Hace unos meses, señalé abiertamente mi postura en contra de un adelanto de elecciones. Debo mencionar que hasta el momento conservo dicha posición, pero con ciertos matices –cuestión de la que me ocuparé más adelante–. La razón de mi desencanto no era precisamente porque respaldara a capa y espada al Congreso de la República, como muchos solían indicar; muy por el contrario, he sido muy crítica, incluso con la oposición. El fundamento tampoco radicaba en mantener al expresidente Castillo en el cargo –sería un sinsentido de mi parte, y más aún, una ofensa para el país pensar de ese modo–. La verdadera razón de mi actitud iba más allá de algún tipo de defensa partidaria, y era porque por lo menos, en su momento, consideré que “la cura” en términos de precedentes sería peor que la enfermedad.
Mi argumentación se hilaba de la siguiente manera. En primer lugar, señalé que aprobar un adelanto de elecciones diluía la responsabilidad de Pedro Castillo frente a las graves acusaciones en su contra. En segundo lugar, argumenté que un adelanto de elecciones y la vacancia (figura regulada en la Constitución) no son mutuamente excluyentes; basta con recordar el caso del expresidente Alberto Fujimori, de quien se declaró su vacancia por incapacidad moral permanente, luego renunciaron sus vicepresidentes y, finalmente, se convocó a un adelanto de elecciones –así, la única manera de conseguir constitucionalmente un adelanto de elecciones, por el momento, es a través de la vacancia o mediante una acusación constitucional–. Y, en tercer lugar, sostuve que dejaría un precedente gravísimo: si un Presidente no era de mi agrado, adelanto elecciones y “crisis resuelta”.
Con respecto al tercer punto, si bien en este caso comprendí a aquellos que buscaban en su momento un adelanto de elecciones, pues existían considerables indicios de corrupción por parte del expresidente, sí creía que no era la mejor salida. Patear el tablero y lanzar los dados nuevamente, habría generado un daño institucional mucho más alto que simplemente utilizar una figura previamente regulada. Sin embargo, el panorama ha cambiado y mi opinión también, o por lo menos, me mantengo menos pesimista ante la propuesta.
Antes de continuar, especial atención merece lo siguiente: Pedro Castillo no es ninguna víctima como ahora la izquierda y su defensa pretenden mostrarlo. Es un dictador que buscaba perpetuarse en el poder, pero gracias a que nuestras instituciones democráticas despertaron en el momento oportuno, se logró impedir que el Perú cayera en caos y miseria como otros países de la región. No obstante, era de esperarse que la violencia de ciertos grupos marcara el camino posterior a la vacancia, y no por ello debemos permitir amedrentarnos. Solo es una expresión de frustración: coletazos de un movimiento derrotado. En parte lo entiendo. La izquierda había fracasado, pese a haber contado con todos los recursos imaginables, incluyendo los del Estado. ¿Mi mayor recomendación? Si la izquierda quiere sobrevivir, debe tener una discusión seria sobre si acepta jugar dentro de los mínimos de una democracia; si no es así, debe retirarse.
UNA SALIDA… ¡PERO CON REFORMAS!
Estamos frente a un nuevo panorama que, evidentemente, no significa un borrón y cuenta nueva: para Castillo y su Gobierno no podía haber otro fin. En tal sentido, las cosas están como deben estar. ¿Nos tiene que gustar la nueva Presidente? No necesariamente, y de hecho, tampoco es de mi agrado, aunque sin lugar a dudas, su ascenso al poder es legítimo. La vacancia por incapacidad moral no se transmite de Presidente a Vicepresidente, y tenemos que ser respetuosos de la Constitución; Dina Boluarte tendrá que asumir, y en función de sus actitudes y acciones veremos qué sucede, más no podemos adelantarnos a los hechos. Ahora bien, es cierto que en sus manos también está el adelanto de elecciones si es que renuncia, y cada vez es más unísono el respaldo a dicha propuesta. La política no debe ser distante al llamado ciudadano, conservando la cautela, por supuesto. Napoleón Bonaparte señalaba: “vísteme despacio que tengo prisa”, frase que hace referencia a que las prisas a nada bueno conducen. De ese modo, para resolver la crisis política no nos podemos desesperar, pues al querer resolverla rápido, podríamos crear peores escenarios. Estoy a favor del adelanto de elecciones si es que es “la única” salida a la crisis, pero tras las reformas. Las reformas son el primer paso, no es el momento para apresurarnos (Presidencia de la República del Perú, 2019).
Como lo he mencionado anteriormente, adelantar las elecciones no resolverá todos nuestros problemas. Aun así, corresponde evaluar algunas consideraciones.
