El discurso anticorrupción ha tomado una relevancia sin precedentes en el debate público de los últimos años. Esto ha llego a tal punto que, es considerado –tanto por personas como por políticos– como el único gran problema que Colombia posee. Y que una vez superado, todo será infinitamente mejor. Pero… ¿Realmente es así?
Ciertamente no, y es más, los problemas más graves que sufre el país no reposan sobre la corrupción, la cual, es entendida como la utilización de recursos públicos –financieros o no– para bienestar propio. Me atrevo a afirmar que, la corrupción, sólo es el síntoma más notorio de varios males que la mayoría ignora que existen o, en el peor de los casos, saben de su existencia; pero en vez de reconocerlos como males, los perciben como virtudes del Estado.
Hoy, les dejo tres fallas estructurales que garantizan el fracaso del Estado, comprendido como “agente del cambio social”, aún si la corrupción no existiera.
LA CONSTITUCIÓN
Arranco fuerte y atacando directamente a la Carta Magna. Para sorpresa de muchos, las constituciones no se crearon con el propósito de darle atribuciones al Estado para cumplir sus objetivos; su verdadero fin, es el de blindar los derechos del individuo frente a la fuerza bestial y desproporcionada de ese mismo Estado. Pero como pueden intuir, en Colombia, la cosa no funciona así.
Para demostrar este punto, utilizaré los dos artículos que, a mi parecer, generan la mayor inseguridad jurídica sobre la propiedad privada; llevándolo al límite de volverlo un derecho de segunda clase.
El primero, es el Artículo 58 que reza:
“Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones.”
Como es evidente el derecho humano, natural e inalienable de la propiedad privada, se encuentra doblegado por la propia Constitución, a lo que políticos, partidos o jueces consideren que es la “utilidad pública” o el “interés social”. Cosa que, inevitablemente, ha degenerado en un sistema político-jurídico totalmente sesgado y muy arbitrario; que baila al son de los grupos de presión de nuestra débil democracia. ¿Da miedo verdad? Pero no se queda ahí.
Si reflexionamos sobre esta falla, bajo el actual escenario político, sale una inevitable pregunta ¿Qué pasaría con estas arbitrariedades en una eventual presidencia de Gustavo Petro? La mera simulación da pavor sobre nuestro futuro. Pero, existe otra gran pregunta que maximiza este escenario catastrófico, y es ¿Y si su presidencia va acompañada con mayoría en congreso? Entonces, si es fácil afirmar que “la función social de la propiedad privada” se transformaría en un gran portón para expropiaciones a la venezolana.
Como contra-punto comparativo –y en aras de demostrar que no es necesaria ninguna arandela–, veamos el artículo constitucional que protege a la propiedad privada, en uno de los países que más seguridad jurídica presta en este sentido, pero que también tiene un fuerte Estado de bienestar: Finlandia. Un contra-punto perfecto porque, a su vez, ayuda a desmitificar eso de los “socialismos nórdicos” que tantos políticos mencionan en sus discursos. Dicho artículo dice:
“Artículo 15 – Protección de la propiedad: Se garantiza la propiedad de todas las personas. La expropiación de bienes por causa de necesidad pública, con plena indemnización, estará regulada por Ley.”
Aunque en ambos países se contempla la expropiación –mecanismo que no está en discusión–, el artículo no entra en ambigüedades y sentencia que, dicha expropiación, estará catalogada sólo por la necesidad pública; algo conceptualmente muy distinto –literal y jurídicamente– a utilidad o interés público. Además, de no agregar el sobrante –totalmente innecesario– de la “función social”. Una última pregunta como reflexión final ¿Qué país está hoy mejor, Colombia o Finlandia?
El segundo Artículo es el 334, que dice:
“La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano.”
Aquí, no sólo se cae en el mismo problema que en el anterior –algo común en toda la Constitución–, que es el delegar un derecho fundamental al beneplácito de los políticos – para el caso, el derecho a la libertad económica–, sino que ignora por completo que, el Estado como agente, siempre será más ineficiente que cualquier mecanismo de mercado, lo cual genera distorsiones altamente perjudiciales en los precios, que siempre afectan más duro a las personas de escasos recursos. El ejemplo perfecto: el precio de la gasolina.
Como pueden ver, las cosas van mal desde la misma Constitución. Pero no acaba ahí, y ahora nos toca adentrarnos en un gran laberinto.
UN SISTEMA TRIBUTARIO IMPOSIBLE
De las cosas más escabrosas, creadoras de pobreza y generadoras de mercados negros, es el Sistema Tributario Colombiano; poco se debe sustentar ante tal realidad. Si sumamos el hecho de que tenemos un ritmo de una nueva reforma tributaria cada dos años, más una maraña burocrática que es la DIAN, y por último pero no menos importante, una fuerte presión y carga impositiva; da como resultado una atmósfera totalmente nociva para crear empresas, generar riqueza y superar la pobreza de manera sostenible, como si lo hace el sector privado.
La conclusión en este punto es simple: aún cuando mañana la corrupción llegase a ser de cero pesos, esto no evitaría que muchos prefirieran mantener su actividad económica bajo la sombra de la “ilegalidad”. Además de mantener un fuerte incentivo para recurrir a la elusión fiscal, Colombia no sólo cobra altos impuestos por la pérdida sustancial de recursos por corrupción –una narrativa peligrosa–, sino por la multiplicidad de obligaciones adjudicadas al Estado, lo que nos lleva al último de los grandes problemas…
UN ESTADO POR ENCIMA DE SUS POSIBILIDADES
Cuando a la mayoría se le pregunta ¿Qué funciones debe cumplir el Estado? La respuesta puede ser fácilmente una lista con más de mil ítems que van desde lo razonable, como lo es la justicia y la seguridad, hasta lo irracional, como el otorgamiento de un empleo de más de seis cifras a todos los colombianos sólo por haberse graduado –curiosamente– de una entidad educativa pública y “gratuita”.
Este gran cúmulo de exigencias racionales e irracionales, han servido durante años para la construcción de discursos políticos que se materializaron en proyectos de ley que, al final, engrosaron las responsabilidades del Estado. Al sol de hoy, el Estado, literalmente, tiene tantas funciones que le hacen falta poderes divinos, como la omnipresencia o la omnisciencia, para cumplir a cabalidad todo.
Pero si sólo fuese el estar y saber, en todo y de todo, la cosa no estaría tan mal como hoy. El tema coyuntural es que, al igual que cualquier organización humana que requiera llevar a cabo una acción, necesita recursos ¡Muchos recursos! Lo que lleva a lo obvio y es que, entre más necesite hacer más requerirá tener, y es allí donde todo se quiebra –literal y figurativamente– porque, en primera línea, le toca extraer cantidades ingentes de dinero de los ciudadanos, empobreciéndolos en mayor o menor medida.
En segunda, al tener que hacer de todo, poco será lo que logre llevar a buen puerto –como dice mi abuela “el que mucho abarca poco aprieta”–. Y, en tercera, por la propia naturaleza limitada de los recursos, le tocará realizar filtros a sus beneficiarios, cosa que causara gran indignación social, porque, muchas de esas funciones, se suponen que no deben ser excluyentes.
EN DEFINITVA
Colombia fracasará como país, aún si mañana todos los políticos corruptos salen del escenario. Pero para no dejar un aire pesimista, les recuerdo: lo principal para superar los problemas es reconocerlos. Y espero que esta extensa, pero dedicada columna, sirva para poner sobre la mesa la realidad de nuestro país, dejar de lado propuestas políticas que son casi mitológicas y construir sobre las bases de la realidad.
