La Asamblea General de las Naciones Unidas expuso una vez más las tensiones fundamentales de la relación entre Israel y Palestina. Los discursos de Benjamín Netanyahu y Mahmud Abás no solo reflejaron posiciones enfrentadas, sino que dejaron en evidencia las fracturas dentro de la comunidad internacional y los dilemas que atraviesan a las potencias frente a este conflicto.
El discurso de Benjamín Netanyahu en la Asamblea General estuvo marcado por un clima de tensión, ya que varias delegaciones se retiraron de la sala al comenzar su intervención, gesto que anticipaba el rechazo al tono y contenido de su mensaje. El primer ministro insistió en que Israel actúa en legítima defensa, recordando los ataques del 7 de octubre, y negó categóricamente las acusaciones de terrorismo o genocidio. Según él, Israel habría cumplido con su deber humanitario al advertir a la población de Gaza para que evacuara las zonas que serían bombardeadas.
Sin embargo, aquí surge la contradicción central: aunque se alerte de un ataque, ¿qué alternativa real tiene un civil cuando se le obliga a abandonar su hogar, sus tierras y su vida cotidiana bajo amenaza de muerte? El resultado es que las operaciones militares, aun dirigidas a combatientes o instalaciones de Hamás, repercuten inevitablemente en la población civil, generando desplazamientos masivos, destrucción y muertes indiscriminadas.
Las tácticas empleadas, como la intervención de líneas móviles, el lanzamiento de folletos desde el aire y la instalación de parlantes alrededor de Gaza para transmitir mensajes en tiempo real, se presentan como medidas de advertencia, pero también rozan el terreno del terror psicológico. Constituyen, en última instancia, una demostración de poder que Israel ejerce sin contrapesos efectivos, en gran medida gracias al paraguas político y militar de los Estados Unidos. Estas acciones fueron mencionadas con orgullo por Netanyahu, quien agradeció el trabajo de la inteligencia israelí.
El primer ministro además, enumeró las operaciones militares de los últimos meses, justificándolas no solo como parte de la seguridad nacional, sino también como un aporte al beneficio de la comunidad internacional. Bajo esta narrativa, Israel no estaría simplemente protegiendo su territorio, sino librando una batalla “universal” contra el terrorismo.
No obstante, gran parte de estas acciones responden más a una percepción de amenaza propia que a una agresión concreta contra el pueblo o el territorio israelí. Ejemplos de ello son el bombardeo a las instalaciones nucleares iraníes o el ataque a objetivos de Hamás dentro del territorio de Qatar, medidas que violan abiertamente la soberanía de terceros Estados y omiten cualquier intento de mediación diplomática previa.
La cuestión central es hasta dónde puede estirarse el principio de soberanía y de defensa propia. ¿No se ha convertido en una carta blanca que legitima cualquier acción, incluso cuando impacta de manera directa sobre civiles? Y aún más inquietante: ¿no se recurre en exceso a la memoria del antisemitismo y a la causa judía para blindar políticas que, en la práctica, derivan en nuevas violaciones a los derechos humanos?
En contraste, Mahmud Abás intervino por videoconferencia. Su discurso acusó a Israel de genocidio, destrucción masiva, desplazamiento de más de 200 mil palestinos y de permitir ataques de colonos directamente contra civiles. Pero por otro lado, dejó en claro su distancia respecto de Hamás y condenó los ataques del 7 de octubre y la toma de rehenes, afirmando que “no representan al pueblo palestino ni a su lucha por la libertad”. Añadió que Hamás “no tendrá lugar en un futuro gobierno” y que deberá entregar sus armas a la ANP (Autoridad Nacional Palestina, o Autoridad Palestina), subrayando que no quieren un Estado armado. Abás también pidió un cese inmediato y permanente de la guerra en Gaza, la entrada sin trabas de ayuda humanitaria, la liberación de rehenes y prisioneros de ambas partes, y el fin total de la ocupación israelí.
Históricamente, la relación entre Hamás y la Autoridad Palestina ha sido ambivalente: alianzas por conveniencia, acuerdos de reconciliación que han fracasado y enfrentamientos directos. En particular, tras la victoria electoral de Hamás en 2006 y su toma de Gaza en 2007, la ANP quedó dividida institucionalmente con Hamás controlando Gaza. Desde entonces hubo acuerdos como los de La Meca (2007), Doha (2012) y El Cairo (2012-2014), todos con promesas de unidad, de gobierno compartido y de elecciones, pero ninguno logró borrar el control real de Hamás sobre la Franja.
Con estos antecedentes, se genera duda si lo dicho por Abás es una intención real o no es más que una retórica diplomática. Para que Hamás quede realmente apartado del poder se necesitará algo más que palabras: voluntad interna, respaldo internacional fuerte, capacidad institucional del Gobierno y, probablemente, concesiones.
RECONOCIMIENTOS RECIENTES & CÁLCULOS GEOPOLÍTICOS
En las últimas semanas una ola de reconocimientos diplomáticos a la causa palestina (varios Estados europeos y otros aliados de peso) provocó un reajuste en el tablero internacional. Aunque el gesto se presenta como solidaridad con los “derechos nacionales palestinos”, detrás conviven motivaciones diversas: presión de la opinión pública por la crisis humanitaria, el desgaste de la imagen de ciertos gobiernos que toleraron la situación durante años, y cálculos estratégicos para restaurar la idea de una solución de dos Estados como mecanismo de estabilidad. Esta confluencia podría explicar por qué muchos países actuaron en este momento y no antes.
HAMÁS EN RETROCESO: ¿VERDADERA DEBILITACIÓN O FATIGA OPERATIVA?
Israel ha reivindicado que su campaña ha degradado significativamente la capacidad militar de Hamás y que esa debilitación habilita ofensivas sucesivas con el objetivo declarado de eliminar la amenaza. Al mismo tiempo, la presión sobre Hamás alimenta tensiones internas y abre la posibilidad de que la ANP recupere relevancia, siempre y cuando logre una reconstrucción institucional creíble. Pero existe el riesgo real de que, si la destrucción se percibe como total y sin horizonte político, la radicalización se reproduzca en otra forma, comprometiendo cualquier esperanza de paz sostenida.
A MODO DE CONCLUSIÓN
La defensa de la soberanía es esencial. Ningún Estado puede contemplar sin respuesta ataques masivos que ponen en riesgo a su población, pero ese principio no puede convertirse en una licencia para erosionar los derechos individuales y colectivos de civiles ajenos al combate. La libertad, entendida como derecho a la seguridad personal, al acceso a la asistencia humanitaria y a la existencia política, debe ser el eje que articule tanto la crítica a la violencia de origen terrorista como la denuncia de excesos estatales.
La Asamblea General mostró un tablero polarizado: discursos que apelan a la historia y a la innovación de Israel conviven con acusaciones de genocidio y llamados al cese del fuego. La política internacional reaccionó tarde para muchos; el reconocimiento de Palestina ahora no borra décadas de acción diplomática ausente, ni resuelve de un plumazo el nudo político y de seguridad. Se necesitan, además de presión internacional y reconocimiento simbólico, instituciones palestinas fortalecidas, garantías de seguridad verificables para Israel y mecanismos internacionales de supervisión que protejan a la población civil sin importar el lado del que provenga la amenaza.
La LIBERTAD como brújula moral exige coherencia: defender el derecho de un Estado a existir no puede amparar la violación sistemática de los derechos de los no combatientes. Del mismo modo, la denuncia de abusos debe ser acompañada de propuestas que devuelvan agencia política y seguridad a quienes hoy viven bajo ocupación o bombardeos.
