Estaba en el aula de la asignatura de Hacienda Pública de mi pregrado de Administración de Empresas; de repente presencié como el docente titular: economista y exrector del alma máter pública, desinformaba a los estudiantes con respecto a aumentar la deuda externa del país, con el objetivo de incrementar el gasto público, “invirtiendo” así en diversos programas sociales, dentro de los que promovía la nefasta renta básica. Este señor es uno de los miles de ejemplos de los falsos académicos –militantes de la izquierda colombiana al servicio de la “educación de calidad”–, que se oponen al aumento de impuestos, como si el costo de los “programas sociales” y los intereses de la deuda externa que promueven aumentar, fueran a pagarse solos.
Y es claro que la experiencia desafortunada que tuve, para muchos compañeros fue una tarde más de “enseñanza”, donde se inculca, en el día a día, la forma de alimentar gigantescos Estados paquidérmicos y amorfos, cómo si no revisaran los actuales casos de países como Argentina; además, sin generar debates de qué manera financiarlos sin afectar su competitividad ¡Todo un clásico!
La materia pretendía instruir a un alumno de pregrado sobre el funcionamiento del Estado, los gastos que tienen vía la operación de la planta de personal, instalaciones, maquinaria, entre otros; y los gastos de inversión, que van destinados a hacerle más cómoda la vida a los ciudadanos. Sin embargo, cuando se habla de ingresos, se obvia el impacto del monto per cápita, generando un pasivo sin sujeto determinado, una apreciación a la ligera ¡Que lo financie otro!
EL COMÚN DENOMINADOR
Por ello, es evidente observar en redes sociales y en la interacción con amigos, familiares y conocidos; una cultura de visualizarnos un aparato estatal muy grande, capaz de intervenir la economía de todos los ciudadanos y “gestarla”; aunque obviando la conversación más terrible que existe ¡financiarla! Sí, impuestos, la mano del Estado dentro de tu bolsillo cobrándote la carretera por la cual transitas, los colegios y universidades oficiales, el sistema de salud pública, entre otros; todo un robo legalmente establecido.
Pero, la terrible conversación, cuando ya la jaqueca sube al pensar que aportas a la salud pública de la cantidad de idiotas que no se cuidan a sí mismos, de la cantidad de vagos que no estudian, de la cantidad de imbéciles que ocupan cargos públicos sin meritocracia, surge algo peor: los subsidios.
Esos bonos erogados a favor de los menos favorecidos por padecer enfermedades congénitas que les dificultan desarrollar su proyecto de vida por sí solos, todo un acto de solidaridad y altruismo; sin embargo, luego nos topamos con los cheques a los flojos –sí, es un medio sin censura, se vale decirlo–, los que les da pereza resolver la vida por sí mismos y no cuentan con un sugar daddy o sugar mommy que les patrocine su vagancia.
EL MUNDO IDEAL DE DISNEY
Todo lo anterior llamado Estado de bienestar, pero, y cuál es la diferencia con el mismo, implementado en países como Canadá, Noruega y Finlandia: países con fuertes economías de mercado, con eficiente manejo fiscal –poca corrupción– y, sobre todo, una cultura de creación de riqueza, es decir, un ciudadano que se ve a sí mismo como un actor de reparto que produce y no un parásito que espera que se le resuelva la vida; y si la producción va apoyada en la productividad del servicio prestado, un puesto de corbata en una oficina estatal no te hace productivo, te hace un enmermelado.
Esa cultura de generación de riqueza dicta mucho del caso latinoamericano, y Colombia no es ajeno a ello, con una población que tiende a trabajar solamente si tiene todas las condiciones de estar consentidas por ley, y no de destacar para que el mercado dé las condiciones de comodidad para aquellos que día a día se lo ganan con su labor.
¿Y EL PADRINO?
Endeudarnos para darle vivienda, títulos universitarios, instalaciones médicas óptimas, obras públicas y miles y miles de empleos para que “supuestamente” funcione el aparato estatal; Ahora… ¿Quién se hace cargo? Recargamos al empresario para que se desincentive y lleve su capital a otro país, o mejor endeudamos las generaciones futuras quien sabe hasta cuándo, las dos primeras opciones que surgen en la mentalidad del colombiano común, pero jamás que deben pagarlo, de manera directa o indirecta, a través de la renta –los que si trabajan– o pagando de manera burda casi 20% por todo lo que compre, entre muchas otras modalidades.
Entonces surgen diversas voces aludiendo que, los empresarios no se van a ir, que en países del primer mundo la tasa de tributación es similar o superior; pero a esas voces les hace falta un poco la clases de Negocios internacionales e Introducción a las inversiones. Traer el capital al tercer mundo, implica el riesgo de un mercado que no cuenta con una seguridad jurídica adecuada para garantizar la inversión, no sólo que no expropien mi patrimonio, sino que mantengan las reglas de juego y que el mercado sea libre, no una rosca de vivarachos que se cartelizan para llevarse el premio gordo; por ende, sin utilidades lo suficientemente altas, no hay interés de nada.
LA ACLARACIÓN
Con mis anteriores líneas, los mononeuronales simpatizantes de ideas de izquierda, y los bobos útiles de los caudillos que han gobernado el país en los últimos 20 años, pensarán que defiendo el actual proyecto de reforma tributaria promovida desde el gobierno central debido a la desfinanciación del Estado tras el desplome abrupto de la economía después del caprichoso maratón de confinamientos y restricciones a las actividades económicas. Pero, solamente ilustro la situación de pretender un Estado de bienestar sin entender que debe ser financiado.
Y la deuda externa seguirá creciendo hasta niveles que dañen la excelente calificación de Colombia en los últimos 60 años, cuando ya no puedan ser sufragados los crecientes intereses –de acuerdo al monto– puntualmente como requieren los plazos, hasta un nivel terrible de una economía víctima de los despilfarradores.
APRECIACIONES FINALES
Se debe sentar en el país una conversación responsable sobre la dinámica que progresivamente se adoptará para reducir el gasto público sin –de momento– tocar los rubros de inversión, debido a la dependencia que se tiene en la dinamización de la economía. Con ello, cabe aclarar que estamos en desacuerdo con los pseudo-intelectuales que dicen ser eruditos en economía y que, irresponsablemente, piden a la ligera liquidar dependencias públicas e instituciones, sin prever el impacto que tendría la cantidad gigantesca de funcionarios públicos que al removerse de sus puestos de trabajo, generarán diversos procesos judiciales que afectarían en mayor medida las arcas públicas –lo anterior, por el garantismo laboral del régimen de servidor público–.
La conversación deberá prever las reformas estructuras que modernizarán el modelo de Estado colombiano y su lenta etapa de dieta, donde poco a poco se reubiquen y eliminen cargos de trabajo innecesarios y con funciones duplicadas, se digitalicen los procesos y se diseñen mecanismos efectivos para reducir la corrupción.
