los 100 puntos– u otras naciones como Chile, Perú, inclusive Colombia –con todo y Gustavo Petro a la cabeza–, por mencionar unos pocos ejemplos, que tienen niveles de riesgo país entre 150 y 280 puntos, en promedio; todo esto ayuda a un mejor acceso a los mercados internacionales para la emisión de bonos. El Ecuador, si desea hacerlo en estos momentos –a pesar de un nivel muy bajo respecto de la tendencia que ha mantenido todos estos años–, significaría emitir deuda con una tasa de interés entre 9% y 10%. Otro ejemplo importante es el caso de Argentina: antes de la llegada al poder de Javier Milei, el riesgo país se ubicaba por encima de los 2.000 puntos (diciembre de 2023); ahora se ubica en 753 puntos, derivado de una serie de decisiones que han mejorado los indicadores macroeconómicos de dicho país.
Ahora bien, ¿en qué nos beneficia que reduzca el riesgo país? Ecuador tendría menores costos de financiamiento, ayudando de este modo a un financiamiento externo (vía emisión de bonos) más barato. Asimismo, se proporcionarían mejores condiciones para próximas negociaciones con multilaterales (por ende, menos exigencias drásticas, de ser la situación). Y también, habría mayor confianza de inversionistas privados, lo que conllevaría a que los flujos de inversión extranjera directa podrían incrementarse, especialmente en sectores como energía renovable, minería responsable y agroexportación, entre otros.
En todo caso, las acciones que continúe llevando a cabo el gobierno permitirán la reducción sostenida del riesgo país, así como la atención de los problemas estructurales antes mencionados, de cara a lograr niveles aceptables que consientan mejorar nuestras condiciones en el mercado internacional.
