En Colombia desde siempre hemos vivido en coyunturas de malestar social. Los más de 30 días del actual paro solamente son un efecto de ello, desconocer el problema sería un error conceptual e histórico; y es que se pueden sacar diferentes posturas sobre los problemas que aquejan a la ciudadanía, como por ejemplo: la injerencia estatal en la economía o el nivel de asistencialismo que debe tener el Estado. Sin embargo, hay un punto en el cual los integrantes de todos los espectros políticos confluyen, y es la corrupción.
Mucho se ha hablado sobre ello, se han formulado diversas causas del problema, y de modo que las conclusiones muestran una tendencia clara hacía la cultura e identidad del connacional. Pero nuestro objetivo en el presente artículo, es tratar de acercarnos a las cifras reales y, a partir de allí, visibilizar un problema que debería ser uno de los primeros puntos en la agenda política de cualquier político coherente en el país.
LAS ESTIMACIONES INTERNACIONALES
En un primer momento ubicamos el Índice Internacional de Transparencia 2020 (Fuente AQUÍ), indicador que sitúa en una escala de 1-100 y que mide la efectividad con la cual se ejecutan los recursos públicos en un Estado. Cabe resaltar que solamente 2/3 de los países tienen puntaje igual o mayor a 50 y que el puntaje promedio por país es de 43.
Concretamente, Colombia alcanza un puntaje de 39, inferior al promedio internacional y regional que se ubican en 43, no muy lejos de países con problemas en su democracia como los localizados en Centroamérica. Un puntaje que nos coloca en los últimos escalones de los países que suponen tener una democracia y sólo supera a aquellos territorios que tienen regímenes antidemocráticos: estamos ubicados en el escalón 92 entre 180 países medidos.
Ahora bien, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en un comunicado de prensa (Enlace AQUÍ) del año 2018, promedia para Latinoamérica en un 4,4% del PIB la ineficiencia del gasto público, es decir, las irregularidades que se presentan en la ejecución de recursos de todos. Específicamente en Colombia, estaríamos hablando de alrededor 45 a 50 billones de pesos, una cifra bastante alta que representa entre el 14 y el 16% de todo el gasto público anual: un costo per cápita de 1 millón de pesos aproximado ¡Todo un escándalo!
LAS CIFRAS LOCALES
Como primera medida, se debe diferenciar la percepción de corrupción y el compendio de prácticas ilegales que engloban la corrupción propiamente dicha, toda vez que en el año 2020 en un ranking presentado por U.S. News, donde se entrevistaron 20 mil personas, se midió la opinión de ciudadanos y no una estimación real de los recursos públicos que son ejecutados ineficientemente. Luego, este estudio reflejó más un ambiente pesimista.
Fedesarrollo en su Informe de Corrupción sobre Colombia en 2017 (Fuente AQUÍ), nos delimita más del 75% de los delitos de corrupción en el país: cohecho para dar u ofrecer 27% (soborno), omisión del agente retenedor o recaudador 22% (apropiación directa de recursos fiscales), peculado por apropiación 18% (apropiación directa de recursos y bienes fiscales), concusión 9% (extorsión). Lo anterior, de acuerdo a las estadísticas de servidores públicos procesados por estos delitos.
En un estudio del Banco de la República (Enlace AQUÍ), se nos evoca la relación que tiene el tamaño del Estado con el riesgo que se tiene en caer en corrupción; una operación apenas lógica, teniendo en cuenta el concepto de control de la teoría general de organizaciones.
A TENER EN CUENTA
Las cifras de corrupción expuestas no reflejan ninguna novedad, no se tiene el alcance de qué criterios se usan; sin embargo, dejamos los siguientes escenarios a considerar:
- Sobornos a funcionarios públicos para la coacción de decisiones a favor del interesado o un tercero, además de acelerar trámites propios de servicios de justicia, servicios públicos domiciliarios, entre otros.
- Apropiación directa de recursos públicos por parte de funcionario público y personas que cumplan una función pública de formas temporal o permanente.
- Corrupción electoral en todas sus variantes.
- Uso indebido de recursos y bienes públicos.
- Irregularidades en contratación estatal.
- Tráfico de influencias.
- Omisión de ejecución de funciones públicas a favor de sí mismo o un tercero.
- Evasión fiscal.
REFLEXIONES FINALES
El escenario es desalentador. Debe haber un trabajo conjunto de toda la ciudadanía libre para rechazar el flagelo de la corrupción y liberarnos progresivamente del costo que representa, el cual podría ser invertido en programas de desarrollo económico, mejoría de la calidad del sistema de salud o investigación científica e innovación. Sin lugar a dudas, es increíble la incoherencia de muchos políticos y ciudadanos que, teniendo conocimiento del riesgo que se tiene de caer en corrupción con un Estado más grande, son partidarios de que este siga creciendo sin control, con el pretexto de que se vuelva más efectiva la función pública.
Para aquellos ciudadanos simpatizantes de la causas del paro y su relación con las solicitudes del aumento de políticas asistencialistas, recordarles que estas cifras de corrupción estimadas por medios oficiales, no alcanzan a cubrir el costo de programas como la renta básica universal, y que aspirar a una disminución de este problema de golpe, dista mucho de la realidad; sin embargo, el financiamiento de estos programas no debe ser la única motivación, también lo está la disminución superlativa de aranceles a maquinaria, equipos y tecnología que tanto le resta la competitividad al país.
Finalmente, a aquellos sectores autodenominados como seguidores del liberalismo económico y la derecha, invitarlos a sentar una voz de protesta sosegada contra este flagelo que nos limita en avanzar con el desarrollo económico, es contrario a los preceptos ideológicos que fundamentan este espectro político y alimenta el contradictorio discurso de los sectores progresistas.
