Gústele a quien le guste, creo que Gustavo Petro será el próximo presidente de Colombia. Hastiados de “los mismos con las mismas” –realidad condimentada con una desbordada explosión demográfica en la base de la pirámide social que jalona el in crescendo en los índices de descontento–, los colombianos de a pie votarán por las promesas redentoras y el paraíso prometido de su flautista de Hamelin.
NOTA:
La primera parte de esta entrega puede leerla AQUÍ.
Salta a la vista el hecho de que a las masas poco les interesa ir al fondo y al trasfondo de las propuestas mesiánicas de Petro y se soslaya con solo escuchar sus cantos de sirena. A los seguidores del candidato del “todo vale”, muy poco les importa el escándalo que ha desatado la reunión de su hermano con políticos corruptos en una cárcel capitalina para ofrecerles “perdón social” o el video de antaño donde se le ve a él recibiendo dinero en una bolsa.
De ahí que, en un intento fútil por abrirle los ojos a los votantes cautivos del caudillo populista, enfilaré mi pluma cual adarga para desnudar la incoherencia de algunas de las propuestas económicas que enarbolan el candidato del Pacto Histórico y su errática fórmula vicepresidencial. Detrás de muchas de estas ideas –algunas, vulgar copia de estrepitosos fracasos en otros países–, están versados catedráticos en economía, pero con muy pocos pergaminos y experiencia en la empresa pública o privada, como Luis Fernando Medina, Ricardo Bonilla o Diego Guevara.
Entender el modelo económico que Petro se imagina para Colombia es fundamental, como quiera que sus promesas, especialmente en lo social, deben tener un soporte fiscal que las haga plausibles. Este es uno de los principales puntos de ruptura entre uno y otro bloque de sus propuestas adanistas. Entonces, ¿de dónde saldrá el dinero para financiar tanta belleza?
¿PROPUESTAS DELIRANTES?
Petro ha manifestado al electorado que su gobierno privilegiará el agro sobre los demás sectores productivos. Lo que no ha dicho es que un país con vocación agrícola exige necesariamente la modernización de los sistemas de producción de este renglón de la economía. Dicho en otras palabras, pasar de los cultivos de pancoger, minifundistas y hasta latifundistas, que ni siquiera suplen la demanda interna, a la industrialización de cultivos tradicionales como el arroz, la papa o el mismo aguacate –que tanto lo trasnocha–, claro está, al mejor estilo de los cuestionados palmicultores.
Aquí tendría un primer encontrón con la comunidad medioambientalista criolla, pues esta producción a gran escala demanda el uso de fuentes de energía no limpias como el carbón, el gas y el petróleo y sus derivados, sin dejar de mencionar la afectación de acuíferos. Solo así se le sacaría provecho a los Tratados de Libre Comercio (TLC) que tanto incomodan a muchos activistas –a quienes les recuerdo que estos son de doble vía–, a tono con su idea de “insertar a Colombia en los mercados mundiales sobre una base más diversificada”. Si queremos dejar de importar productos básicos de la canasta familiar y pasar a ser exportadores, la industrialización del campo es la única salida que tiene Petro para hacer realidad este apartado de su programa de gobierno.
Este tema me conduce necesariamente al de la producción petrolera. Si bien los asesores de Petro sostienen que la narrativa sobre esta temática ha sido mal interpretada, el candidato de la Colombia Humana ha sostenido con vehemencia en los mass media y en la plaza pública que el primer día de su mandato cerraría Ecopetrol si esta no da un viraje de 180 grados, es decir, que acabe con la exploración, explotación y exportación de petróleo. Un verdadero seppuku económico para un país en el que los hidrocarburos aportan el 3,3% del PIB y más cuando el petróleo representa el 40% de lo que Colombia le vende al mundo.
Pero hay dos aristas oscuras de la propuesta de Petro que muy pocos han abordado.
En primer lugar, está el impacto social de una medida extrema de esta naturaleza. Según la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), este sector genera alrededor de 120 mil empleos directos, en labores propias de exploración y producción del recurso, y unos 600 mil indirectos. La idea preocupa a ingenieros de petróleos como David Contreras Pulgarín, un amigo y vecino, quien deriva el sustento de su familia del ejercicio de su profesión.
