CAOS TRIBUTARIO EN COLOMBIA

El escenario está servido: una crisis económica producto de confinamientos masivos y restricciones a las actividades económicas como medida principal para frenar el contagio del virus COVID-19; con ello, el desembolso de billones de pesos repartidos en subsidios a empresas, subsidios de ingreso a un sector poblacional y un aumento superlativo en la optimización del sistema de salud. Lo anterior, versus el desplome del ingreso fiscal vía caída del PIB –el caldo de cultivo perfecto para el déficit fiscal–.

Con esto, el gobierno de turno pone en marcha su vieja praxis de apagar incendios en la bodega de rollos de paja sin solucionar el cortocircuito en el enchufe: una nueva reforma tributaria, las cuales rayan groseramente en el cortoplacismo del promedio de dos años, lo suficiente para suceder el problema al siguiente gobernante. Lo previsible: toda la sociedad colombiana en voz de protesta en contra de la mano coercitiva en nuestros bolsillos, tanto trabajadores de bajo ingreso como grandes empresarios. Lo curioso: miles de ciudadanos promotores del aumento de políticas asistencialistas al unísono en la misma protesta; cuando ellos, días, semanas o meses antes, reclamaban un aumento del gasto público para “solventar la crisis”.

AUMENTO DEL GASTO PÚBLICO VS AUMENTO DEL INGRESO FISCAL

Para aquellos estudiosos de la economía y lectores habituales de este medio, se les será fácil reconocer que el ingreso de cualquier Estado se comprende de:

• Impuestos.
• Tasas.
• Contribuciones.
• Regalías de activos estatales, tales como utilidades de empresas públicas o mixtas; y para el caso colombiano, regalías de la explotación del subsuelo.
• Rendimientos financieros de títulos negociables de deuda pública, colocados en el mercado cambiario.

Por lo tanto, un aumento del gasto público, requerirá el aumento de alguno de los ingresos mencionados; ante la disminución de empresas públicas o mixtas por los altos costos operativos que conllevaban y el bajo rendimiento financiero de títulos cambiarios por la debilidad de la moneda nacional, se tienen dos alternativas a prever en el actual panorama: Las utilidades y regalías de explotación minera, y los tributos (impuestos, tasas y contribuciones).

En un primer momento, para muchos países del tercer mundo latinoamericano, la renta minera surgió como el vehículo por excelencia hacía “la riqueza”; sin embargo, la enfermedad holandesa y la falta de cultura de ahorro e inversión jugaron malas pasadas, que decayeron en la falta de previsión a los cambios del mercado y la diversificación del mix energético del primer mundo, producto de avances tecnológicos y presiones ambientalistas. El resultado: economías mal planificadas y desfinanciadas.

En un segundo momento, la opción impopular; la erogación de la ciudadanía a favor del fisco, o como algunos autores denominarían: el robo socialmente aceptado, a través de impuestos como: impuesto de renta, impuesto a las ventas (IVA e impuesto al consumo), impuesto de patrimonio, impuesto predial, impuesto vehicular (y todas sus variantes), impuesto a las ganancias ocasionales (impuesto sobre sucesiones), impuesto sobre utilidades, entre otros; tasas como: peajes, costo de certificados de matrícula inmobiliaria, matrículas de universidades estatales, entre otros; y contribuciones como: impuesto de valorización.

Luego entonces, cualquier política asistencialista tal como:

• Renta básica, la cual, teniendo en cuenta la asignación de 1 SMLV (sin subsidio de transporte) para 10 millones de personas (como contemplaba la propuesta inicial), tendría un costo de más de 109 billones al año: un 10% aproximado del PIB anual de Colombia (el cual no es dinero disponible para un gobierno, porque no es una masa líquida que pueda ser sustraída);
• Además de otras propuestas como como el desatinado proyecto de empleo público de Sergio Fajardo o el liderado actualmente por Wilson Arias;
• Programas de Ingreso Solidario, Familias en Acción y Jóvenes en Acción;
• Programa de Ser Pilo Paga (Hoy Generación E);
• Programa de Matrícula Cero;
• Programa de subsidio de vivienda;

Entre muchos otros que ocasionan el aumento del gasto público, y por ende, la necesidad de mayor financiación por parte de la ciudadanía en general y el sector productivo.

UNA ECONOMÍA CONSERVADORA

En fecha 19 de abril de 2021, el portal BBC en su artículo Reforma tributaria: por qué la economía de Colombia es tan conservadora (Fuente AQUÍ), expone a consideración, una interesante radiografía externa de lo que ha sido la praxis económica del país en los últimos 30 años; por consiguiente, en un primer estadio, resalta la tibieza del actual mandatario Iván Duque para liderar reformas estructurales que resuelvan problemas de fondo y no medidas temporales contra la crisis fiscal.

En un segundo estadio, resalta la cultura conservadora de la repulsión de las “emociones fuertes”, al destacar los años 90’s como punto de inflexión donde se estableció una cultura de proteccionismo como medida de control ante la hiperinflación y los exacerbados déficits fiscales que se presentaban.

