A menos de un año para finalizar su “mandato”, me queda claro que el mayor legado que dejará Iván Duque es su gran incapacidad para evitar el avance de la izquierda carnívora y totalitaria en Colombia.
Para colmo de males y no contento con dejarnos a merced de las brisas de la revolución progresista, en esta última semana se ha esforzado por terminar de asfixiar los pocos y agonizantes derechos individuales que se respetan en el país.
INCAPAZ DE RESPETAR LA LIBERTAD
Colombia es un país totalmente agresivo hacia los derechos individuales. Desde nuestra Constitución Política, estos están subyugados por el mal llamado “bien común” que goza de una deficiente y maleable definición permitiendo erigir la narrativa tóxica y dominante de “primero el Estado y después el individuo” que controla, en esencia, a todos los políticos y partidos actuales, no siendo Duque la excepción.
Lo anterior, es el sustento por el cual el 3 de noviembre del presente año pudo emitir sin reflexión alguna el Decreto 1408 que, en cortas palabras, implementa la obligatoriedad de la vacuna para poder “disfrutar” del derecho a la libre locomoción y esparcimiento. Un acto atroz que demuestra el talante de Duque –y sus ministros– frente al respeto al derecho humano, natural e inalienable de la libertad.
Dejando de lado el atropello a la libertad y viendo este decreto desde otra arista, con él, se están creando ciudadanos de segunda clase que tendrán marginados sus derechos hasta aceptar –contra su voluntad– la aplicación del biológico, algo muy peligroso que la historia ya ha registrado y evidenciado sus consecuencias. Y si esto no es una acción digna de alguien arbitrario, realmente no sé que lo sea.
No es un mensaje anti-vacunas
Como es natural, no faltara el ausente de inteligencia que confunda mi crítica y señale que yo estoy en contra de las vacunas. Un total absurdo porque ya poseo el esquema completo de vacunación, y no lo hice por presión mediática o gubernamental; fue una decisión meramente personal y que debo recordar no da el poder de ser juez sobre las decisiones ajenas. Además, existe un argumento indiscutible que poco se tiene en consideración y es ¡La vacuna NO evita el contagio! –hasta el momento. Las vacunas son demasiado nuevas para aseverar que dan lo que se denomina inmunidad esterilizante que, en pocas palabras, es evitar el ingreso de la infección al cuerpo; lo que estas sí generan es la inmunidad efectiva, que consiste en evitar que la infección cause efectos graves o letales en el huésped.
Con este hecho –y repito, indiscutible por ahora– el compartir con personas vacunadas no es garantía de no infectarte o morir por COVID-19; recordando un caso famoso, está el de Colin Powell (Q.E.P.D), exsecretario de Estado de los Estados Unidos. La verdadera importancia de la vacunación es que inclina la balanza a nuestro favor y mejora dramáticamente las probabilidades de sobrevivir al contagio sin mayores secuelas.
Así las cosas, considero irresponsables y anticientíficas las declaraciones del ministro del Interior Daniel Palacios, las cuales fueron (fuente AQUÍ):
Las personas no están obligadas a vacunarse, la persona que está obligada a presentar el certificado es quien quiera asistir a estos eventos donde hay asistencia de público y donde quienes han optado por inmunizarse deben encontrar un lugar seguro.
No Sr. Palacios. El único modo que existan “lugares seguros” de COVID-19 es con vacuna de inmunidad esterilizante y que, por ahora, NO EXISTE. Quiero indicar que el decir “existen lugares seguros” implica no solo la falsa esperanza de que ya es posible vivir sin temor al virus, sino que acusa a las personas no-vacunadas de generadores de inseguridad y de la prevalencia del virus en el ambiente ¡No sea irresponsable!
Si quieren saber más, dejo el artículo fuente AQUÍ.
INCAPAZ DE RESPETAR LA PROPIEDAD
Dejando a un lado los temas sanitarios, esta misma semana también salió el decreto de regulación de armas traumáticas. Un adefesio que demuestra que el aparato estatal colombiano y que la posición política de Duque –con sus ministros– es contraria al respeto normal que debe existir en una sociedad sobre la propiedad privada adquirida de manera legal y legítima.
Sin convertir esto en una retahíla aburridora de citas de leyes y más, el problema principal del decreto es que no contempla la justa compensación monetaria que deben tener aquellos ciudadanos que adquirieron dichos artículos de forma legal, en caso de no cumplir con requisitos –imposibles– que exigen para otorgar el porte y/o tenencia. El arma simplemente será retenida por “la autoridad competente” y los aproximadamente setecientos mil pesos que costó ¡estarán perdidos! sin mayores explicaciones; un abuso a toda regla que espero sea demandado o declarado inexequible por la Corte por atentar tan rampantemente contra el otro derecho humano, natural e inalienable de la propiedad privada.
Y es que, a pesar de las normas preexistentes sobre el otro adefesio llamado “monopolio de las armas por parte del Estado” –cosa que solo aplica para las personas respetuosas de la ley– he de señalar que para el momento de la compra, estas no eran susceptibles a esas normas y, pretender que ahora si –solo por plumazo del presidente– demuestra la similitud que tiene Duque con su homólogo venezolano Nicolás Maduro o, peor aún, con Gustavo Petro, ya que es una expropiación lo que está realizando.
SU MAYOR LEGADO
En definitiva, el mayor legado de Iván Duque –porque seguirle diciendo presidente lo considero un despropósito– es su nula capacidad para realizar las acciones necesarias que la naturaleza del cargo exige. Inclusive, irónicamente, no fue siquiera capaz de sobresalir en el eje de seguridad, siendo esta la bandera principal del partido político que lo colocó en la Casa de Nariño.
Duque terminó siendo exactamente lo que sus contradictores señalaron desde el momento uno de su administración y, para desgracia de todos, es ese mismo hecho el que nos está empujando a las fauces de la bestia sangrienta y letal del totalitarismo bolivariano.
