¡ELIMINEN YA TODOS LOS PROTOCOLOS OBLIGATORIOS!

El gobierno de Argentina –y los gobiernos de la región y el planeta, para el caso– debe(n) terminar de una vez con todo protocolo obligatorio para habilitar actividades humanas.

Puede parecer una petición exagerada; pero realmente exagerado, insultante e indigno es exigir a cada sector productivo la presentación de una serie de reglas y pasos para mendigar una habilitación gubernamental. Además, esto viola el artículo No. 14 de la Constitución de la Nación Argentina, que sostiene que los habitantes tienen el “derecho de trabajar y ejercer toda industria lícita”.

Por otro lado, todo el protocolerío forma parte de una enorme ficción. Todos actúan, fingen, y hacen de cuenta que hacen algo en esta gran obra de teatro llamada “Pánico del COVID-19”.

El gobierno, por andar pidiendo protocolos, hace de cuenta que cuida a su población. Lo lamentable aquí no es que el gobierno tome esta actitud paternalista, sino que lo hace en respuesta a una profunda demanda de este, dado que gran parte de la sociedad no sólo tiene miedo, sino que cree erróneamente que el gobierno es quien puede resolver una pandemia. “Te salva el Estado”, dicen.

Las empresas y sectores hacen de cuenta que son “socialmente responsables”, exigen a todos sus usuarios el cumplimiento de las reglas, construyen paredes de nylon, y rocían a la gente con agua mezclada con alcohol; para así, mostrar a las autoridades que ellos sí pueden iniciar actividades. “Por favor señor funcionario, habilíteme, ¿Sí?”.

Algunos protocolos son absurdamente ridículos. Como ejemplo, cito el caso de cuando fui a jugar al fútbol y antes de entrar a la cancha me mojaron con tal líquido en las manos, como si ello fuera a servir de algo tras algunos minutos de juego.

Por último, los ciudadanos hacemos de cuenta que nos cuidamos y que cuidamos a los demás, cumpliendo todas las indicaciones y señalando vehementemente a los que no lo hacen. Por fortuna, hay muchas excepciones, pero los medios de comunicación se escandalizan con ellas, y andan contando cuántas personas hay sentadas tomando cerveza en un bar de Palermo (Buenos Aires, Argentina) y a cuantos centímetros de distancia está la gente en la playa de Mar del Plata.

Toda esta enorme obra de teatro del absurdo no es gratuita. El costo para la economía es colosal. En los Estados Unidos, por ejemplo, se estima que habrá USD 9,2 billones en pérdidas por las medidas de distanciamiento social; y esto, hablando de una nación capitalista y con tal nivel de desarrollo, que la migración hacia formas virtuales de producción y consumo debería resultar un tanto más sencilla. Ahora imaginemos esa situación en Argentina, Brasil, Colombia o Perú, con gran cantidad de grupos de la población trabajando en sectores informales. Cuanto más costosos protocolos se exijan al sector privado, más altas serán las barreras para que los pobres de nuestros países accedan a un empleo formal.

En Argentina, el sector de hoteles y restaurantes acumuló un descenso de 49,7% en los primeros once meses del 2020. Y eso que los restaurantes se habilitaron (con los famosos protocolos) en agosto. El sector de “otras actividades y servicios”, que incluye la organización de eventos presenciales, el cine, el teatro, la producción audiovisual, bibliotecas, salones bailables y actividades deportivas, cae también a un estrepitoso 39% en el mismo período. A más protocolo –y el cierre total es el protocolo más duro–, peor desempeño económico.

Párrafo aparte merecen las clases presenciales. A finales del año pasado, la provincia de Buenos Aires, al menos en algunos municipios, habilitó una forma de vuelta a la categoría presencial. El esquema funcionó así: los 90 alumnos de sexto año asistían al colegio, no tenían clases, llegaban al establecimiento en grupos de 30, se separaban en grupos de 10, y permanecían allí sólo una hora y media.

El objetivo no era educativo, sino la simple reconexión con los establecimientos físicos. Claro, eso es mejor que nada; pero, ¿Qué nos pasa? De acuerdo con datos internacionales, los chicos en edad escolar tienen una posibilidad de 1/200.000 de morir de gripe y 1/1’000.000 de morir de COVID-19.

Si queremos educación virtual, ¡genial! pero que sea decidida por cada establecimiento y sus clientes que son los padres. Aunque ¡que ingenuidad!, eso no funciona así en un “mercado” dominado por burócratas y sindicalistas. Otros países han vuelto a absurdas cuarentenas, pero mantienen los colegios abiertos. Ya no se sostiene seguir lo virtual por mandato legal.

Los protocolos legales deben terminarse ya mismo. Y esto no quiere decir que la gente entonces vaya a lamer barandas de subte como alguien me sugirió en Twitter una vez. Además, si alguno quisiera emprender dicha tarea, entonces no habría protocolo suficiente para frenarlo.

Pero volviendo, la gente no es tonta, sabe qué riesgos tomar, y las empresas son suficientemente creativas para hacer que sus clientes se sientan lo más cómodos posibles consumiendo sus productos y servicios.

El fin de los protocolos obligatorios es simplemente el fin de una carga excesiva e injustificada sobre el sector privado. Y, vale recordar, es este sector el único capaz de crear la riqueza suficiente para incluir a las grandes masas de la población, sacarlas de la pobreza con trabajos dignos y productivos y, finalmente, proveerles de los recursos suficientes para procurarse una buena salud.

¡Basta ya de esta gran exageración! ¡La obra de teatro debe llegar a su fin!