Nota:
Esta es la última entrega de un especial dedicado a develar las intenciones de la izquierda colombiana y de sus más representativos partidos-movimientos políticos. Para poder comprenderla mejor, es recomendable leer las siete anteriores:
Para nadie es un secreto que, si hay temas que cautivan a la juventud, estos son el medio ambiente y la invitación a “paz y amor”, algo que dista mucho con los hechos de sus exponentes principales.
El Partido Alianza Verde busca consolidarse como invitación directa a la ciudadanía de una sociedad perfecta, un progresismo de “avanzada” que nos llevará a todos y todas –utilizando ese lenguaje inclusivo que pregonan– a una nación con excelente modales –aquella que vandalizó Bogotá en su derecho a la “legítima protesta” por los hechos de violencia policiva presentados en el caso Ordoñez–, a la supremacía intelectual –o más bien de pseudointelectual–, al respeto de todas las libertades de la personalidad –aunque sean colectivistas a ultranza y eso genere una disyunción con la verdadera idea de la libertad personal– y sobre todo, a una economía eco-amigable –aunque no han presentado una agenda programática seria al respecto y que sea viable económicamente–.
POLÍTICAS DE DESARROLLO SOSTENIBLES SIN PROMOCIÓN AL DESARROLLO
El Partido Alianza Verde es miembro activo de Global Greens –una agrupación internacional de distintos partidos con ejes programáticos principales de carácter ecológico–. Desde su fundación en el año 2009 tal como lo conocemos, ha procurado por promocionar distintas políticas que posibiliten un desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático, todo ello en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Sin embargo, desde el año 2010, primer año donde tuvieron representación en el Congreso de la República, y tras ocho años de legislaturas, sólo han sido presentado 20 proyectos de ley con componente medioambiental, siendo los más mediáticos: Protección a las abejas, Impuesto a las bolsas plásticas, Ley del árbol, Control de emisiones contaminantes del aire, uno que buscaba la prohibición de glifosato, y seis proyectos de ley de medios de transporte sostenibles.
En la mayoría de estos proyectos se promueve por una protección al medioambiente como medida para el cambio climático, pero ninguno propende una armonía entre el desarrollo y la sostenibilidad ambiental, es decir, políticas que el sector productivo y la ciudadanía en general solamente implementaría con motivaciones altruistas, pero no porque realmente representen alternativas sostenibles reales a la cotidianidad actual.
Por citar un ejemplo, a corte de la elaboración del presente artículo, existe un temor por la incertidumbre de la creciente demanda energética nacional, la cual estaba prevista a ser cubierta por el proyecto de la filial de EPM: Hidroituango, el cual tuvo complicaciones en su construcción y operación de la capacidad instalada planeada. El partido ambientalista más importante del país ha participado de diversos debates de control político por presuntas irregularidades en la contratación del proyecto, pero no ha radicado ningún proyecto de ley que promueva la generación de energías limpias, así como su financiación por parte de la ciudadanía en general o beneficios fiscales por su uso.
UN CONCEPTO EXTRAÑO DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
El Partido Alianza Verde, subsiguiente al eje medioambiental –su eje principal–, ha propendido por la lucha anticorrupción. Por ello abanderó iniciativas como la “Consulta Anticorrupción” y el uso de una emplea cazatalentos para la contratación de personal en la Alcaldía de Bogotá de Claudia López, la cual evitaría el tráfico de influencias habitual en las entidades públicas colombianas.
La mencionada contratación mediante una selección objetiva y tercerizada; fue señalada de un “populismo y saludo a la bandera” por el diario El Tiempo en el artículo Adriana Córdoba es la nueva secretaria de Planeación:
“Adriana Córdoba es la nueva secretaria de Planeación de Bogotá. Así lo dio a conocer la alcaldesa electa Claudia López. (…)
(…) Adriana Córdoba es esposa de Antanas Mockus y tuvo especial cercanía con Claudia López durante la campaña a la Alcaldía. (…)”
El excandidato presidencial en 2018 y exgobernador de Antioquia: Sergio Fajardo, no ha sido ajeno a presuntos actos de corrupción por malos manejos en contratación de proyectos durante su gobernación. Al respecto, el diario El Tiempo en la nota periodística Contraloría de Antioquia embargó dos inmuebles de Sergio Fajardo, mencionó:
“Los embargos se hacen dentro de un proceso de investigación por presuntos sobrecostos en el equipamiento y construcción de estaciones de Policía en varios municipios de Antioquia.
