ECUADOR ¿POTENCIA MINERA? | Parte 1

ANTECEDENTES

La minería es una de las actividades más antiguas del Ecuador. Se remonta desde los tiempos previos a la conquista, donde los diferentes metales preciosos eran considerados para la veneración de sus dioses (a través de la alfarería y otras costumbres indígenas) para demostrar su rango o jerarquía en sus comunidades, realizar determinadas transacciones comerciales inherentes al intercambio, entre otras; pero no fue hasta finales del siglo XV que adquirió otra dimensión económica a raíz de la llegada de los españoles, alcanzando una mayor importancia su búsqueda y atesoramiento. Es así como se establecen distintas minas a lo largo del país, en especial, en la región Interandina y en la Amazonía.

Recién a inicios de la República se expide una ley de minería que, si bien fomentaba la actividad, no establecía pautas para la distribución de los recursos provenientes de la explotación, así como tampoco mostraba beneficios a las comunidades cercanas y menos aún las consideraciones relacionadas con la naturaleza; pese a que se expidieron cuerpos legales o reformas a los mismos en los años 1886, 1900, 1937, 1961, 1974 y 1985, no fue hasta el gobierno de 1991 del Dr. Rodrigo Borja donde se declaró como actividad pública y determinaron características para los yacimientos mineros. En 2008 se expidió el Mandato Minero en función de que la recientemente aprobada Constitución otorgaba derechos a la naturaleza; dicho mandato extinguió las concesiones mineras que no contaban con estudios de impacto ambiental o que en la fase de exploración encontraba que no hubieran realizado inversiones (Aillón, 2016).

Para 2009 se expide otra ley minera en aras de fomentar las inversiones en el sector y atraer capitales debido al potencial minero que tiene el país, reflejado en sus importantes reservas de oro, plata y cobre, entre otros productos; pero esta normativa legal ha dejado algunos vacíos en lo relacionado a consultas que deben realizarse a las comunidades cercanas, además de otros aspectos que diversas regulaciones expedidas en años posteriores han intentado subsanar.

Ecuador tiene una larga tradición de pequeña minería –artesanal en muchos casos– que ha contribuido al desarrollo de los sectores aledaños donde se realiza la exploración y explotación por el impacto económico –especialmente– en la creación de puestos de trabajos directos e indirectos, aunque en repetidas ocasiones no en el nivel esperado, pero si ha permitido la recaudación de tributos para el Estado. En cambio, la actividad ilegal ha mermado no solo recursos al Estado que le competen al ser actividades no registradas, sino que también ha traído consigo una serie de problemáticas sociales alrededor de estos asentamientos como son inseguridad, violencia, narcotráfico, invasión de tierras, movilidad irregular de personas, desarrollo de variadas actividades ilícitas, entre otros; por ejemplo, lo sucedido en la zona de Zaruma meses atrás, deja ver la inacción de las autoridades respecto al limitado control que ejercen sobre esta actividad, quedando impávidos antes socavones que ocurrieron y afectaron a los bienes patrimoniales del lugar, y más aún, la vida de los ciudadanos de esta población.

Por ello, es importante desarrollar una actividad minera legal en torno a proyectos de alta envergadura que garanticen la llegada de inversión extranjera directa, pero con el menor impacto posible a la naturaleza a través del uso de adecuadas tecnologías, ya que el crecimiento económico del sector y del país en general no puede ser a costa del sacrificio de los recursos naturales; sino, estaríamos hipotecando el futuro de las generaciones venideras en beneficio de las actuales. De ahí que debe impulsarse la coordinación entre las empresas privadas dispuestas a invertir, y las acciones gubernamentales y de las comunidades que se beneficiarán, eso sí, hay que desterrar las preocupaciones que puedan tener estas últimas haciéndolas partícipes en todas las fases que conlleva el proceso productivo.

La adecuada articulación permitirá aprovechar el potencial minero que tiene Ecuador, algo que lo podría ubicar en un sitial de interés en el mercado internacional, así como también podríamos iniciar –al fin– una etapa productiva post-petrolera, puesto que las reservas identificadas de minerales garantizan 30 años de producción hasta 2052 (considerando solo tres concesiones mineras que se encuentran en fase de explotación y nueve proyectos que actualmente están en fase de exploración), superando con creces a las reservas petroleras y contando así con el tiempo suficiente para preparar el país hacia una nueva economía.

