Nayib Bukele fue reelecto como presidente de El Salvador en los comicios del pasado 4 de febrero con alrededor del 84 % de apoyo popular, según los resultados oficiales. Esto no ha supuesto una sorpresa, pues de acuerdo con la última encuesta de la Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo o CID Gallup (Redacción ContraPunto El Salvador, 2023), durante su mandato anterior contó con un 92 % de respaldo ciudadano. De esta manera, Bukele se ha convertido en el gobernante más popular de la región y en uno de los más populares del mundo, alcanzando al presidente ucraniano Volodímir Zelenski, y superando al papa Francisco, el primer papa latinoamericano de la historia (Redacción France 24, 2024).
La gran popularidad de la que goza el mandatario se debe principalmente a los aparentes resultados que ha obtenido con su política de “mano dura” contra el crimen organizado (Redacción France 24, 2024). En 2015, El Salvador se posicionaba como el país más inseguro de América Latina con más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes (Almagro, 2023), en su mayoría causados por las actividades delictivas de las maras, organizaciones criminales que llevan décadas aterrorizando a la población salvadoreña y disputando al Estado el control total de la vida en sociedad. Sin embargo, según datos oficiales de 2022, El Salvador registró 7,8 homicidios por cada 100.000 habitantes (Almagro, 2023), números que, si bien no lo convierten en el país más seguro de la región, sí reflejan una amplia mejora en temas de seguridad.
No obstante, la efectividad de un Gobierno no puede juzgarse solo con base en las tasas de criminalidad. Para ello es necesario evaluar la solidez institucional de las políticas implementadas y su impacto global en los derechos ciudadanos. Y bajo esa óptica Bukele está siguiendo una receta destinada al fracaso, pues su modelo tiene todas las características de un populismo autoritario.
Por ejemplo, debemos tener en cuenta que la reelección de Bukele es considerada inconstitucional, pues seis (6) artículos de la Carta Magna de El Salvador prohíben la reelección presidencial inmediata. Fue una controversial resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de dicho país la que allanó el camino para tal medida, para lo cual, se argumentó que el texto constitucional actual “responde a las necesidades de hace 20, 30, 40 años…”, y en estos nuevos tiempos, eso representa una “excesiva restricción disfrazada de certeza jurídica y el actuar de representantes que se resisten al cambio soberano, que se resisten a escuchar la voluntad del pueblo”. Cabe destacar que los magistrados fueron designados por el partido oficialista de Bukele.
Pero esto no es todo. Recordemos que el 10 de febrero de 2020, Bukele irrumpió en la Asamblea Legislativa escoltado por fuerzas militares y policiales armadas. Esta acción fue realizada con el objetivo de pedir a los diputados la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para financiar su plan contra las pandillas. Y ante la posibilidad de que no se aprobara su petición, el mandatario pronunció un discurso llamando a la insurrección popular. Varios expertos lo consideraron un quiebre del orden constitucional y una gravísima afrenta al principio de separación e independencia de poderes.
Asimismo, crecen las denuncias sobre violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte del Gobierno salvadoreño. Según lo documentado por Amnistía Internacional, las autoridades de El Salvador han desmantelado la independencia judicial, han cometido actos de tortura y han llevado a cabo miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso. Además, se ha determinado que al menos 69 personas detenidas han muerto bajo custodia estatal.
La experiencia latinoamericana indica que este tipo de políticas basadas en el uso desmedido de la fuerza suelen ser insostenibles. Alberto Fujimori en Perú y Hugo Chávez en Venezuela son ejemplos de líderes que inicialmente fueron populares apelando a la mano dura, aunque luego derivaron en tiranías al concentrar cada vez mayor poder. En ambos casos, la población pasó por alto la actitud autoritaria de las políticas que los mandatarios implementaron, pues eran justificadas con el argumento de que se necesitaba “mayor seguridad u orden social”.
Es necesario ser conscientes de que no sirve de nada encarcelar a miles de delincuentes, si no existen jueces fuertes que puedan procesarlos y condenarlos como es debido, o si no existen parlamentarios capaces de legislar leyes congruentes que permitan denunciar abusos e injusticias. No sirve de nada tener grandes centros carcelarios si no hay un sistema que favorezca la reinserción exitosa de los delincuentes, de hecho, sería en vano sacar a todos los militares a la calle sin una inteligencia estratégica que les permita desmantelar las redes delincuenciales desde sus raíces. En otras palabras, es imposible mejorar la seguridad de un país sin respetar y fortalecer la separación de poderes, la independencia judicial, el Estado de derecho y la democracia.
Lamentablemente, en América Latina muchas veces escuchamos a personas que aseguran que existen dictaduras buenas; depende de con quien se esté hablando, oscilarán entre un lado u otro del espectro político, pues tendemos a olvidar la importancia de nuestra libertad individual y priorizamos aspectos como la seguridad. Pero el principal problema de los dictadores es que cuanto más tiempo se mantengan en el poder, mayor será el poder que consigan y mayor será su capacidad de represión. Como recientemente dijo Gloria Álvarez: “La eficiencia de un dictador es indirectamente proporcional a los años que se atornille en el poder”, y justo por ese motivo es que hay que tener cuidado con Bukele.
En síntesis, si bien en El Salvador pueden observarse logros y avances puntuales, las señales de alarma sobre los atropellos a la institucionalidad democrática y las tendencias autoritarias de Bukele son cada vez más evidentes. Esto es importante, ya que cuando el entramado institucional democrático se socava en pos de objetivos de corto plazo, la capacidad de cometer abusos y persecución política crece exponencialmente. Solo salvaguardando la división de poderes y las libertades individuales será posible una mejora genuina en las condiciones de vida y la seguridad de los salvadoreños, de lo contrario, es muy probable que se transite un sendero sumamente riesgoso y doloroso, como lo demuestra sobradamente la historia de la región.
REFERENCIAS
Almagro, J. E. (2023, 9 de marzo). “Las cifras detrás de Bukele: ¿ha mejorado la seguridad en El Salvador? ¿Y su economía?”. Libre Mercado: Economía, bolsa y finanzas. https://www.libremercado.com/2023-03-09/las-cifras-detras-de-bukele-ha-mejorado-la-seguridad-en-el-salvador-y-su-economia-6993766/.
Redacción ContraPunto El Salvador. (2023, 17 de noviembre). CID Gallup: Presidente Nayib Bukele goza de un 92 % de aprobación en El Salvador. ContraPunto El Salvador. https://www.contrapunto.com.sv/cid-gallup-presidente-nayib-bukele-goza-de-un-92-de-aprobacion-en-el-salvador/.
Redacción France 24. (2024, 30 de enero). Claves para entender el “efecto Bukele” en América Latina. France 24 – Noticias y actualidad internacional en vivo. https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20240130-claves-para-entender-el-efecto-bukele-en-américa-latina.