El valor de los sobrecostos investigados es de 1.902.989.057 millones de pesos y según indicó la Contraloría General de Antioquia en el auto 018 del 18 de julio de este año, los embargos se harán hasta que el valor de los bienes iguale el valor investigado. (…)”
En la ciudad de Santiago de Cali, el Partido Alianza Verde ha otorgado un gigantesco respaldo a Jorge Iván Ospina Gómez, actual alcalde, exsenador (2014-2018) y exalcalde (2008-2011), el cual ha estado inmiscuido en escándalos por presuntos actos de corrupción. El diario El País publicó en su nota Imputan cargos a Jorge Iván Ospina por millonario contrato cuando era alcalde de Cali:
“Por presuntas irregularidades en la firma de un millonario contrato de publicidad cuando era alcalde de Cali, la Fiscalía le imputó cargos en primera instancia al exmandatario local Jorge Iván Ospina. (…)”
Tras las elecciones legislativas de 2018, el segundo senador más votado del país: Antanas Mockus, referencia en cultura ciudadana y todo ejemplo de “honestidad”, meses después se conoció la violación al Régimen de Inhabilidades y el Artículo 179 de la Constitución Política. El portal de prensa LA FM en su nota Notifican oficialmente al Congreso la pérdida de la curul de Antanas Mockus, explica el caso:
“(…) La acción fue presentada por el abogado José Manuel Abuchaibe Escolar, quién alegó que Mockus se inscribió como candidato al Senado estando inhabilitado, argumentando una serie de contratos que Corpovisionarios firmó con la Gobernación de Cundinamarca y en el cual aparece el senador como representante legal. (…)”
Durante el periodo de aislamiento obligatorio producto de la pandemia del virus COVID-19, a lo largo del territorio nacional, los portales de noticias realizaron seguimiento a sobrecostos en diferentes alcaldías, gobernaciones e incluso en el gobierno central. Diversos políticos de los partidos de oposición denunciaron y citaron a debate de control político en el Congreso de la República por estos sucesos. La Personería Distrital de Bogotá encontró irregularidades en las contrataciones del Hospital de Campaña Corferias. El diario Publimetro destacó en su noticia Personería abrió investigación por el contrato del hospital de Corferias:
“(…) Se presentaron algunas irregularidades en los costos de los elementos de dotación del hospital de Corferias. «En la plataforma Secop no se observaron antecedentes ni documentos publicados donde se indique que la Subred haya realizado un estudio de mercado, donde se hubiese cerciorado de que los precios ofrecidos por Corferias correspondían a los del mercado, aceptando la propuesta presentada por Corferias», dice el documento de Personería.
La entidad realizó su propia investigación sobre los precios de estos alquileres, y encontró que la propuesta de Corferias de alquilar por 726 millones de pesos los baños y duchas portátiles tendría costos por encima del mercado. Al preguntar con dos proveedores, se halló que la propuesta de Corferias tenía un 20% promedio de precio más alto.
Así mismo, otros implementos médicos y de dotación tuvieron costos elevados respecto a las ofertas comerciales. Instrumentos médicos como laringoscopios, fonendoscopios, tensiómetros, monitores de signos vitales y camillas fueron más costosos que las ofertas comerciales. Los sobrecostos varían entre 8,6% y 81,5% del valor de cada implemento. (…)”
Con lo anterior, se deja en evidencia que ese discurso emotivo de lucha contra la corrupción, transparencia, y promoción de diversos proyectos de ley alusivos; representan simples alocuciones para capitalizar votos y no reflejan la realidad de su praxis política.