En segundo lugar, apagar Ecopetrol generaría un alza desmesurada en los precios de la gasolina y el ACPM (aceite combustible para motores), afectando el bolsillo de todos los colombianos y prácticamente paralizando a todo un país. A propósito de la propuesta, ¿qué estarán pensando al respecto las directivas y los miembros de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO)?
Ahora bien, algo que Petro y sus asesores desconocen es que Ecopetrol ya viene trabajando en proyectos de generación de energías limpias de cara a una transición energética sostenible y renovable, como los parques eólicos. Pero no nos llamemos a engaños y no nos digamos mentiras: ni siquiera en los mal llamados países del primer mundo la sostenibilidad energética deriva de estas fuentes no tradicionales.
Sus ideas sobre política monetaria tampoco son del todo claras. Si bien concuerdo con la necesidad de despolitizar la dirección del Banco de la República, el camino no es hacer del emisor la caja menor del huésped de la Casa de Nariño. Sorprende la ignorancia del candidato cuando propone emitir más billetes para financiar las arcas del Estado sin ningún respaldo, repitiendo un craso error ya visto en un país vecino.
A pesar de que la politiquería también ha permeado al emisor, históricamente su junta directiva ha instaurado directrices serias en aspectos sensibles como las tasas de interés y la devaluación del peso frente a otras monedas más fuertes, manteniendo a la economía colombiana en un estado de salud estable y que otros países del hemisferio envidian.
Los postulados sobre la democratización de la propiedad son igualmente confusos y generan dudas e incertidumbre. De este acápite surgen propuestas impopulares como la nacionalización de los fondos privados de pensión para sufragar gastos de educación y otros recurrentes del Estado, y el incremento máximo del impuesto predial para desincentivar a los propietarios de inmuebles y tierras que, sin ningún estudio técnico, él y sus asesores consideran bienes improductivos.
Una alcaldada en tal sentido –entendiendo que “democratizar” no es más que el uso de un eufemismo para no hablar en forma directa de enajenación o expropiación– afectaría a un considerable número de colombianos de los estratos tres y cuatro, es decir, el gran colchón de la clase media. Esto se traduce en tomar arbitrariamente el ahorro que miles de trabajadores han dispuesto para sobrellevar sus años dorados y afectar el patrimonio de otros ciudadanos que, con el esfuerzo de su trabajo, han comprado una casa, un apartamento o un local para ofrecerlos en arriendo y así mejorar la economía familiar, o bien han levantado dos o tres pisos en sus predios con el lleno de los requisitos de ley, adecuándolos con similar propósito.
El sector de la construcción –que, según Camacol, generó en 2021 poco más de cuatro millones de puestos de trabajo directos e indirectos– entraría igualmente en recesión si se disparan los precios del predial. Los colombianos dejarían de comprar inmuebles nuevos o de invertir en este reglón económico.
Del mismo modo preocupan otras propuestas relacionadas con las políticas públicas que él adoptaría en materia de comercio exterior. El asunto del incremento de aranceles para frenar la importación de bienes como las confecciones y los alimentos conlleva un efecto bumerán. Creo que Petro no conoce ni la tercera ley de Newton ni la del Talión. Resulta muy predecible la probable alza de los precios de estos productos por la ley de la oferta y la demanda, y la necesaria importación de insumos para su factura. Y qué decir de las decisiones que puedan adoptar los países con los cuales se sostiene un intercambio comercial, afectando nuestras exportaciones.
Del tema de impuestos, ni hablar. Un posible gobierno de Petro espera recaudar unos 50 billones de pesos más –entre 5 y 6 puntos del PIB– grabando la renta y los dividendos. Para ello dice tener en la mira a cuatro mil colombianos que viven en opulencia. El gran problema es que sus cifras no tienen un sustento técnico y quizás lo lleve a meterse con el bolsillo de otro tanto de colombianos a los que, sin el menor rubor, también graduaría de ricos.
Ante tan evidente cisma, lo único que puedo decirle al candidato Petro es que un país no se reconfigura destruyendo sus instituciones, desapareciéndolas de un plumazo o refundando la patria a punta de caprichos posiblemente convertidos en decretos. Para recomponerlas o transformarlas con miras a su eficacia, eficiencia y efectividad, existe aquello que los ingenieros industriales bautizaron como reingeniería de procesos ¡Así de simple!