ESCENARIO ACTIVO

Según un estudio realizado por (Grupo Spurrier, 2022) se estiman reservas de 37,1 millones de onzas de oro, 45.449 millones de libras de cobre, 177,7 millones de onzas de plata y 129 millones de libras de zinc. A continuación, se observa la estimación de reservas mineras y la fase en que se encuentran:

Este nivel de reservas en el caso de explotarse –principalmente, las nueve que están en fase de exploración– generaría un importante flujo de inversiones y exportaciones. En el primer caso, la mayor cuantía se da al momento de establecer las condiciones para la puesta en marcha del proyecto, que normalmente es entre el 70 y el 80% de la inversión y que requiere una mina en esa etapa; la diferencia es durante la operación que varía entre 20 a 30 años de vida útil según cada mina. En la siguiente tabla se observa la relación entre la inversión extranjera directa recibida en la minería versus la total.

La distribución del flujo de IED durante 2020 muestra que países como España dirigieron la mayor parte de su inversión al sector construcción (USD$ 178,1 millones); Canadá, China y Chile a explotación de minas y canteras (USD$ 344,6 millones); Alemania, Inglaterra y los Estados Unidos a servicios prestados a empresas (USD$ 179,7 millones); y Suiza a industria manufacturera (USD$ 20,3 millones). Los datos de IED a noviembre de 2021 señalaban un monto cercano a los 500 millones de dólares; la caída con respecto a 2020 se debe a la ausencia de nuevos proyectos mineros para invertir, por lo que se esperan 1.200 millones para 2022 y similar cantidad para 2023. En los siguientes años, las proyecciones que realiza el Grupo Spurrier establece cifras de 3.400 millones de dólares (2024), 4.700 millones de dólares (2025), 2.100 millones de dólares (2026), 1.300 millones de dólares (2027), y 650 millones de dólares aproximadamente en 2028, 2029 y 2030.

Los picos de inversión se deben al desarrollo de infraestructura del proyecto minero, siendo Canadá el principal inversor en el país en la actividad de minas y canteras en 2020, el cual, a través de sus empresas, concentró el 61,5% de la IED del sector representando el 97,7% de la IED total de ese país en el Ecuador, tal como se observa en la siguiente figura:

Por otro lado, las exportaciones de productos mineros pasaron de representar en 2020 el 7% del total de las exportaciones no petroleras a 11,6% en 2021 (los productos mineros se ubican como el cuarto producto de exportación y el tercer producto respecto a exportaciones no petroleras detrás del banano y el camarón).

Se observa el importante incremento, pues se pasó de 353 millones de dólares por concepto de exportaciones en 2016, a 272 millones de dólares en 2017, 282 millones de dólares en 2018, 326,4 millones de dólares en 2019, 1.050,6 millones de dólares en 2020 y 2.091,2 millones de dólares en 2021, es decir, un incremento de 492,41% en el período 2016-2021 del volumen de exportaciones FOB. Las estimaciones señalan que para el 2022 las exportaciones de productos mineros podrían ubicarse en 2.000 millones de dólares, en 2023 serían de 2.300 millones de dólares, y en los años 2024 y 2025 llegarían a 4.500 millones de dólares por año; en 2026 serían de 6.200 millones de dólares y en 2027 de 7.600, mientras que de 2028 a 2030 podrían ubicarse por encima de los USD$ 9.000 por año.

Sin duda, una mayor recepción de IED y el aumento de exportaciones de productos mineros repercutirá en un incremento de ingresos tributarios derivados de esta actividad, ya que de representar 50 millones de dólares en el 2016, pasó a ubicarse en 353 millones de dólares al cierre de 2021, constituyendo el 2,5% de la recaudación total de tributos en dicho año; la tendencia indica que podría llegar a duplicarse en los próximos tres años su representación con respecto al total de ingresos tributarios, alcanzando cerca de 500 millones de dólares para el 2023 y los 2.300 millones de dólares para el 2030 acorde a estimaciones del Grupo Spurrier.

