El Presidente Lasso, poco más de un mes atrás, determinó ir a muerte cruzada, figura que consta en nuestra normativa y que le permite al Primer Mandatario disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones anticipadas para elegir Presidente, Vicepresidente y los 137 asambleístas. Pese a que desde hace meses se hablaba de esta posibilidad, se le descartaba. Ahora bien, ante esta nueva realidad política que vivirá el país durante los próximos meses, los ciudadanos se plantean varios interrogantes: ¿cuál es el camino por seguir para el Gobierno?, ¿Qué implicaciones, especialmente económicas, tiene para nuestro país?, ¿el Gobierno podrá realizar las transformaciones que aspiraba desde inicios de su mandato?, ¿cómo se enfrentarán las principales preocupaciones ciudadanas, tales como la inseguridad, el desempleo, entre otras? Indudablemente, existe una diversidad de respuestas y opiniones que se irán dilucidando a medidas que avancemos en el año, pues la incertidumbre es lo que definitivamente prima hoy por hoy en el Ecuador.
La Asamblea Nacional quedó disuelta, aunque a decir verdad, poco o nada aportaba a la estabilidad democrática, pues desde hace muchos años dejó de representar los intereses de la población; solamente continuaba un libreto partidista y torpedeaba conscientemente las iniciativas que de cualquier cargo ejecutivo u otro estamento de la sociedad se promovían. Incluso, su nivel de aprobación era menor al 10%, dejando ver el sinsabor de la sociedad en general hacia este poder del Estado. A pesar de que ocho (8) de cada diez (10) ecuatorianos estaban de acuerdo con la medida tomada por el Presidente, esa “felicidad” no durará mucho, pues es muy probable que algunos de estos “representantes” vuelvan a sus curules en el próximo proceso electoral.
El Gobierno Nacional durante estos meses emitirá decretos-ley en materia económica con el carácter de urgente para que en 30 días sean resueltos por la Corte Constitucional (CC). Durante las primeras semanas, después de lo acontecido, se remitieron dos (2) decretos (reforma tributaria y zonas francas), mismos que siguen su curso legal a la espera del pronunciamiento –apegado a derecho– de la CC. Si la traba era la Asamblea –a decir del Ejecutivo–, en estos meses deberá concretar cambios que generen estímulos –al menos en el corto plazo– para la economía. Sin embargo, ¿serán suficientes estos meses para tranquilizar a los mercados y cambiar la negativa percepción externa que se tiene de nuestro país? Honestamente, no.
En estos tiempos, la zozobra está más presente que nunca, puesto que no solo se trata de elecciones anticipadas, sino también del Gobierno de transición que vendrá, así como el que saldrá electo en 2025, lo que extiende el compás de espera en la inversión extranjera directa, manteniendo el riesgo país elevado (cercano a los 2,000 puntos, trayendo consigo que no podamos acceder a mercados internacionales) y ralentizando la economía doméstica. Si a eso le agregamos una consulta popular que se celebrará sobre dejar de explotar petróleo en el Campo ITT, lo que provocaría dejar de contar anualmente con cerca de 1,200 millones de dólares anuales en ingresos petroleros, vamos hacia un desequilibrio fiscal mucho más difícil de solventar.
La decisión de muerte cruzada –tardía por cierto– lleva a replantear el escenario político y económico del país, pues hay más factores que contribuyen a la incertidumbre, como son el comportamiento del precio del petróleo, el próximo fenómeno del niño, el poco crecimiento de las exportaciones no tradicionales, la desaceleración de la recaudación tributaria, y demás, que ahondan las preocupaciones respecto al Ecuador.
