2021 se presentó como un año de alta conflictividad social evidenciada en diferentes acontecimientos como masacres en las cárceles, incautaciones de droga, microtráfico en las calles, sicariatos, robos, entre otros; y el 2022 va en la misma línea. Todo esto trae consigo un clima de inseguridad que tiene a la ciudadanía “confinada”, de cierta manera, porque no desea exponerse a riesgos al momento de salir de su domicilio, algo que meses atrás, llevó al gobierno nacional a declarar un estado de excepción en algunas provincias en aras de controlar la situación. Ahora bien, lo que se vive es el resultado de años de restarle a la Policía Nacional su autoridad a través de la generación de leyes permeables que abrieron oportunidades para que se potenciaran actividades ilícitas a vista y paciencia de los gobiernos anteriores, la aprobación de una normativa que proporcionara la tenencia de pequeñas dosis de drogas –trasladando la gran comercialización hacia la microcomercialización– y la facilidad para que delincuentes puedan obtener su libertad en las cárceles –lo que se vive allí es de otro mundo, de angustia para muchos, de control y liderazgo para otros– y que muestra ahí la existencia de otro “imperio de la ley”; si a eso agregamos el abandono por parte del Ecuador de varios acuerdos o tratados que tenían como lineamiento la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia internacional (por ejemplo, la Base de Manta), vemos como el Estado fue perdiendo su papel en el control de la seguridad. Cabe preguntarse, ¿no se sabía lo que iba a ocurrir? o ¿era una acción deliberada?
Sin duda, los hechos llevan a pensar que fue una acción deliberada que ha acarreado la operación en el país de varios carteles de la droga que usan nuestra posición geográfica, así como nuestras inofensivas leyes, para generar toda una ruta para el desarrollo de actividades ilícitas; también, buscan apoderarse de las cárceles y tecnificar la operación de varios grupos delincuenciales que operan tanto dentro de los “centros de rehabilitación” como en las calles. Si bien ningún país esta libre del mal de la droga, Ecuador se ha convertido en un epicentro continental de esta actividad; de ahí que el accionar de los gobierno nacional y locales, las fuerzas de seguridad y la sociedad en su conjunto debe ser coordinado. Para ello es primordial el desarrollo de un Plan Nacional de Seguridad que de total apoyo a las acciones de las fuerzas del orden.
¿Por qué un policía debe ser judicializado cuando actúa en función de su labor? Precautelando el bienestar de los ciudadanos ante un robo o acción criminal, ¿dónde quedan las leyes que deben protegernos y proteger a los policías? Es por esto que el crimen organizado tiene la valentía para incurrir en delitos; acá es donde se crea la necesidad de realizar una medición del impacto económico y social de la inseguridad, y así determinar la forma de combatir la violencia en sus distintas formas. Conociendo los costos de la inseguridad, las autoridades podrán establecer la cantidad de recursos y el tipo de acciones a realizar, y los actores que deben intervenir desde la sociedad para hacer un frente común de lucha contra la criminalidad.
¿Qué consecuencias han derivado de esta ola de inseguridad? Evidentemente, la primera de ellas es la limitación a nuestra libertad de movilidad por el miedo de ser víctimas del hampa, lo que conlleva a una segunda consecuencia: la disminución de la actividad de consumo de las personas, que afecta directamente a la reactivación económica que necesita desarrollar el país, tanto por la crisis en la que venimos sumergidos desde hace algunos años, como también por las consecuencias de la pandemia del COVID-19; una tercera es el aumento en los costos de las empresas que deben destinar recursos para la protección de sus activos, trayendo consigo un costo de oportunidad importante al tratarse de recursos que pudieron darse para otra finalidad, situación similar que ocurre con las familias que aumentarán su gastos en seguridad para su protección familiar, así como también en el de sus propiedades (vehículos, casas, entre otros); cuarta, la pérdida de confianza en las autoridades que, a pesar de sus acciones para combatir la criminalidad, confirman aún altos índices de inseguridad, sin embargo, es necesario tener presente que lo que se vive actualmente es producto de años de inefectividad de las leyes; y quinta, la imagen de Ecuador se afecta de forma importante, ya que algunos gobiernos han sugerido a sus ciudadanos no visitar el país o ciertas ciudades del mismo para evitar ser víctimas de la inseguridad que se vive, provocando que menos turistas vengan, por ende, menos divisas se reciben, perjudicando la creación de puestos de trabajo en ese sector (recientemente, Guayaquil fue incluida en la posición No. 50 de las ciudades más inseguras del mundo, por ejemplo).
Eh ahí la importancia del enfoque de las soluciones, mismas que deben atacar tanto los problemas coyunturales como estructurales. Para ello, es fundamental lo siguiente:
- Contar con un Plan Nacional de Seguridad que tenga acciones de corto, mediano y largo plazo.
- Identificar los actores desde la sociedad civil que intervendrán.
- Determinar los recursos desde lo público y lo privado con los que se contarán para combatir la inseguridad.
- Desarrollar –y continuar en algunos casos como la provincia del Guayas, por ejemplo– operativos en las ciudades, especialmente en las “zonas calientes”, para limitar el accionar delictivo.
- Reformular leyes que permiten impunidad de los delincuentes.
- Mejorar las condiciones de trabajo de las fuerzas del orden para que los uniformados cuenten con un mayor respaldo.
- Intervenir las cárceles del país para garantizar la desarticulación de los grupos delictivos que operan en su interior.
- Continuar con el apoyo de las Fuerzas Armadas para el combate de la delincuencia.
- Desarrollar cooperación interinstitucional con los estímulos adecuados dirigidos al sector empresarial para ampliar las oportunidades de contratación de los jóvenes, pues la carencia de empleo es un factor que en algunos casos incide en que se opte por alternativas relacionadas al crimen organizado.
- Desarrollar planes de formación ciudadana en ética y valores orientados a niños y jóvenes para mejorar su educación y para que entiendan los riesgos de actuar por fuera de la ley.
Sin duda hay mucho por hacer, y es necesaria la colaboración de todos los actores de la sociedad. El gobierno nacional está actuando de forma decidida, por lo que es importante el apoyo a las iniciativas que emprenda, entendiendo además que el problema se viene suscitando desde varios años atrás por las acciones deliberadas de las autoridades de ese entonces y que la solución no está a la vuelta de la esquina.
