En los últimos meses, la inflación en Colombia ha mostrado un comportamiento preocupante: la tasa anual se ha mantenido estancada alrededor del 5%, lejos de la meta del Banco de la República.
Desde enero de 2025, la variación interanual ha oscilado entre 5,28% y 4,82%, sin lograr una desaceleración clara hacia el rango meta (±3%), pese a que las tasas de interés permanecen en niveles altos (9,25%). ¿Por qué ocurre esto? La explicación no se encuentra únicamente en la política monetaria, sino también en el frente fiscal.
La Teoría Fiscal del Nivel de Precios (TFNP) sostiene que el nivel general de precios no depende solo de la cantidad de dinero emitida por el Banco Central, sino de la coherencia intertemporal de la política fiscal. Dicho en otras palabras, lo que ancla el valor de la moneda no es la política monetaria en sí misma, sino la capacidad creíble del Estado de honrar su deuda sin recurrir a la inflación como vía de financiamiento.
Cuando los agentes perciben que el déficit fiscal es estructural y persistente, la confianza en la solvencia del Estado se erosiona. Esto eleva las expectativas de inflación futura y genera rigidez en la baja de precios, incluso si el Banco Central mantiene una política restrictiva. La lucha contra la inflación con tasas altas puede terminar siendo impotente si la política fiscal no corrige los desequilibrios.
El caso colombiano ilustra esta dinámica. En 2024 el déficit fiscal alcanzó el 6,7% del PIB, equivalente a más de 114 billones de pesos, y en lo corrido de 2025 el déficit mensual promedio ha crecido más del 90% respecto al año anterior. En el Presupuesto General de la Nación, el 62,7% está destinado a gasto de funcionamiento, mientras que solo el 15,7% corresponde a inversión. Esto significa que gran parte de los recursos financian burocracia y no proyectos productivos de largo plazo.
Desde la óptica de la TFNP, este patrón fiscal reduce la credibilidad de cualquier esfuerzo desinflacionario. Aunque el Banco de la República mantenga una política de tasas elevadas, los agentes económicos internalizan que el déficit deberá financiarse en algún momento con inflación o monetización de deuda.
El estancamiento inflacionario actual –con una tasa cercana al 5% que no cede a pesar de la política monetaria contractiva– refleja con claridad lo que advierte la TFNP. Actualmente, el país mantiene una política fiscal expansiva y deficitaria, dominada por un gasto corriente elevado y fuentes de financiamiento inestables. Esto produce una pérdida de confianza en la sostenibilidad fiscal que alimenta expectativas inflacionarias persistentes. A ellos se le suma la erosión de la inversión productiva, que limita la capacidad de la economía para absorber la demanda, mientras el Banco de la República, al manipular la tasa de interés, no solo se muestra incapaz de compensar el deterioro fiscal, sino que introduce nuevas alteraciones en la estructura productiva.
La inflación en Colombia no es un simple fenómeno técnico que pueda resolverse con más control monetario o con ajustes superficiales en las tasas de interés. Es, sobre todo, la manifestación de un Estado sobredimensionado que ha hecho del déficit y del gasto burocrático su norma.
Cuando el gobierno gasta persistentemente más de lo que ingresa y financia ese exceso con deuda e impuestos futuros, traslada los costos a los ciudadanos en forma de pérdida de poder adquisitivo. La inflación, en este sentido, no es otra cosa que un impuesto encubierto que carcome el ahorro, que distorsiona los precios relativos y que frena la acumulación de capital.
El crecimiento sostenible requiere ahorro genuino, inversión productiva y seguridad en los derechos de propiedad. Pero en Colombia, la política fiscal ha castigado a los sectores productivos y ha premiado el consumo inmediato y el gasto inercial, lo cual ha creado una economía que consume su base de capital en lugar de fortalecerla, atrapando a la sociedad en un ciclo de bajo crecimiento e inflación persistente.
El camino hacia la estabilidad no pasa por más intervención, sino por restaurar la disciplina fiscal, reducir el tamaño del Estado, liberar al sector productivo de cargas regulatorias y fortalecer la seguridad jurídica. Solo así se podrán alinear las expectativas de largo plazo, atraer inversión y permitir que el proceso de mercado genere riqueza y progreso real.
En definitiva, la inflación en Colombia no puede entenderse únicamente como un problema fiscal ni como una falla del Banco Central de forma aislada, sino como el resultado de un entramado institucional que desfigura las señales del mercado. Tanto el desorden fiscal –con su gasto improductivo y déficit crónico– como la acción del Banco de la República –al manipular artificialmente las tasas de interés– generan un entorno de descoordinación intertemporal que dificulta el ahorro, desalienta la inversión productiva y distorsiona la estructura del capital. En la medida que no se corrija esta raíz institucional y se limite el poder del Estado para manipular tanto el gasto como la moneda, el país seguirá atrapado en un círculo de deuda creciente, precios que se resisten a bajar y una economía cada vez más frágil.
FUENTES
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