Cabe reiterar que los niveles de inversión extranjera directa, el volumen de exportaciones y los ingresos tributarios que podrían alcanzarse son considerados en los tres proyectos en fase de explotación (Mirador, Fruta del Norte y Río Blanco) y los nueve que se encuentran en las distintas fases de exploración (Loma Larga, Cascabel, Ruta del Cobre, Panantza, Llurimagua, Cangrejos, Cóndor, Curipamba y La Plata) en lo denominado como escenario activo, es decir, que avancen en su proceso de exploración y posterior explotación. Un ejemplo puntual, es la localidad de Yantzaza en la provincia de Zamora Chinchipe, donde se ubica la mina Fruta del Norte, que según sus estudios cuenta con 5,4 millones de onzas de oro de reserva y una vida útil proyectada de 14 años, misma que al inicio de sus operaciones de exploraciones generaba 7 millones de dólares en 2015, pasando a generar cerca de 65 millones en ingresos tributarios para el 2021, lo que significa que, mientras que el crecimiento promedio de la recaudación tributaria en el país era del 5% aproximadamente, en esta localidad el incremento anual promedio de la recaudación tributaria era del 66%.

Otros beneficios tangibles de desarrollar estas operaciones mineras se refleja en las regalías direccionadas a la inversión social, las cuales bordearían los 7 mil millones de dólares; la creación de empleos tanto directos e indirectos sería de cerca de 500 mil plazas a partir de 2027. Dicha actividad podría llegar a representar dentro de los próximos 5 años entre el 20% y 25% del PIB de las provincias donde se encuentran los proyectos. El empleo generado crecería entre 4 y 5 veces más en la actividad minera respecto a la creación de empleo en el Ecuador; mismo efecto sucedería con las remuneraciones que podrían estar entre 2 a 3 veces por encima de la remuneración promedio en la economía. En gran medida este efecto positivo se debe a los encadenamientos productivos que crearía en las comunidades donde se asienten los proyectos mineros, impactando entre 20 a 30 actividades productivas adicionales tales como: explotación de minas y canteras (sector primario), productos de madera, construcción, sustancias químicas básicas, abonos y plásticos; cemento, y artículos de hormigón y piedra; energía eléctrica; maquinarias y equipos; industrias manufactureras; metales comunes y derivados; productos de caucho; productos refinados de petróleo y de otros (sector secundario); actividades inmobiliarias, administración pública y defensa; captación, y depuración y distribución de agua; carreras profesionales, técnicas y administrativas; alojamiento; comercio; mercados financieros; mercados postales y de correo; asociaciones, y esparcimientos culturales y deportivos; salud; transporte y almacenamiento; comunicaciones e información; y alimentos y bebidas (sector terciario).

A saber, (Monash, 2022) señala respecto a la Mina Fruta del Norte (FDN) ubicada en la localidad de Yantzaza en la provincia de Zamora Chinchipe y su impacto en la economía nacional; verbigracia, en el 2021, las ventas comerciales de ocho (8) provincias del país ya superaban los niveles pre-pandemia y la provincia que lideraba la recuperación era Zamora Chinchipe gracias a la actividad minera.

Asimismo, la mina FDN es capaz de generar recursos fiscales a nivel nacional de 1.300 a 1.500 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 130 millones de dólares se reinvertirían en el cantón, contribuyendo con cerca de 40 millones de impuestos directos al Municipio de esa localidad. Se observa, entonces, que el impacto de la actividad minera en la economía ecuatoriana está reflejado en exportaciones, inversiones, recaudación tributaria, encadenamientos productivos y creación de empleos directos e indirectos; en sí, un aumento del PIB.

En todo caso, es importante desarrollar esta actividad económica pues trae beneficios al país como:

