Otra carga injusta para la región Caribe para financiar los lujos de los políticos
La decisión del INVIAS de imponer un cobro de valorización a más de 155 mil predios en Barranquilla y Cartagena debido a la construcción de la Vía al Mar, es un claro ejemplo de cómo el centralismo sigue perjudicando a la región Caribe. Este impuesto, que se calcula sobre el valor comercial de los terrenos, podría generar una recaudación significativa, pero la pregunta clave es: ¿realmente beneficia a la región o es otra carga impuesta desde Bogotá?
La región Caribe ya enfrenta múltiples desafíos económicos y sociales. Barranquilla, por ejemplo, ha sido una de las ciudades con mayor crecimiento en el país en los últimos años, pero ese crecimiento también ha venido acompañado depresiones fiscales y un costo de vida que sigue en aumento. Este nuevo impuesto, que afecta a 89 mil predios solo en Barranquilla, podría traducirse en un incremento de los costos para los propietarios y, eventualmente, en un aumento en los precios de los bienes y servicios locales.
Además, los cobros de valorización llegan en un momento en que la economía global y nacional enfrenta retos significativos. La inflación ha golpeado duramente a las familias y las empresas en la región, y un nuevo impuesto podría ser la gota que colme el vaso para muchos pequeños y medianos empresarios que luchan por mantenerse a flote.
Es importante destacar que este tipo de decisiones no siempre consideran las particularidades de las regiones. La fórmula para calcular la valorización está diseñada desde el centro del poder en Bogotá, sin tener en cuenta que el impacto económico y social en la región Caribe podría ser mayor que en otras partes del país. Los propietarios de predios en corregimientos como La Playa y Juan Mina, áreas que históricamente han sido menos favorecidas, se verán obligados a asumir una carga económica que, en muchos casos, no están en condiciones de soportar.
Desde una perspectiva liberal, este tipo de medidas centralizadas son contraproducentes. En lugar de impulsar el desarrollo regional, podrían terminar por asfixiarlo, generando un clima de resentimiento y desconfianza hacia las instituciones del Estado. La descentralización del poder y de la toma de decisiones no solo es una cuestión de equidad, sino también de eficiencia económica. Permitir que las regiones decidan cómo financiar sus propios proyectos de infraestructura aseguraría que los recursos se utilicen de manera más efectiva y en consonancia con las necesidades locales.
En resumen, el cobro de valorización por la Vía al Mar, tal y como ha sido diseñado, es un ejemplo de cómo el centralismo continúa imponiendo cargas desproporcionadas a la región Caribe. En lugar de ayudar al desarrollo, podría terminar por frenar el progreso que tanto necesita esta zona del país. Es momento de replantear la forma en que se toman estas decisiones, promoviendo una verdadera descentralización que empodere a las regiones y permita un crecimiento más equitativo y sostenible.