Consecuentemente, se enmarca el mito de la liberalización de la economía colombiana del gobierno de César Gaviria de 1990 a 1994; sustenta el argumento citando los conocidos carteles de azucareros, bananeros, cafeteros, energéticos, cemento, entre otros oligopolios, lo cual trae consigo el costo de oportunidad de evitar el ingreso de miles de millones de dólares en inversión extranjera en un país que desaprovecha su posición estratégica, la relativa preparación de su población, sus recursos naturales y la cultura creciente ante el emprendimiento.

EL AHORRO FISCAL: LA FÓRMULA MULTIMILLONARIA

El prestigio economista Luis Guillermo Vélez, en el año 2016, justo en los albores de la que sería la Reforma Tributaria 1819 de 2016 que financiaría la costosa implementación del Acuerdo de Paz del Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos con la guerrilla FARC – EP; escribió para el portal PanAm Post un artículo denominado Cuatro pasos para evitar una reforma tributaria en Colombia sin subir impuestos (Enlace AQUÍ). Vélez nos trajo a escena cuatro macro-escenarios donde el Estado colombiano podría recortar su gasto de funcionamiento e inversión para evitar aumentar tributos:

• Eliminar 17 entidades burocráticas que no hacen otra cosa que reprocesar información de los ministerios y suplantarlos en sus funciones. Menciona: Contaduría General de la Nación, Auditoria General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC), Agencia Colombiana para la reintegración de personas y grupos alzados en armas, Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia compra eficiente–, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Superintendencia de Economía Solidaria, Autoridad Nacional de Televisión (ANT), Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, Dirección Nacional de Bomberos, entre otras. En su blog personal, el autor realiza una ampliación y/o actualización del acápite de 2016, denominada Ideas para la austeridad III (Fuente AQUÍ).
• Recortar del presupuesto 6 entidades y eliminar los aportes de la nación a las CAR. Subraya: Congreso de la República, Presidencia de la República, Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Corporaciones Autónomas Regionales. Hace además, dos ampliaciones en su blog personal: Ideas para la austeridad II (Fuente AQUÍ) e Ideas para la austeridad IV (Fuente AQUÍ).
• Recortar en un 35%, el presupuesto de cinco entidades creadas para repartir dinero. Destaca: el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, la Unidad de Atención y Reparación Integral de las Víctimas y el Centro de Memoria Histórica.
• Recortar en 17%, el presupuesto de todos los ministerios y sus entidades vinculadas, excepción hecha de los de Defensa y Hacienda. Ahorro: $COP 14,9 billones.

Además de ello, en su blog personal, en un artículo denominado Ideas para la austeridad I (Enlace AQUÍ), resalta la disminución definitiva de embajadas y personal en algunas otras, tales como en países de África, Centroamérica y Sudamérica; todo ello, por el tradicionalismo del nombramiento de embajadores como vehículo de clientelismo y corrupción –Véase el caso del famoso presentador de televisión Carlos Calero (Fuente AQUÍ)–.

Las propuestas del profesor Vélez resultan ser de lejos, el mejor estudio práctico publicado en los últimos años para disminuir los gastos de funcionamiento del Estado que lo hacen una empresa ineficiente y costosa a grandes rasgos; sin embargo, debemos resaltar dos enemigos principales a tener en cuenta:

• El tiempo y costo de la liquidación de entidades estatales: Algunos estudiosos de la administración pública, recordamos los tediosos y lentos procesos de liquidación de antiguas entidades como el INCODER, el Seguro Social o las Empresas de Servicios Públicos Departamentales y Municipales.
• El garantismo laboral del Régimen de Servidores Públicos: La desvinculación y traslados de empleados y funcionarios públicos siempre ha sido una odisea, y ello es el día a día de los despachos de juzgados y tribunales del contencioso administrativo en el país; por ello, estos procesos requieren de un análisis paso a paso, entidad a entidad, trabajador a trabajador, para así, evitar onerosos procesos de nulidad y restablecimiento de derechos, entre otros mecanismos jurídicos que trunquen toda la reorganización estatal en marcha.

APRECIACIONES FINALES

Antes de tocar de forma seria, el tema de la reforma tributaria anunciada por el presidente Duque, tenemos dos temas a saber. La moderación gradual de las políticas de asistencialismo estatal hasta el punto de cortar la dependencia del gasto público como instrumento de dinamización de la economía, toda vez que no representa generación de riqueza sino el traslado de recursos de los ciudadanos y sector productivo a favor de un sector poblacional que, por alguna razón, no ha accedido a emprender su proyecto de vida de manera autónoma. En un segundo plano, la austeridad del gasto de funcionamiento estatal, tal como fue expuesto por el profesor Luis Guillermo Vélez: supresión de entidades de poca o nula utilidad, y disminución del presupuesto de un sinfín de entidades tales como el Congreso de la República.

El tema es simple: una conversación que incluye desde la eliminación de planes de telefonía celular a funcionarios públicos y gastos de representación exorbitantes, hasta el freno de proyectos como la renta básica, que quebrarían el débil fisco colombiano.