Desde los años 1970’s, distintos grupos ecosocialistas en Hispanoamérica y el resto del mundo han tratado de vender la idea de que los cultivos transgénicos, también llamados OMG (Organismos Modificados Genéticamente), son perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana y animal, sin mostrar evidencia contundente de ello. Varios de esos grupos, motivados más por una lucha ideológica que por un sano debate científico, han tratado de impulsar esta agenda. Pero, ¿Qué sucede cuando algunos de quienes arremeten contra la producción de OMG comienzan a perder explícitamente apoyos de gobiernos ideológicamente próximos?
Suele ser un secreto a voces que los cubanos padecen, dentro de lo que se ha logrado documentar, un largo e intermitente período de hambrunas desde el año 1991. Cosas tan absurdas como el café de chícharos, el ‘pollo por pescado’ –sustitutos que tuvieron que sacar ante la escasez de café y pescado– o las cartillas de racionamiento; se hicieron parte de la idiosincrasia de la isla. Esta hambruna alcanzó su punto más álgido este año, cuando la crisis global desatada por el COVID-19 tocó las ya menguadas reservas alimentarias del país caribeño.
Si bien ya existían algunos pocos cultivos transgénicos en Cuba y los primeros experimentos se dieron en el año 1996, el 23 de julio de 2020 el gobierno cubano decidió, ante la emergencia alimentaria, expedir el Decreto-Ley No. 4 de 2020 del Consejo de Estado, acompañado de la Resolución No. 225 del Ministerio de la Agricultura, y las Resoluciones No. 198 y 199 de 2020 del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente; todo un marco regulatorio para fomentar los cultivos transgénicos.
En el marco normativo se ratifican nuevamente las disposiciones del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1999, protocolo internacional guía para garantizar un accionar transparente y meticuloso que evite al máximo las afectaciones que pueda causar la tecnología en la biodiversidad.
Para ilustrar los alcances de dicho marco normativo, cito textualmente el Artículo 2 del Capítulo 1 del Decreto-Ley No. 4 de 2020: “Este Decreto-Ley se aplica a todas las actividades en el sector de la agricultura, que involucren Organismos Genéticamente Modificados en el territorio nacional, incluidas las siguientes: a) Investigación; b) ensayo; c) liberación al medio ambiente con fines productivos; d) importación; e) exportación; y f) uso en alimento humano o animal, procesamiento, almacenamiento, transporte y la comercialización de Organismos Genéticamente Modificados.”
En agosto de este año, la televisión cubana realizó un reportaje desde la zona de Yaguajay, donde ya se están dando las primeras cosechas de un megaproyecto agrícola con maíz genéticamente modificado que ha venido siendo desarrollado desde hace 15 años por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba. Aunque estas cosechas de maíz modificado están destinadas –según las fuentes oficiales– para el pienso del ganado, es bastante probable que lleguen también a ser de consumo humano en un futuro cercano.
El ecosocialismo hispanoamericano se ha visto sujeto a “cabalgar contradicciones” como diría el presidente del partido español Podemos: Pablo Iglesias. La principal en este caso: atacar a las multinacionales mientras se calla sobre lo que los líderes políticos afines hacen dentro de sus propios países, y simultáneamente, distorsionar lo que la evidencia científica ha demostrado: que la humanidad ha venido consumiendo alimentos transgénicos desde hace 30 años en beneficio del medio ambiente –menos hectáreas, agua y tierra requeridas para cultivar igual o mayor cantidad de plantas– y sin sufrir consecuencias negativas para su salud.