LA HABITUAL INCAPACIDAD DE GOBERNAR DE LOS PROGRESISTAS
En el medio de la crisis sanitaria ocasionada por el virus COVID-19 y la gerencia a la curva de contagio, específicamente en la ciudad de Bogotá, el componente de crecimiento extraordinaria de la infraestructura de atención a cuidados intensivos requerido; se vio gravemente afectado por una disputa personal entre la alcaldesa Claudia López y el presidente Iván Duque. Por tanto, la gestión de respiradores con recursos propios y donaciones fue ineficiente por la Alcaldía de la ciudad capital, cometido que tuvo un mejor rendimiento en ciudades como Barranquilla, Medellín, Bucaramanga y Cali.
Además de lo anterior, la gerencia de la crisis incumplió muchas de las medidas anunciadas en las primeras semanas del aislamiento obligatorio. La revista Dinero en su artículo Los terribles errores de Claudia, expuso:
“(…) Toda familia en Bogotá tendrá techo y comida durante el aislamiento.
Hace un mes la alcaldesa hizo este anuncio. Nada más falso. Muchas personas, especialmente en los barrios más humildes de Bogotá la están pasando terriblemente mal. Cientos de ciudadanos han tenido que salir a protestar porque tienen hambre. Otros han puesto banderas rojas en las ventanas y puertas de sus hogares. La pobreza y el hambre son realidades en Bogotá, que existen desde mucho antes de la pandemia. Más del 60% de los trabajadores de la ciudad son informales, siendo ellos los primeros damnificados; son personas que no tienen cómo pagar el arriendo, el mercado y los servicios públicos. (…)
(…) Durante un mes vamos a suspender el pago de servicios públicos.
Este fue otro de los anuncios de Claudia López. Al día siguiente de hacerlo, se echó para atrás, diciendo que el presidente Duque le había dicho que si se suspendía el pago de servicios públicos en Bogotá, tendría que hacerlo en todo el país. Posteriormente el Gobierno nacional expidió el decreto 580 de 2020 que faculta a los mandatarios locales a suspender el pago de los servicios públicos hasta el 31 de diciembre de este año. El alcalde de Pereira así lo hizo, pagando los servicios públicos de los habitantes de estratos 1, 2 y 3 por dos meses. Sin embargo, en Bogotá, nada se ha hecho al respecto. (…)”
Dejando de lado el manejo de la crisis sanitaria del virus COVID-19, y analizando el Plan de Desarrollo que fue diseñado para la capital por su equipo de trabajo, la Contraloría General de la República encontró serias irregularidades en el déficit presupuestaria del que adolecería dicha hoja de ruta, lo cual sería una repercusión directa en los proyectos de la capital y una absoluta violación a todo principio de planeación que se imparte en los pregrados de administración de empresas, administración pública y demás estudios afines. Al respecto, Revista Semana en su artículo “Plan de Claudia López está desfinanciado en 18 billones de pesos”: Contraloría:
“(…) Puntualmente, una de las principales críticas tiene que ver con la estrategia financiera del Plan, tasado en 109 billones de pesos. En el Plan de Desarrollo se muestra un crecimiento de ingresos de 622.467 millones de pesos. La Contraloría afirma que esas proyecciones podrían haber tenido sustento antes del confinamiento que generó la pandemia del coronavirus. Por ese motivo, dicho cálculo hoy no tendría asidero. (…)
(…) «La economía nacional y la de Bogotá están afectadas por una crisis con un horizonte incierto, sin desconocer que el monto calculado parte desfinanciado en $18 billones, que representan el 17 %», sostiene el organismo de control. (…)”
EL PRINCIPIO DE CONFIANZA DE LAS PERSONAS Y LAS INSTITUCIONES UN SALUDO A LA BANDERA
Tras recientes sucesos de la terrible muerte del ciudadano Jorge Ordoñez por parte de unos patrulleros de la policía por irregularidades en el procedimiento de detención, y el detonante de una serie de movilizaciones ciudadanas que protestaron contra la Policía Nacional, la alcaldesa Claudia López, obvió los principio de su partido político en la promoción de la confianza entre las personas y estas y las instituciones, al omitir un pronunciamiento sólido de no violencia en las manifestaciones de los ciudadanos y daño de la propiedad privada y pública. Al contrario, atacó a la institución, la misma con la cual debe tener un trabajo articulado de acuerdo con el Artículo 315 C.N.