Es cierto, quedarnos con un Ejecutivo precario no sería tan saludable para nuestra democracia. Posiblemente, el no hacer nada nos aseguraría continuar en una crisis hasta 2026. No existe una alternativa ideal. Es seguro: adelantar elecciones de manera inmediata –incluso con reformas–, probablemente, también nos lleve a un escenario similar al de 2021, y quizá, incluso, con una candidatura de izquierda más radical y abiertamente autoritaria. Sin embargo, ¿las elecciones tendrían que hacerse el día de hoy? No, en lo absoluto, ni siquiera luego de una legislatura, ni el próximo 28 de julio que es la fecha que la Constitución señala para asumir la Presidencia. Considero, en principio, que lo más prudente sería anunciar elecciones para 2024 y paquetes de reformas bien pensadas para 2023. Tengamos en cuenta, además, que no operarían las mismas reglas que en 2021: si hay nuevas elecciones, habrá elecciones primarias por primera vez. Seamos sinceros, es muy difícil que la nueva Presidente logre mantenerse hasta 2026. No tiene partido, tampoco bancada, ¡ni siquiera hay más Vicepresidentes! La discusión sobre adelantar las elecciones llegará, querámoslo o no.
UN FUTURO POR CONSTRUIR
La presión ciudadana ya empezó, y esa presión debería marcar la ruta. Con la mano de la demagogia atada a la espalda, debemos iniciar un proceso de transición con reformas para recuperar la confianza en los ciudadanos. En una democracia representativa es necesario sentirnos representados con las autoridades que elegimos, y la mejor forma de sentirlo, es siendo atendidos junto con nuestras demandas de manera efectiva. Por este motivo, en las siguientes líneas desarrollaré sobre algunas reformas políticas pendientes.
En primer lugar, ante una democracia partida hace falta más democracia en los partidos. Así como dijo Cayetana Álvarez de Toledo (2022): “donde antes existían partidos fuertes, hoy rige una partitocracia, Y donde antes había grupos parlamentarios, hoy asoma la grupocracia”. Las cúpulas de los partidos construyen las listas electorales con lealtad como prioridad absoluta confabulando en contra del mérito y en favor de la mediocridad. Opino que las elecciones primarias, reforma que regirá a partir de ahora, son un buen primer paso. A mi juicio, a ello habría que agregarle reformas como el voto voluntario que observo presentan incentivos correctos para mejorar a los partidos políticos, pues tendrán que trabajar seriamente para encontrar a los mejores cuadros y ganarse el voto ciudadano.
En segundo lugar, también considero que debería revertirse el impedimento a la reelección congresal inmediata, pues, como ha señalado la abogada y politóloga Milagros Campos (2022): “La reelección incentiva la carrera política, mejora la curva de aprendizaje del oficio, favorece un control político eficaz, permite que el parlamentario se responsabilice ante sus electores, lo que tiene un impacto favorable en su gestión”.
En tercer lugar, especial mención merece el Proyecto de Ley presentado por la Congresista Adriana Tudela con respecto a la renovación del Congreso por mitades. Es decir, cada dos (2) años y medio (1/2) podremos elegir a los Congresistas o reelegir si es el caso –si así la ciudadanía los premia con su voto–. Dentro de sus argumentos, encontramos la permanente rendición de cuentas al establecer relaciones de mediano y largo plazo con los ciudadanos. Bajo mi perspectiva, sí considero que dicha propuesta ayudaría a fortalecer la representatividad y la democracia haciendo que los ciudadanos participen más en la política. Asimismo, no debemos olvidarnos del retorno a la Bicameralidad, Proyecto de Ley del Congresista Alejandro Cavero, iniciativa de la cual tuve el placer de formar parte de una mesa de trabajo en el Congreso de la República durante febrero de este año.
Esta no es una lista cerrada. De hecho, debemos hacer reformas que liberen la economía, desburocraticen el Estado haciéndole la vida más sencilla al ciudadano, y generen empleo y crecimiento. En política las palabras pesan, aunque a veces no bastan. Y es cierto, sin una presión ciudadana que apoye, proponga y respalde propuestas concretas, no llegaremos a buen puerto. Realmente, espero que en algún momento podamos vivir juntos los distintos en un proyecto común de libertad. Pero primero lo primero: reformemos y no nos adelantemos.
REFERENCIAS
Álvarez de Toledo, C. (2021). Políticamente Indeseable. Penguin Random House Grupo Editorial.
Campos, M. (2022, 28 de febrero). Las reformas institucionales. Instituto Peruano de Economía (IPE) – Desafío Perú. Recuperado el 10 de diciembre de 2022 de: https://www.ipe.org.pe/portal/las-reformas-institucionales/.
Presidencia de la República del Perú. (2019, 21 de marzo). Informe Final de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Gobierno del Perú. Recuperado el 10 de diciembre de 2022 de: https://www.gob.pe/institucion/presidencia/informes-publicaciones/267698-informe-final-de-la-comision-de-alto-nivel-para-la-reforma-politica.