La libertad tiene bastantes enemigos. En los últimos tiempos, el ambientalismo y el animalismo han vivido una infiltración de estatistas, quienes han aprovechado su posición de poder para posicionar la agenda progresista.
Hace contados días, algunos concejales de Bogotá, anunciaron la propuesta de declarar un día sin carne al año para ayudar a combatir el cambio climático. El proyecto despertó toda una serie de críticas contra este, justificadas también por las cifras que emite el propio Observatorio de Salud de Bogotá (SaluData) a causa de los propios problemas nutricionales de los bogotanos, particularmente, los de los más pequeños, como el hecho de que 1 de cada 100 menores de 5 años está desnutrido.
EL PROGRESISMO AMBIENTAL
Teniendo en cuenta los mismos datos que da el Observatorio de Salud de Bogotá, no deja de tener un sesgo clasista la propuesta, dados los precios actuales de la carne que ya dificultan el acceso a proteínas al decil más pobre de los bogotanos.
A pesar de que la concejal que propuso la idea: Andrea Padilla, menciona que es una medida voluntaria, es difícil creer que una propuesta hecha desde el Estado no termine transitando hacia la imposición, pese a las advertencias que han hecho algunas asociaciones médicas y de enfermería sobre los problemas de suprimir proteína de calidad de la dieta humana.
No nos extrañe que el día de mañana, la propuesta trascienda a una ley de carácter nacional y obligatorio, en donde se nos impongan seguir al pie de la letra, tablas nutricionales completas con sus respectivas tablas de equivalencias, y tomar cursos de gastronomía vegana incluidos, pues, además, “serán gratis”.
PARA REFLEXIONAR
Debido a los confinamientos obligatorios que se instauraron por efectos de la propagación del virus COVID-19; abrimos con mucha celeridad una puerta que, muy difícilmente, podremos cerrar de la misma manera: un enorme poder concedido a nuestros dirigentes políticos.
Por ende, es un peligro latente que la mano estatal interfiera en la mesa de nosotros los ciudadanos como ya ocurrió alguna vez cuando se ha buscado insistentemente subir el impuesto a las bebidas azucaradas, y como ya ocurre con el impuesto al carbono, vigente desde el año 2016. Estas medidas populistas, conjuntamente con una ineficiencia del gasto público en América Latina del 4.4% y la poca o nula trazabilidad que tienen, y los recursos con que se impulsan después de su implementación; sólo motivan la desconfianza, por muy buenas intenciones que tengan.
