Seré franco: este será un análisis muy liviano sobre el coste que tendrá el Proyecto de Reforma a la Salud del actual Gobierno de Gustavo Petro en Colombia, el cual se encuentra en su segundo debate en el Congreso Nacional. Liviano, aclaro, mas no inexistente, como los soportes de viabilidad financiera que debería proporcionar el Ministerio de Hacienda antes de surtir los debates.
¿DE QUÉ VA EL PROYECTO?
El Proyecto de Ley “Por medio del cual se transforma el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones”, radicado en Cámara de Representantes el 13 febrero de 2023 por la exministra Carolina Corcho, a grandes rasgos busca trasladar la administración de los aportes parafiscales de los cotizantes y subsidios del Gobierno nacional, desde el actual sistema con características de seguro o póliza en manos de Empresas Prestadoras de Salud, hacía Instituciones de Salud del Estado. En pocas palabras, busca una estatización del sistema.
Respecto a temas que involucran la calidad del servicio, tales como los programas de medicina preventiva y la atención a través de médicos familiares, no nos pronunciaremos, toda vez que, al ser un proyecto de reforma estatutario, deberá tener alcance con leyes orgánicas o específicas en cada aspecto contemplado dentro de la Reforma.
¿CUÁNTO DICE LA REFORMA?
A decir verdad, ninguna entidad pública o privada podría dar estimaciones reales, debido a que dependerá de factores como: crecimiento poblacional, mejorías o desmejoras en hábitos alimenticios de la población, cultura de autocuidado y prevención de aspectos patógenos, avances en investigación de la medicina –como universalidad– que doten de eficiencia la atención y cuidados en cada afectación médica, aparición de nuevas enfermedades a niveles endémicos o pandémicos, entre otros.
No obstante, el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana nos estima el coste de estatizar la administración de los recursos para la salud:
(…) el costo fiscal de la reforma al sistema de salud sería de aproximadamente COP$ 114 billones a 2033. Este costo fiscal, descompuesto en costos directos y contingentes, muestra la disponibilidad presupuestal para adquirir y/o ajustar la infraestructura, física, tecnológica y humana, que requerirá el nuevo sistema de salud; (…)
Por su parte, el Diario La República nos desglosa un poco los costes estimados por año de la transición de una administración privada de los recursos hacía una estatal:
(…) el costo fiscal de la reforma para 2024 será de COP$ 9,04 billones, para 2025 de COP$ 9,36 billones, para 2026 de COP$ 12,31 billones, para 2027 de COP$ 11,24 billones, para 2028 de COP$ 11,92 billones, para 2029 de COP$ 12,17 billones, para 2030 de COP$ 11,66 billones, para 2032 de COP$ 11,75 billones, para 2032 de COP$ 11,75 billones y para 2033 de COP$ 12,79 billones.
Adicional, las ponencias sobre la Reforma, tal como lo revela Infobae, no cuentan con un concepto de viabilidad financiera del Ministerio de Hacienda:
La ponente de la reforma a la salud Martha Alfonso despertó polémica al asegurar que la reforma a la salud no requería un concepto del Ministerio de Hacienda sobre la viabilidad financiera. […] La representante del Pacto Histórico que tiene la función de explicar la iniciativa señaló durante el debate en la Cámara: “La reforma no tiene hoy un concepto de viabilidad financiera del Ministerio de Hacienda, porque no creemos que lo requiera”.
El panorama es claro: se está debatiendo un proyecto de reforma de un servicio público esencial como la salud sin tener claro cuánto nos costará a los contribuyentes. Podríamos caer en futuros impagos a la deuda externa, a las pensiones, a los giros a los municipios desde los Gobiernos centrales, al pago de los servidores públicos, y demás, dado que nadie sabe si esto pondrá en riesgo las finanzas nacionales.
¿Y SI LO COMPARAMOS CON SISTEMAS SIMILARES?
Seguramente los académicos y consultores que se encuentran a favor de estatizar el manejo de los recursos del sistema de salud calificarán la siguiente analogía de incompleta, o inconducente o inexacta. Pero ante la improvisación del Gobierno, no nos queda de otra que improvisar en los análisis con las cifras existentes.
En 2022, el FOMAG (Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) destinó los siguientes recursos para proveer el servicio de salud a sus casi treinta y ocho mil (38.000) afiliados:
| PAGOS GLOBALES AUTORIZADOS POR LA GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD en la Vigencia enero-diciembre de 2022 | |
| REGIÓN | PAGO GLOBAL |
| Región 1 – UNIÓN TEMPORAL TOLIHUILA | COP$ 120.625.328.833 |
| Región 2 – COSMITET LTDA., CORPORACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS INTERNACIONALES THEM Y CIA. LTDA. | COP$ 197.328.239.121 |
| Región 3 – UNIÓN TEMPORAL SALUDSUR 2 | COP$ 117.226.947.172 |
| Región 4 – UNIÓN TEMPORAL MEDISALUD | COP$ 120.980.438.291 |
| Región 5 – UNIÓN TEMPORAL DEL NORTE, REGIÓN CINCO | COP$ 219.436.917.463 |
| Región 6 – ORGANIZACIÓN CLÍNICA GENERAL DEL NORTE S.A. | COP$ 203.184.249.841 |
| Región 7 – TEMPORAL UT RED INTEGRADA FOSCAL & CUB | COP$ 241.693.021.094 |
| Región 8 – REDVITAL UT | COP$ 265.678.895.246 |
| Región 9 – COSMITET LTDA., CORPORACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS INTERNACIONALES THEM Y CIA. LTDA. | COP$ 134.234.094.823 |
| Región 10 – UNIÓN TEMPORAL SERVISALUD SAN JOSÉ | COP$ 343.059.005.429 |
| TOTAL | COP$ 1.963.447.137.313 |
Si trasladamos aritméticamente cada uno de los 37.959 afiliados del Régimen Especial de Salud del Magisterio (antiguo Régimen prestacional de maestros y educadores escolares donde se ubican pensionados y empleados activos que calificaron hasta su transición al régimen ordinario previsto por la Ley 100 de 1993, además de sus beneficiarios) a los COP$ 1.963.447.137.313 totales, nos arroja un gasto anual por afiliado de COP$ 51.725.471. ¡De locos!
Ahora, si tomamos a Sura, la más grande y eficiente aseguradora en salud del sistema, que cuenta con 5,1 millones de afiliados según su Informe Anual 2022 y cuyos ingresos anuales por prestación de servicios de salud (aportes en salud de cotizantes y aportes del Gobierno a través del ADRES para usuarios del régimen subsidiado) son de COP$ 8.015.458.844.000 de acuerdo con los Estados Financieros 2022 de EPS Suramericana S.A., un gasto anual por afiliado es de aproximadamente COP$ 1.571.659.
Tomando de referencia el manejo de recursos que tiene el costo por afiliado de un sistema privado con características de asegurador, y el de un sistema público como es el del régimen especial de educadores, tenemos costes de cerca 30 veces mayores de un sistema a otro, todo sin entrar al debate de que sistema ofrece mejores servicios. Se puede decir que el servicio público estatal es peor que el privado.
¿En qué cabeza se expone un Proyecto de Ley de Reforma al Sistema de Salud colombiano que busca estatizar el manejo de recursos sin un concepto de viabilidad financiera y un modelo que nos diga que no va a costarnos a los contribuyentes 30 veces más, tal y como se comparan a los servicios de salud para el FOMAG con los de EPS Sura?