La primera autoridad de la ciudad capital eligió mantener una buena imagen política con respecto a su mayor nicho político natural “los jóvenes y estudiantes”, respecto a procurar por el orden público, regular la protesta que se tornó violenta y terminó en daños multimillonarios. Además, ha utilizado su posición de autoridad administrativa para realizar todo tipo de pronunciamientos contra asuntos de competencia de la Presidencia de La República y sus Ministerios, así como diversas instituciones de orden nacional.
PRINCIPALES EXPONENTES
Antanas Mockus
El exrector de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá, exalcalde la capital en dos ocasiones, exsenador, denominado por muchos como el mejor alcalde de la historia de esas ciudad y referente de la promoción a la cultura ciudadana, ha sido un férreo promotor de políticas colectivistas distantes de la responsabilidad individual de la cual por naturaleza deberían procurar todos los ciudadanos; como es el caso de las costosas políticas de educación escolar y universitaria gratuita. Un estatista por excelencia y un intelectual desfasado de la realidad colombiana.
Sergio Fajardo
Exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, conocido públicamente como “tibio”, apodo atribuido a su ingenioso discurso que busca “mojarse” con cualquier postura para evitar perder cualquier elector que diste de los actuales sectores de la política colombiana –socialdemocracia conservadora, y socialdemocracia liberal o socialismo–. Conocido también por promover costosas políticas de educación escolar y universitaria gratuitas, cercano a diseños estatales gigantes.
Jorge Iván Ospina
Exalcalde de Cali, exsenador y actual alcalde de la capital del Valle del Cauca. Egresado de un claustro universitario de Cuba, es un político que cuenta con amplio apoyo en el Valle del Cauca, a pesar de las irregularidades de contrataciones durante su primer periodo como Alcalde de la Capital Mundial de La Salsa. Promotor además, de estructuras estatales de gran tamaño.
Claudia López
Exsenadora y actual alcaldesa de Bogotá, una protagonista de la política colombiana actual, conocida públicamente por sus enérgicas denuncias públicas a cualquier política contraria a la pregonada por su sector político. Promotora de ideología feminista y de género, y promotora de estructuras estatales de gran tamaño y control al ciudadano. Lo último, quedó evidenciado a su irresponsable manejo de la apertura de los sectores económicos tras el aislamiento obligatorio del virus COVID-19.
Detractora de la institucionalidad y oportunista política, lo cual se ha observado en el uso indolente que ha realizado de los ciudadanos muertos en protestas contra la Policía Nacional y el intento de ridiculización al Presidente de La República en un acto público organizado por su alcaldía, hecho que fue resaltado por el portal periodístico de corte de centroizquierda: La Silla Vacía.
Una déspota socialista, tal como mostró en su momento Gustavo Petro en su periodo a cargo de la Capital Nacional. Obsesa de restringir las libertades individuales, de regular al máximo la economía, incendiaria en todos sus declaraciones e incapaz de acercar sectores de la sociedad lejanos.
CONCLUSIÓN
Este partido en sus pilares políticos y activismo público; representa una invitación directa a lo “políticamente correcto”. Por ende, se presenta como una opción a esas juventudes escolar y universitaria, que ve en la formación educativa el único vehículo de progreso del país por encima de la fortaleza al libre mercado que, históricamente ha sido la salida de los países del subdesarrollo.
Promotor férreo de políticas ambientales, que se reconocen como intentos positivos en la lucha contra el cambio climático pero que van en contravía con la necesidad imperante del desarrollo económico. Además de ser un llamado a políticas altruistas y no verdaderas soluciones a problemas aquejados, tal como se mencionó con sus nulos esfuerzos legislativos en una promoción de energías alternativas tras la inminente crisis del sector después de las dificultades presentadas en Hidroituango.
Un partido que afirma ser la lucha contra la corrupción, pero con episodios documentados de tráfico de influencias e irregularidades en contratación pública, de igual manera como los partidos tradicionales.
Una carátula digna de los mejores diseñadores, con un contenido socialista tradicional, capaz de atraer adeptos por sus llamadas “políticas de avanzada” como la promoción al feminismo, al respeto a la diversidad sexual, el ambientalismo, entre otros.
