¡LOS VIOLENTOS NO NOS REPRESENTAN!

Para que un país, una democracia y un Estado funcionen bien, es indispensable que exista ciudadanía: la ciudadanía construye y protege su democracia

En distintos momentos de la historia, los ciudadanos colombianos en ejercicio de sus derechos y en cumplimiento de sus deberes, han concebido, ejecutado y construido soluciones para proteger la democracia del ataque de organizaciones violentas o terroristas.

La ciudadanía colombiana no se ha dejado imponer la voluntad de los violentos.

Los firmantes de esta comunicación nos rebelamos ante los violentos. Nos declaramos insumisos ante quienes nos quieren someter al miedo. Nos comprometemos a actuar con coherencia entre fines y medios democráticos para seguir construyendo nuestra Colombia.

Para que un país, una democracia y un Estado funcionen bien, es indispensable que exista ciudadanía.

La institucionalidad democrática constitucional vigente no fue ni regalada ni impuesta, sino conquistada por la iniciativa ciudadana aprobada directamente por el pueblo, y construida colectivamente fruto de amplísimas concertaciones sociales, institucionales y políticas.Las ramas y órganos del poder público deben actuar de manera armónica para el cumplimiento de las funciones constitucionales que se les ha confiado. En especial, para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los ciudadanos.

La fuerza pública tiene la obligación de defender la soberanía, la independencia, y la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. Debe a su vez, mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar la convivencia pacífica.

Las conductas criminales deben ser investigadas, juzgadas y sancionadas de manera pronta por las autoridades judiciales de conformidad con la ley.

La deliberación pública con el fin de producir normas, está prevista en la Constitución, y los partidos políticos no deben impedirla.

Los alcaldes y gobernadores, como gobernantes municipales y departamentales, deben cumplir la obligación de preservar el orden público.

Es indispensable que el Estado en su conjunto, proteja a las organizaciones de la sociedad creadas por la libre iniciativa de los ciudadanos para producir bienes, servicios y empleo. Estas organizaciones llamadas empresas son, han sido y serán, motor del avance humano y de los Estados democráticos.

La educación, en especial la superior, no puede resignarse a formar e investigar, sino que debe cerciorase de aportar soluciones prácticas y democráticas ante los inmensos desafíos que requieren conocimiento.

Participar en la vida política, cívica y comunitaria, además de un derecho, es un deber. Como son deberes también: obrar conforme al principio de solidaridad, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas; respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado en justicia y equidad; y respetar y apoyar las autoridades democráticas legítimamente constituidas.

Los ciudadanos firmantes no nos conformamos con corredores humanitarios como dádivas o graciosas concesiones de quienes nos sitian o secuestran. Lo que requiere Colombia, son avenidas democráticas que nos permitan comprometernos a proteger y a ampliar nuestras acciones ciudadanas, con el fin de hacer valer la dignidad humana, el poder ciudadano y la autonomía de las entidades territoriales para que los violentos y terroristas no destruyan lo que hemos construido colectivamente.

Firmamos en cumplimiento de nuestros deberes y en ejercicio de nuestros derechos.

JUAN MANUEL CHARRY
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