No hay ningún oficio que demande mayor esfuerzo que el terror criminal. Los delitos atroces a los que se ha sometido a la población costeña tienen una finalidad: diezmar a la comunidad a través del miedo.
Actos criminales con un toque de sevicia, combinados con la casi completa interconexión de la opinión pública, han llevado a aterrar a la población. Ya no es necesario aniquilar la voluntad de los ciudadanos amenazados por medio de la violencia física de manera generalizada: basta con exhibir casos violentos que sirvan de ejemplo a los demás el costo de negarse a pagar una extorsión.
En la reciente encuesta de Invamer, el 76,6% de los barranquilleros afirma que la inseguridad es el principal problema, noción que está muy bien correspondida con la cantidad de delitos que se cometen en la ciudad. El enfrentamiento de bandas criminales, sumado a la negligencia local y nacional, han permitido el avance de organizaciones delictivas que, aprovechando el pujante crecimiento económico, buscan sacar provecho valiéndose de la violencia.
En un informe realizado por mi organización, COLIBRE, en comparación con el año pasado en el mismo periodo de tiempo, el delito de extorsión aumentó en un 236,7%, delito que no se debe normalizar y cuyos actores parecieran tener un fuerte incentivo de beneficio. Probablemente, por ser un crimen que no requiere un mayor esfuerzo que el hurto común, implica una menor exposición o riesgo y que, por los actos criminales con sevicia cometidos en la costa caribe, tienen a una comunidad aterrorizada y susceptible de sucumbir con la sola amenaza.
El miedo difundido en redes sociales, más el constante de la delincuencia común y las organizaciones delictivas, solo han sido la punta del iceberg de un problema mayor. En un desayuno con empresarios, se comentó, de parte de Grupos Gaula, que el alza en la criminalidad se debe a varios factores, entre ellos los errores procesales en la captura de los delincuentes, la reincidencia delincuencial y la mirada distante del Gobierno nacional en temas de investigación, solución y visión sobre la reforma carcelaria y judicial, entre otros.
El tema central ha sido la evolución de la delincuencia en la mejora de sus prácticas delictivas. Ya la exposición no es solamente por intimidación telefónica. Citan a las víctimas a zonas apartadas de la ciudad, donde les amedrentan y les piden grandes sumas de dinero; ciertamente, cada vez es más innovadora esta práctica y al parecer lograron sobrepasar la misma capacidad institucional.
Pese al impopular asunto que esta cuestión suscita en el sentimiento de muchos conciudadanos, el libre porte de armas empieza a parecer no solo una solución razonable, sino una necesidad urgente. Decía Gustave de Molinari (de la Escuela Liberal Francesa) que la seguridad, como cualquier servicio indispensable, puede ser prestado por los miembros de una sociedad, tal como la producción de seguridad privada y que en nada se asemeja al fenómeno del paramilitarismo, con el cual, indiscriminadamente, se pretende ligar. La seguridad privada es el préstamo de un servicio, tal como cualquier otro servicio; incluso los edificios, condominios y varios complejos públicos tienen contratado un servicio de seguridad privada con completo éxito.
Al elevar drásticamente el riesgo de cometer delitos, lo esperado es desincentivar a los futuros delincuentes a consumarlos. El caso de los Estados Unidos, por ejemplo, puede resultar problemático, sin embargo, es mejor desmitificar. Los EE. UU. tiene menos muertes violentas por cada cien mil (100.000) habitantes que Colombia, y otros países, como Suiza, son también de las poblaciones con más armas por habitante del mundo y son, en extremo, seguros.
Los datos no mienten. La tenencia de armas no ocasiona la violencia. La falta de rigurosidad, la permisividad con los criminales, las universidades del delito (cárceles) e instituciones débiles ¡SÍ!