1. Generación de empleos directos e indirectos, tanto por la contratación de personas de las comunidades aledañas a las minas, así como también, por los encadenamientos que se realizan con otros sectores como la provisión de servicios de alojamiento, alimentación, entre otros; esto a su vez conlleva que mejoren los salarios de los involucrados en las actividades, así también el aumento de la formalidad les permitirá ser parte de la seguridad social.
2. Aumento de recaudación tributaria y generación de regalías para el Estado. Es importante que estos nuevos ingresos se reinviertan especialmente en las comunidades.
3. Desarrollo de nuevos oficios relacionados con la actividad, que al finalizar luego de varios años la vida útil de la mina se pueda laborar en otros sectores de la economía gracias a las competencias, conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas, trayendo consigo un mejor posicionamiento laboral.
4. Fomento de la educación de tercer nivel que ya ocurrió hace más de 20 años cuando llegó la telefonía celular al país y nuestros profesionales solo trabajaban con las redes fijas y debieron aprender en el proceso sobre redes móviles, lo que conducirá al desarrollo de carreras técnicas, tecnológicas y universitarias vinculadas con la minería, y por ende, la creación de centros de estudios cercanos a las zonas de explotación.
5. Inversión en infraestructura en las comunidades, puesto que las minas al ubicarse en zonas rurales, generan un impacto positivo en la construcción de carreteras, puentes y otros.
6. Potenciación del emprendimiento local a través del aumento del consumo de productos elaborados por los miembros de las comunidades circundantes.
7. Se contrarresta la minería ilegal que ha perjudicado a los ecosistemas donde se asientan, dado que los proyectos mineros se licitan a las empresas con una importante trayectoria evidenciada en inversiones y en el manejo ambiental, permitiendo así una explotación adecuada y responsable.

Pero no todo es color de rosa para la actividad minera, pues la misma enfrenta desafíos importantes; uno de los principales es la oposición de muchas comunidades que la señalan como una actividad contaminante, cuando realmente deben direccionarse los señalamientos a la minería ilegal. Sin duda la participación de las comunidades es vital para el desarrollo adecuado de la actividad, de ahí la inclusión de sus pobladores en el proceso de exploración y explotación de los proyectos mineros, de manera tal que potenciales consultas previas que se realicen tomen en cuenta a todas las partes involucradas adecuadamente informadas. Hay que tener presente que la actividad ilegal de la minería está asociada a la inseguridad ciudadana y a una variedad importante de delitos de toda índole, volviendo esas zonas “localidades fallidas” donde no hay respeto a las leyes y autoridades, y en las ocasiones que se han logrado desmantelar ha sido con el uso de la fuerza pública. 

En el informe elaborado por (Grupo Spurrier, 2022) indicaron además que otras dificultades que enfrentan es respecto al Catastro Minero, del cual es fundamental su reapertura para continuar impulsando y desarrollando los proyectos mineros; de no lograrse, se corre el riesgo que en el futuro no se inicien nuevos proyectos, deteniendo la actividad y perjudicando la seguridad jurídica. De igual manera, destacan la importancia de no trabar el proceso de concesión de las minas, definiendo por ejemplo el alcance de las funciones del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, así como también de la Contraloría del Estado. Finalmente, el informe agrega también que deben evaluarse los plazos a la actividad, pues cada proyecto minero tiene sus particularidades en función de las características geológicas del sector donde se ubique, la relación con las comunidades y el acceso a capitales en los mercados internacionales que permitirán el financiamiento del proyecto; a lo anterior, hay sectores que agregan la afectación al paisaje de la zona derivado del desarrollo de la infraestructura del proyecto, por ello la importancia que los estudios de impacto ambiental sean coherentes con las zonas de influencia para reducir la problemática relacionada.

En la siguiente entrega de este artículo hablaré sobre el Escenario Pasivo.

REFERENCIAS

Aillón Vásconez, M. I. (11 de diciembre 11 de 2016). Historia de las normas mineras en Ecuador. Recuperado el 30 de mayo de 2022 de: https://www.pbplaw.com/es/historia-de-las-normas-mineras-en-ecuador/.

Banco Central del Ecuador. (2022). Boletín BCE, Informe de inversión extranjera directa. BCE (Quito Ecuador).

Geologiaweb: Blog de Geología, sus ramas y aplicaciones. (2022). 10 Ventajas y Desventajas de la Minería en el Ecuador 2022. Recuperado el 30 de mayo de 2022 de: https://geologiaweb.com/mineria/ventajas-desventajas-mineria-ecuador/.

Grupo Spurrier. (2022). Importancia actual y futura de la industria minera en el Ecuador. Cámara de Minería del Ecuador (Guayaquil Ecuador).

Monash, N. (2022). Impacto Económico de la Mina Fruta del Norte. Lundin Gold (Quito Ecuador).

Sandoval, F. (2001). La pequeña minería en el Ecuador. International Institute for Environment and Development.